¿Fin de la propiedad privada?

La ley contra el acaparamiento de alimentos, primer instrumento legal dictado por el presidente Hugo Chávez en el marco de las atribuciones que le otorgó la Asamblea Nacional, es la última de una serie de medidas que viene ejecutando el gobierno para asumir la administración y control del aparato industrial que opera en el país, incluyendo los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, gas e hidrocarburos, que fueron estatizados con el inicio del tercer mandato.

La nueva legislación declara "de utilidad pública" todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios.

Además, permite a los Consejos Comunales, a través de un Comité de Contraloría Social, tomar medidas de ocupación temporal, comiso, cierre temporal y todas aquellas que sean necesarias para "garantizar el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata".

Dos frigoríficos fueron intervenidos una semana después de aprobado el decreto del ejecutivo. Uno ubicado en el estado de Barinas, lugar de nacimiento del mandatario venezolano, y otro en Zulia, estado fronterizo con Colombia. Al comentar la ocupación temporal de ambos establecimientos, Chávez aseguró que frigoríficos, mataderos y hasta hatos están en la mira del ejecutivo nacional. Su administración ahora será "compartida" entre el gobierno y la comunidad.

Alarma empresarial

La discrecionalidad plasmada en el instrumento legal que entró en vigencia a partir del 16 de febrero, ha encendido las alarmas del sector industrial y comercial del país.

A propósito de los excesos, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Noel Álvarez, ha considerado injusta la aplicación de la ley. "Deja que cualquier funcionario pueda cerrar un establecimiento de forma arbitraria, ya que quedan en su libre interpretación los conceptos como boicot o acaparamiento", dijo el dirigente empresarial.

Los empresarios aseguran que la ley coloca la actividad privada frente a un escenario complicado. El presidente de la patronal venezolana (Fedecamaras), José Luis Betancourt, pidió una reunión urgente con el gobierno y aseguró "que las políticas restrictivas en el desempeño de la actividad privada, el control de precios, los mecanismos hostiles hacia las empresas y la falta de incentivo a la producción interna han dado como resultado un proceso inflacionario. Un incremento de los costos, lo que afecta la calidad de vida de los venezolanos".

En rueda de prensa ante medios de comunicación nacionales e internacionales, el jefe de Estado aclaró que "la revolución bolivariana no excluye, no prohíbe… No tiene ningún plan para proscribir, prohibir o eliminar la propiedad privada y menos aún la propiedad privada individual, cotidiana, de la familia". Sin embargo, aclaró que "una propiedad privada que atente contra la sociedad debe ser suprimida, debe ser eliminada".

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