Actualizado: 15/10/2021 16:37
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Bolivia

¿Opositores o terroristas?

Morales intenta descabezar a sus adversarios utilizando acusaciones falsas, dicen los líderes autonomistas.

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Muy torpes deben ser los líderes del autonomista departamento boliviano de Santa Cruz. Según el gobierno de Evo Morales, éstos financiaron al grupo terrorista boliviano-europeo entre cuyas acciones se encuentra el hacer estallar una bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril pasado.

Horas después, tres de esos terroristas fueron liquidados en un hotel de Santa Cruz. El grupo preparaba —también según el gobierno— el asesinato del presidente del país, como parte de un plan secesionista para la región.

La torpeza de los opositores cruceños parecería evidente. Ya el Palacio Quemado había encarcelado en septiembre al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por las acciones que desembocaron en la matanza de más de 20 campesinos. Ello propició la ocupación militar y la instauración del estado de sitio en ese departamento, que quedó bajo control del gobierno central.

Como son torpes, y para ellos no vale aquello de ver las barbas del vecino arder, los opositores de Santa Cruz se dispusieron atléticamente a financiar al grupo "terrorista", sabiendo que iban a ser acusados y que tropas gubernamentales —hasta ahora 1.200 efectivos— iban a ser trasladadas de inmediato al departamento. Y así, en efecto, sucedió.

Era imposible no prever que el golpe de Estado que Morales atribuyó durante tanto tiempo a las prefecturas autonomistas lo intentaría el régimen contra Santa Cruz, como ya había sucedido en Pando.

En realidad, acusar de torpeza a los líderes opositores es una opción demasiado simple.

Hechos y repercusiones

El 16 de abril pasado, un equipo élite de la policía boliviana mató a Eduardo Rózsa Flores (boliviano, con ciudadanía húngara y croata), Magyarosi Árpád (rumano de origen húngaro) y a Michael Martin Dwyer (irlandés). Poco después fueron detenidos Mario Francisco Tádic (boliviano con pasaporte croata) y Elöid Tóazó (húngaro).

De acuerdo con la versión del gobierno, el grupo tenía un plan para asesinar a Evo Morales y separar a Santa Cruz de Bolivia.

Basándose en declaraciones de supuestos testigos, el fiscal Nelson Sosa, encargado del caso, dijo a la prensa que estarían implicados en ese plan el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas; el ex dirigente del Comité Cívico de la región, Branko Marinkovic; el presidente de los empresarios, Pedro Yovio; el dirigente ganadero Guido Nayar, así como el ex general Lucio Áñez, entre otros.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), otros dos detenidos no identificados llegaron a la Fiscalía del Distrito de La Paz con "los ojos vendados con cinta adhesiva (…) y la ropa desgarrada".

Ambos detenidos fueron beneficiados con arresto domiciliario luego de aportar información a favor de las investigaciones, detalló la Agencia de Noticias FIDES. Hay que recordar que en las indagaciones no se aceptó ayuda de la policía de Santa Cruz.

Otro dato en un asunto que se presta a especulaciones es que estos ciudadanos no sólo llegaron a la Fiscalía en las condiciones que describió la CEB, sino que habían sido trasladados por tierra desde Santa Cruz hasta La Paz (1.000 kilómetros) maniatados y con los ojos vendados.

Por otra parte, el responsable de asuntos europeos en la cancillería de Irlanda, Beep Roche, informó que Dwyer, de 24 años, no poseía antecedentes penales.

Roche se mostró sorprendido por el hecho de que en la foto de los tres muertos uno apareciera maniatado.

"Sus manos están claramente atadas por delante. Es algo muy extraño. Si un cuerpo es desplazado, no puedo entender por qué habría que atarle las manos", declaró.

A la cifra de implicados (muy elevada para acciones de este tipo, que requieren discrecionalidad extrema) se sumarían, dijo el fiscal Sosa, "otros 17 extranjeros".

