Sean realistas, pidan lo posible (I)

“Sean realistas, pidan lo imposible”

Eslogan del Mayo francés, en la estación Censier, 1968

La Spanish Revolution, el movimiento 15-M, horizontal, apartidista, sin líderes visibles (aunque ya comienzan a aparecer algunos portavoces recurrentes), ha inaugurado en Europa la era de las revueltas online en la estela de las ocurridas en el mundo árabe —salvando las enormes distancias entre ambas sociedades, el carácter de las reivindicaciones y la respuesta gubernamental.

Puede aducirse en contra del 15-M que es por momentos caótico, que se mueve a golpe de eslóganes no siempre equipados con una reflexión de fondo, que no ha hallado aún el modo de traducirse en una acción política concreta, o que a la corriente cívica mayoritaria se han sumado corrientes ajenas, como los antisistema adictos a la violencia y que más parecen enemigos del mobiliario urbano.

Pero los argumentos a favor son abrumadores. Una generación que parecía adormilada entre el hedonismo y el desinterés, sale a la calle armada de ideas que, de tan manoseadas, parecen demodé, como la igualdad, el progreso, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas; el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y contra una “dictadura partitocrática” encabezada por el PPSOE, suma de las siglas del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, los que se alternan en el gobierno desde el inicio de la democracia, en un sistema que, en la práctica, ha terminado siendo bipartidista. Reivindican que su existencia anónima es la que produce los bienes y mueve el mundo y proponen una Revolución Ética.

Nadie negará que en buena medida sus reivindicaciones coinciden con los asuntos que más preocupan a la ciudadanía (el paro, la corrupción de la clase política, etc.), lo cual explica su poder de convocatoria demostrado en las manifestaciones multitudinarias que han tomado las calles de todas las grandes ciudades españoles. Incluso muchos políticos tradicionales han reconocido la pertinencia de sus reclamos, aunque atribuyendo siempre esos males al partido contrario.

Si visitamos la página de ¡Democracia Real Ya! encontraremos desgranadas por acápites sus reivindicaciones. En qué medida son viables o pertinentes es algo que vale la pena analizar. De ello dependerá la solvencia del movimiento y su posibilidad de traducirse en acciones concretas

El primer punto se refiere a laeliminación de los privilegios de la clase política: control estricto del cumplimiento de sus funciones, como el que se aplica a cualquier otro trabajador; supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas indispensables para el ejercicio de sus funciones; eliminación de la inmunidad asociada al cargo; imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; reducción de los cargos de libre designación, y publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos antes y después de jurar el cargo.

El hecho de que el 15-M sea un movimiento apartidista no significa que no sea político, razón por la que su juicio sobre la clase política es la primera de sus reivindicaciones, aunque sea la tercera preocupación de los españoles, en orden de importancia. Si partimos de que un político es un servidor público electo por los ciudadanos para que decida, por delegación, en su nombre, es razonable que sus emolumentos, sus obligaciones tributarias, su disfrute de la seguridad social y el cumplimiento de sus obligaciones deberán ser equiparables a los del resto de los asalariados, y, como en cualquier empresa, sus ingresos serán potestad de la junta de accionistas, en este caso, de la junta de electores. Aspirar a que se ajusten por decreto al salario medio es utópico e injusto, dadas las funciones profesionales que se les encargan y los bienes confiados a su custodia. La primera profilaxis de la corrupción es retribuir en justicia el trabajo del funcionario público. Lo segundo es que sean obligatorias las declaraciones de patrimonio antes y después, que deberán ser verificadas por las instituciones competentes y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

En este país se da el contrasentido de que el presidente de los 47 millones de españoles gana 73.486 euros al año, mientras el presidente de los 7,5 millones de catalanes duplica esa cifra. O que siete presidentes de autonomías y los alcaldes de ciudades como Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián ganen más que el Presidente del Gobierno. La razón es que son los propios políticos quienes deciden sus salarios y, en el caso de las comunidades autónomas, que cuentan con esa potestad, hay una escandalosa sobrevaloración de sus merecimientos. Del mismo modo que la defensa o las relaciones exteriores son potestad del gobierno central, creo que debería existir una comisión técnica que dictara un escalafón salarial en estricta proporción con la masa de ciudadanos representados por cada cargo político, reajustable solo de acuerdo al índice del costo de la vida en cada localidad, de modo que el poder adquisitivo de un alcalde de una ciudad de cierto tramo poblacional sea equiparable con el de sus homólogos en todo el país. Y que ello se extendiera a todos los cargos electos. Claro que habría que vencer la resistencia, en primer lugar, de los políticos autonómicos, que defenderán sus salarios en nombre de los fueros comunitarios, confundiendo prebendas propias con derechos de sus ciudadanos. Una medida de esta naturaleza solo será viable de aprobarse en referendo vinculante y que Hacienda vele por su estricto cumplimiento.

