Actualizado: 19/10/2017 11:37
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Venezuela, Maduro, Washington

Maduro se va a la guerra

El mandatario venezolano parece cada vez más dispuesto a sustituir el payaso por el verdugo

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Maduro se va a la guerra. Lleva consigo la felicitación de Fidel Castro y el “apoyo incondicional” del gobierno cubano. El presidente venezolano anunció que dirigirá un “ejercicio militar defensivo” y solicitó superpoderes. ¿Pero realmente resuenan los tambores y están a punto los cañones para comenzar el bombardeo?

“He ordenado hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo. Invito a todo el pueblo de Venezuela (...) a apoyar a la fuerza armada y a la milicia nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos. Y que la patria no la toque nadie. ¡Que no la toque la bota yanqui nunca!”, sentenció el mandatario.

Nicolás Maduro dijo que, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, dirigirá “personalmente” la actividad y apuntó que “Venezuela tiene fuerza para defenderse” y que la nación “tiene que estar preparada porque no puede ser jamás Libia ni Irak”.

Maduro no se cansa de acusar al gobierno estadounidense de planes conspirativos, magnicidios y golpes de Estado. Sin embargo, una guerra no está a la vuelta de la esquina, aunque ello no implica que la situación no sea cada vez más peligrosa.

El mandatario venezolano declaró ayer una “emergencia nacional” y pidió al congreso superpoderes en tema de seguridad para enfrentar “agresiones imperialistas” contra su país.

Realmente lo que está golpeando a Venezuela es la inflación, la recesión y el desabastecimiento de productos básicos, y de ello no es culpable EEUU, pero Maduro ha encontrado la fórmula perfecta para intentar desviar la atención de estos problemas. Como en otras ocasiones, no hace más que seguir una vía ya puesta en práctica por La Habana.

Lo que ha permitido al mandatario presentarse a las puertas del campo de batalla fueron las palabras del presidente Barack Obama, al declarar una “emergencia nacional” frente al país sudamericano por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos.

Pero tras la declaración Obama no llamó a las tropas, envió un portaviones a la zona ni desplegó los cohetes. Lo que se anunció fueron sanciones para siete funcionarios venezolanos.

Entre la declaración del presidente estadounidense —el paso más fuerte dado por Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013— y el alcance de las medidas a tomar hay una distancia necesaria de explicar.

Anunciar una emergencia nacional no es ni mucho menos algo cercano a una declaración de guerra de EEUU. Se trata simplemente de un instrumento que le permite al poder ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país. En el caso venezolano las sanciones han sido contra un grupo reducido de funcionarios chavistas.

Lo que hay que entender es que Venezuela —una nación con la que EEUU tiene un fuerte vínculo energético— atraviesa una crisis en aumento que se ha traducido en una escalada de violencia, inseguridad, abuso de los derechos y caos. Ya esta situación ha trascendido los parámetros para considerarlo un problema nacional, y está afectando la región, y bajo esa óptica hay que comprender que Washington lo considere una amenaza para la seguridad de la zona y la suya propia.

Desde su llegada al poder, Maduro ha demostrado día tras día su incapacidad para gobernar, y no hay solución a la vista. Es de esperar incluso que todo avance para mal, y que a estas alturas esté considerando si suspender las elecciones parlamentarias de finales de año.

El presidente venezolano ya ha anunciado que pedirá a la Asamblea Nacional poderes especiales mediante una Ley Habilitante “para enfrentar el imperialismo”.

La ley habilitante es un dispositivo de la Constitución venezolana que permite al jefe de Estado gobernar durante un año por decreto en temas específicos.

Una habilitante debe ser aprobada por la mayoría especial constitucional del 60 % de los diputados del legislativo unicameral. Ese es el porcentaje que dispone, precisamente, el gobierno chavista, cuyos miembros parlamentarios son 99 legisladores sobre 165.

Maduro dispuso de una habilitación legislativa a lo largo de 2014, pero referida a temas de Economía. En este caso, lo que busca es legislar por decreto en torno a asuntos de seguridad nacional y orden público. De esta manera podrá conducir la represión como si gobernara bajo un estado de excepción.

En un proceso que tiene como única razón de existencia el perpetuar en el poder a un reducido grupo, el mecanismo de represión invade todas las esferas de la forma más descarnada. Desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez no han cesado de aumentar la corrupción y el delito. Ello ha continuado con Maduro. Al mismo tiempo, la escasez ha actuado a la vez como fuerza motivadora para el delito y camisa de fuerza que impide el desarrollo de otras actividades.

Además del rol primordial, encaminada a detener la actividad opositora, la represión cumple también la acción y el efecto de distraer el foco de atención sobre los graves problemas económicos que afectan a Venezuela.

Hasta el momento Maduro había sustentado en parte su presencia a través de una farsa cotidiana —amplificada en presentaciones públicas, comparecencias ante las cámaras y discursos inagotables— donde supuestos atentados, conspiraciones e intentos de golpes se repetían casi a diario. Ahora parece dispuesto a que, cada vez más, el verdugo sustituya al payaso.


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