Cualquier observador medianamente objetivo, notaría la ausencia de un mínimo esmero para una acción milimétrica como la preparación de un magnicidio.

Otro grupo terrorista

Algunos días después de las declaraciones anteriores, El Diariodigital publicó una foto en la que aparecen, con postura desfachatada, los presuntos terroristas muertos, con varias armas delante de su mesa.

¿Fueron tan lerdos los líderes de Santa Cruz como para financiar a semejantes sujetos, que regalaban despreocupadamente la prueba de una foto al ejecutivo?

Un dato nada soslayable fue la reciente afirmación del viceministro del Interior boliviano, Marcos Farfán, de que la célula liderada por Eduardo Rózsa no era el único grupo armado que opera en Bolivia, por lo que se investiga la presencia de otro supuesto núcleo, formado por argentinos. ¿A qué grupo entonces pagaron los líderes de Santa Cruz?

Podría parecer suficiente la superficialidad de las acusaciones, pero Farfán sostiene ahora que la "célula argentina" mantuvo contactos con sectores opositores en Santa Cruz y Cobija, en el departamento de Pando.

No pocos creen en Bolivia que el gobierno quiere vincular con el "terrorismo" todo lo que huela a autonomía. Precisamente por este empeño resulta poco creíble el resultado de una investigación policial, según la cual existen pruebas de que los terroristas liquidados en el hotel de Santa Cruz llegaron a disparar sus armas, a pesar de que, en lo que se describió como un espeso tiroteo, no hubo siquiera un herido leve entre la policía.

Otra opinión que puso en solfa la investigación fue la que expresó el opositor Óscar Ortiz, presidente del Senado, quien criticó a la Justicia por, en su opinión, actuar con "superficialidad y con servilismo al gobierno".

Para Ortiz, lo que el gobierno busca es "descabezar liderazgos" de una región "forzando" vínculos "terroristas inverosímiles".

Los opositores acusados responden

Luego de que el empresario cruceño Pedro Yovio dijo que si es citado a declarar acudirá, el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Núñez, criticó al gobierno central por haber convertido a la ciudad de La Paz en un "centro de detención de ciudadanos de los departamentos autónomos".

"El gobierno amedrenta, persigue políticamente, viola la ley y está montando un complot para destruir la institucionalidad democrática de Santa Cruz", cuyo afán de autonomía aprobó el 85% de su población, dijo Núñez. No obstante, subrayó que irá a declarar "para que haya una investigación seria y responsable".

Por su parte, Branko Marinkovic calificó de "montaje" las acusaciones de la Fiscalía. "No nos sorprende (…) que todos aquellos líderes que hemos luchado por las autonomías seamos acusados falsamente", afirmó.

Más allá de las posturas individuales, el Comité Cívico se declaró en emergencia y movilización general de sus afiliados, en tanto se gestiona "la creación de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, para defender a los ciudadanos bolivianos cuya integridad se vea amenazada por el Ejecutivo".

El fondo del problema

Con independencia de la culpabilidad o no de los líderes cruceños, en no pocas ocasiones la Iglesia Católica boliviana ha destacado que la violencia, a la que la autoridad no pone coto, sino que atiza, está en el corazón de lo que ocurre en el país.

No por gusto el vicepresidente de la CEB, monseñor Edmundo Abastoflor, aseveró que la "situación en Bolivia va llevando a tomar la violencia como un recurso fácil".

El ejecutivo que encabeza Morales ha sido incapaz de crear condiciones fructíferas para la negociación con los departamentos autonómicos, y la causa radica en su insistencia en instalar como hegemónicas ideas y prácticas marxistas de las cuales él mismo se ha confesado recientemente partidario.

Morales no acaba de entender que estas ideas no encajan en la historia política ni cultural de Bolivia, y que, mientras más las trate de imponer con la utilización de la fuerza, más ingobernable y violento se le hará el país.


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