La reducción de los cargos de libre designación sería deseable, a los efectos de que solo una pequeña cúpula de cargos políticos rote tras las alecciones, y que la mayoría del aparato esté compuesto por profesionales de probada solvencia que den continuidad al trabajo institucional. No cargos vitalicios, sino sujetos a sus resultados, como cualquier empleado.

En cuanto a la eliminación de la inmunidad asociada al cargo, creo que deberá ser automática en caso de delitos como la corrupción, el abuso de poder o el nepotismo. No en todo aquello que preserva la independencia de los políticos para legislar en conciencia y de acuerdo a los intereses del electorado. En caso contrario, cualquier político podría ser continuamente demandado por empresas o personas afectadas por leyes, decretos o resoluciones de interés general. Los políticos podrían pasar más tiempo en los juzgados que en el parlamento.

La segunda reclamación de los indignados se refiere al desempleo. Proponen el reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral; jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil; bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10 % de contratación temporal; imposibilidad de despidos colectivos en las grandes empresas mientras haya beneficios; fiscalización de esas empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, y restablecimiento del subsidio de 426 € para todos los parados de larga duración.

El desempleo, que asciende al 20,7 % de la población activa, es hoy, con razón, la primera inquietud del ciudadano español. Flexibilizar las jornadas de trabajo y la conciliación laboral es deseable, pero el reparto de trabajo sería nefasto. En Cuba se empleó a doscientos donde se necesitaban cien trabajadores. El resultado: desplome de la productividad y desempleo encubierto. Al cabo, la bancarrota del país y la necesidad de un reajuste drástico. La única solución realista es el crecimiento económico, el fomento de las PYMES y una adecuada política de financiación. No aumentar la edad de jubilación en consonancia con el aumento de la esperanza de vida tampoco creará empleo, sino que gravitará sobre los costes de la seguridad social y obligará a los nuevos trabajadores a cotizar más para sostener la viabilidad del sistema. Seguramente los indignados tampoco estarían dispuestos a cotizar más. La globalización ha provocado un decidido proceso de deslocalización industrial hacia países donde la mano de obra es más barata, lo cual ha beneficiado a los países emergentes. E imponer a las empresas costes laborales desmedidos y rigidez en el sistema de contratación, para proteger al trabajador, puede desprotegerlo totalmente cuando la empresa migre a China. La única solución para conservar un tejido industrial y empresarial es aumentar sustancialmente la productividad y la calificación de la mano de obra, lo único que permitirá transitar decididamente hacia las altas tecnologías. Sin ese cambio, será difícil no ya mantener el subsidio de 426 € para todos los parados de larga duración, sino la viabilidad de todo el sistema de seguridad social.

El siguiente punto se refiere a los servicios públicos de calidad: supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos; contratación de personal sanitario y de profesorado para mejorar esos servicios; reducción del coste de matrícula universitaria; financiación pública de la investigación para garantizar su independencia; transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible; restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades; construcción de carriles bici, y aumento de los recursos para atender a dependientes y desamparados.

En este caso hay una mezcla de propuestas válidas, buenas intenciones sin fundamentos sólidos y alguna que otra utopía peregrina.

En cuanto a la supresión de gastos inútiles y el establecimiento de controles, habría que comenzar por el final: el control independiente de presupuestos y gastos se llama Tribunal de Cuentas, y ya existe, aunque sea, como todo, infinitamente mejorable. Sobre los gastos “útiles” e “inútiles”, lo primero sería definir quién decide qué es útil y qué no. Pero, ciertamente, existen muchas partidas de donde, a primera vista, podrían recortarse gastos y hacer menos gravoso el aparato estatal y los gobiernos locales. Ante todo, el senado, una institución en buena medida redundante con el congreso. Noruega, Suecia y Dinamarca no tienen senado y funcionan perfectamente. Estados Unidos tiene 100 senadores y España, 264. Se podría adelgazar el servicio exterior hasta lo mínimo indispensable para el cumplimiento de sus misiones. Eliminar la pensión vitalicia de diputados, senadores y otros altos cargos. Rebajar las partidas destinadas a sindicatos y partidos políticos, que deberán adelgazar su burocracia parasitaria; a fundaciones peregrinas y decorativas; así como las transferencias a la Iglesia Católica, que deberá “gozar” de las mismas condiciones fiscales que el resto de las entidades del país. Como botón de muestra, se estima que la visita del Papa a Madrid costará 50 millones, sufragado en buena medida por las grandes empresas del Ibex 35, muchas de las cuales son responsables de la crisis, recibieron ayudas a bajo interés y han cerrado sus líneas de crédito a las PYMES y los autónomos. Por otra parte, los gobiernos autonómicos y locales duplican y a veces triplican aparatos administrativos y altos cargos para ofrecer el mismo servicio. Una comisión técnica independiente debería analizar la relación costo/funcionalidad de estos aparatos hipertrofiados y publicar sus resultados, para que el público sepa en qué se (mal)gastan sus impuestos.

