Colombia está presente, con frecuencia, en los titulares de la prensa. Estos últimos días se aguardaba la liberación de tres rehenes —dos mujeres y un niño de cuatro años nacido en cautiverio, hijo de una de ellas—, que devino un fracaso del cual se han culpado mutuamente el gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el presidente venezolano Hugo Chávez.

Sin embargo, en esa lista no figuraba Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, secuestrada hace casi seis años, y cuyas pruebas de vida fueron ofrecidas el pasado 30 de noviembre por las FARC. Durante mucho tiempo, todos temimos la peor de las suertes en el caso de Betancourt.

En el camino del progreso

El Plan Colombia, una iniciativa que comenzara en 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana, apoyada en el año 2000 por Estados Unidos, y la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, han rescatado a Colombia de un círculo vicioso de violencia y de menoscabo a la autoridad estatal. Por ejemplo, desde 1999 los homicidios han disminuido en un 40% y los secuestros un 80%. Hoy, el Estado está presente en las 1.099 municipalidades de Colombia. En 1999, estaba ausente en el 30% de ellas.

En noviembre pasado, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó De regreso del abismo: evaluación del progreso en Colombia, 1999- 2007 (http://www.csis.org/colombiareport/), un informe oportuno que debería ser consultado en relación con el debate actual en el Congreso de Estados Unidos sobre el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE UU. Siempre es mejor discutir con los hechos en mano, algo que dicho informe satisface con creces.

No se puede obviar la conclusión del informe, que resalta el impresionante avance de Colombia al reforzar la autoridad estatal, fortalecer el imperio de la ley, aumentar la cantidad y la calidad de sus fuerzas armadas, desmovilizar a los paramilitares, forzar a las FARC a retroceder y, sí, a mejorar la situación de los derechos humanos.

La violencia contra los sindicalistas ha sido una justa preocupación de los congresistas demócratas. El informe De regreso del abismo y nuevos datos obtenidos por la Organización Internacional del Trabajo podrían mitigar en parte esas críticas. Entre 2001 y 2007, el asesinato de sindicalistas decayó de 205 a 24 por año, descenso que se corresponde con la reducción general de asesinatos. El fiscal general creó una unidad especial con tres jueces para enfrentar exclusivamente los homicidios de los sindicalistas y combatir la impunidad.

En la presidencia de Uribe, los avances en la seguridad se han reflejado en un mejor gobierno.

-En el año 1999, casi dos terceras partes de la población colombiana creía que las FARC derrocarían al gobierno. Hoy, menos del 20% lo cree.

-En el año 2006, Colombia fue el segundo país en América Latina en cuanto a la confianza general de los ciudadanos en las instituciones del gobierno.

-El sistema judicial atiende con mayor eficacia las necesidades legales de los colombianos comunes.

-En el año 1999, Transparencia Internacional calificó a Colombia con 2.9 en la escala ascendente de corrupción (1-10). En el año 2006, el país fue evaluado con 3.9, el quinto país mejor en América Latina.

-Los tribunales colombianos prueban su valor en el escándalo de la parapolítica, una referencia a los legisladores y altos funcionarios del gobierno que han sido acusados de establecer lazos con los paramilitares en el pasado.

Buena política interna, ambiente más seguro y precios más altos de las exportaciones, también han colocado a Colombia en la senda del crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y una tasa de desempleo más baja. En el año 2006, la economía creció un 6,8%, la cifra más alta en 28 años. Entre 1999 y 2006, la inflación cayó del 18% al 12%. En junio del año 2007, Standard & Poor's calificó a Colombia en un plano de igualdad con México y Chile, lo que presagia buenos tiempos para la inversión y la confianza.

Todavía hay mucho por hacer

Menos conocida es la historia de Colombia en cuanto a asuntos sociales. Un informe del Banco Mundial del año 2007, observa que el gasto social fue el 40% del presupuesto nacional. En el año 2006, la financiación de programas sociales sobrepasó, tres a uno, los gastos para la defensa. Aunque con cifras aún altas, la pobreza ha disminuido del 55%, en 1999, al 45% en 2006. Los programas de gobierno, como Familias en Acción, han aumentado considerablemente el consumo de alimentos en la población menos privilegiada, han estimulado la asistencia a las escuelas y han disminuido las cifras del trabajo infantil.

Aunque se han alcanzado logros impresionantes, queda mucho por hacer. La Colombia rural, en que viven ciudadanos de origen indígena y africano en su mayoría, es la que más sufre por la pobreza y la violencia. En 2006, cerca de 200.000 personas fueron desplazadas de sus comunidades. La autoridad estatal tiene aún que afianzarse, con eficacia, en muchas zonas. La desigualdad todavía aparece como un mal de los más acentuados en América Latina.

Desafortunadamente, la paz no se avizora pronto. Sin embargo, Colombia vive más en paz y se beneficia más de sus dividendos que lo que nadie imaginó en los finales de la década de los años noventa.

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