En el umbral del mundo desarrollado

Michelle Bachelet sobrepasó recientemente la marca de los 100 días como presidenta de Chile. Pudiéramos decir que la luna de miel ha llegado a su fin, si no fuera porque la cruda verdad es que ni siquiera ha comenzado.

La oposición conservadora —frustrada con toda razón tras haber perdido cuatro vueltas electorales consecutivamente— ha confrontado a la presidenta desde su primer día en el puesto. El pasado 21 de mayo, al mismo tiempo que ella se dirigía en un discurso al Congreso por primera vez, los estudiantes tomaron las calles en una enorme demostración de protesta, y más tarde declararon una huelga nacional que dejó fuera de las aulas a cerca de 600.000 alumnos.

Inicialmente, Bachelet intentó manejar la crisis permaneciendo a un lado, sin incluirse directamente. Su ministro de Educación hizo exactamente lo mismo, enviando a varios subordinados para que negociaran con los estudiantes. El uso excesivo de la fuerza policial obligó a la presidenta a despedir al jefe de las fuerzas especiales.

Las demandas principales que reivindicaban los estudiantes eran las siguientes: tener pases gratis para el autobús, que no se exigiera el pago de una cuota para los exámenes de matrícula selectivos, jornadas escolares menos extensas y una revisión de los escalafones del sistema educativo, que mantiene a la educación pública en una categoría de cuarta clase.

Aunque la popularidad de la presidenta aún se mantiene firme, con un 56 por ciento, a partir de estos hechos ha habido un descenso de 11 puntos.

Los enormes retos que se avecinan

Lo que está en juego con la presidencia de Bachelet es mucho más que su condición de mujer. Chile se encuentra en los umbrales de poder convertirse en un país desarrollado. Lograr una democracia más receptiva a las demandas de los ciudadanos, reducir el pronunciado abismo de las desigualdades sociales y que se incremente la productividad en la economía, son algunos de los retos más urgentes a los que se enfrenta.

Como candidata a la presidencia, Bachelet prometió un gobierno a favor de los ciudadanos y una mejoría en la movilidad de las clases sociales. Y ahora son los estudiantes quienes la retan en relación con ambas promesas.

Las reformas de mercado y las ganancias en las exportaciones han impulsado el plausible crecimiento económico de Chile. De no haberse dado un crecimiento objetivo, una significativa reducción de los niveles de pobreza y un incremento en el sueldo medio per cápita, este desarrollo logrado hubiera sido imposible de alcanzar. Aun así, la productividad chilena está considerablemente atrasada cuando se compara con la de países con niveles similares de desarrollo, tales como República Checa y Hungría.

Sin un aumento de los índices de crecimiento, la movilidad social será una promesa incumplida. En los exámenes internacionales, solamente el 25 por ciento de los estudiantes chilenos obtiene resultados como el promedio de los de Rusia, Letonia y Malasia.

Más del 80 por ciento de la opinión pública apoyó a los estudiantes, lo que constituye un reflejo de la extendida insatisfacción ciudadana con el estado actual de la educación pública, y la creciente preocupación de la población demuestra que el malestar general no es únicamente una cuestión de justicia social. Sin una calidad educativa más equitativa para todas las clases sociales, Chile no va a trasponer los umbrales del desarrollo, y todos los chilenos resultarán afectados por ello.

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