Contratar más personal docente y sanitario, así como destinar más recursos a los dependientes y desamparados, dependerá del crecimiento económico, no de la voluntad popular. Reducir de modo generalizado las matrículas, bastante moderadas ya (les asombraría saber lo que cuesta una carrera universitaria en Estados Unidos), sería inviable en una enseñanza ya subvencionada, e injusto. ¿Por qué rebajar por igual la matrícula al hijo del banquero y al del albañil? Para ello existe un sistema de becas para personas de ingresos bajos y por razones de excelencia, que podría extenderse y aumentarse, así como los créditos a bajo interés pagaderos una vez concluidos los estudios. Facilidades y becas para quienes acuden a la universidad a aprender, no para quienes mariposean de facultad en facultad durante diez años, como quien estudia para rector, antes de sacarse un título. Tampoco los costes de las matrículas deberán ser inamovibles. El país deberá subvencionar aquellas disciplinas más necesarias para su crecimiento perspectivo, no aquellas cuyo peso en el desarrollo será secundario.

En cuanto al transporte, no hay objeciones a los carriles bici y la restricción del transporte privado en los cascos urbanos, e incluso limitar el transporte comercial a los horarios de mínima circulación. Pero al hablar de un transporte barato, de calidad y ecológico, deberán explicarse mejor. ¿A qué se refieren? ¿El regreso a la navegación a vela, los carruajes de tracción animal y las sillas de postas? No. Quieren Alta Velocidad a precio de carretón. Yo también. Pero la pregunta es ¿quién lo subvenciona? ¿El Estado? Es decir, nuestros impuestos. De momento, existen abonos subvencionados para jóvenes y mayores. Y podrían concretar sus propuestas. Por ejemplo, que Renfe y las compañías de autobuses hagan un efectivo reajuste de precios entre los días y horarios de más demanda y los de menos, tal como hacen los vuelos de bajo coste. Por el contrario que nuestros tatarabuelos, quienes nacían y morían en veinte kilómetros a la redonda, hoy, por suerte, viajar es un derecho y una práctica habitual, pero no gratuita. Y algo que entronca con el I+D y con el transporte sería la potenciación en España del transporte eléctrico e híbrido. Una apuesta de futuro.

Al hablar de la “financiación pública de la investigación para garantizar su independencia” no queda claro a qué se refieren. ¿Asegurar que el Estado monopolice las patentes? ¿Desestimular al capital privado en sus esfuerzos de I+D?

El porcentaje del PIB español dedicado a I+D fue el año pasado un 1,38, por debajo del 2,01 de la media europea y muy lejos del 3,96 de Finlandia, e incluso del 2,91 de Corea del Sur. España ocupa el puesto 18 entre los 27 de la UE, y según Robert-Jan Smits, encargado de la política de ciencia e innovación de la Unión, “España está en una encrucijada, un momento histórico en el que tiene que elegir si quiere convertirse en una economía basada en el conocimiento —entonces debe invertir drásticamente en I+D— o si continúa en su posición actual, estancándose”. El presupuesto de 2011 en investigación, desarrollo e innovación es de 7.577,07 millones de euros, más 974,62 millones en el sector militar (11,47 % de la inversión civil en I+D). No ha sufrido drásticos recortes, pero es insuficiente, y para colmo de males, la crisis está provocando en España un éxodo de cerebros hacia destinos más promisorios. De modo que limitarse a la “financiación pública de la investigación para garantizar su independencia” es un crimen de futuro, por no decir una estupidez. España tiene que ofrecer todo tipo de incentivos a las empresas de I+D, incluyendo los fiscales, y redireccionar recursos al I+D si no quiere quedar reducida al balneario de Europa.

Dada la extensión de este análisis y la paciencia de los lectores, continuaremos mañana el escrutinio de las reivindicaciones que proponen los indignados.

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