Actualizado: 17/05/2024 12:58
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Perú-Chile

Otro que escapa

Mientras unos escupen sobre su memoria y otros la aplauden, Fujimori vive en un presidio domiciliario envidiable.

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Desde hace más de un año, Alberto Fujimori se sumó a la lista de ex jefes de Estado que tienen que enfrentar a la justicia por violación de derechos humanos y corrupción, delitos que, por cierto, suelen conjugarse, con énfasis especial entre mandatarios de América Latina.

Pero el ex presidente de Perú ha tenido suerte. Después de un proceso en Chile donde enfrentó 10 causas de corrupción y dos de derechos humanos, recibió hace pocos días la excelente noticia —proporcionada por el juez de primera instancia Orlando Álvarez— donde se rechaza el pedido de extradición que inició el gobierno de Alejandro Toledo, decidido a ponerlo entre rejas.

Después de vivir cinco años amparado en su ciudadanía japonesa, Fujimori llegó a Santiago de Chile en noviembre de 2005, con el propósito de influir de alguna manera en las elecciones de entonces en Perú. Pero apenas pisó el aeropuerto de Santiago fue detenido a petición de Lima, que solicitó luego su extradición.

Pronto comenzaría un juicio que lleva más de un año y del cual, según todo parece indicar, saldrá finalmente victorioso, pues para muchos entendidos la decisión del Tribunal Supremo de la nación austral será mero trámite.

En pro, en contra, abstenciones

Mientras en un lado y otro de la frontera se alude a las presiones numerosas que recayeron sobre Álvarez, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que esto es absolutamente falso, que La Moneda conoció del fallo por la prensa y que el gobierno no comenta y sí respeta las decisiones judiciales. La mandataria dejó claro que lo sucedido no afectará las relaciones con Perú.

Tanto la oposición como la mayoría del Partido Demócrata Cristiano chileno han reiterado la incoherencia entre el discurso interno y el exterior de Bachelet, en cuanto al respeto de los derechos humanos.

Por su parte, Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta, de la cual se culpa a Fujimori, señaló que la decisión fue "un balde de agua fría" encima de la esperanza de dichos familiares, y manifestó desconfianza sobre el fallo del Tribunal Supremo.

"Nosotros cuando viajamos a Chile conversamos con el doctor Álvarez y tenía convencimiento en algunos casos y ahora sale con una decisión totalmente sorprendente", precisó Ortiz, y añadió: "como familiares de las víctimas no formamos parte directa del proceso, pues fue precisamente la Corte Suprema la que nos rechazó".

En una posición diametralmente opuesta a la presunta imparcialidad de La Moneda, el senador socialista Jaime Naranjo afirmó que con la negativa de extradición "se ha instalado un punto negro en la justicia chilena y una vergüenza para el país".

Japón presiona

Círculos diplomáticos, periodistas y observadores en general sostienen que Tokio "presionó fuerte"” a nivel de cancillería para que Fujimori no fuera extraditado. Tampoco pasa por alto que el importante tratado de libre comercio entre Chile y Japón —muy importante para la nación austral— entra en vigor en septiembre próximo.

Tokio se negó reiteradamente a extraditar a Fujimori, y ahora, como guinda de la torta, un partido de derecha lo ha postulado a senador. Pletórico de alegría por el fallo judicial y la nueva posibilidad de acceder a la alta política, el ex mandatario, que ganara prestigio por derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso, prometió dar su vida por el país de los samurais y de sus padres. ¿Y la década, entre 1990 y 2000, en que fue presidente de Perú?


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