El gobierno de Daniel Ortega ha ensanchado viejos problemas de la política nicaragüense, y ha creado otros. Si, por un lado, la oposición lo considera el principal vocero en Centroamérica de la política de Hugo Chávez, por otro, continúa alimentando su fama de corrupto.

Si realmente Ortega no muestra un auténtico esfuerzo en lo que lleva de gestión por acelerar el crecimiento económico y generar políticas que golpeen la pobreza, que abarca casi la mitad de la población (cerca del 15 por ciento vive en la extrema pobreza), en la voluntad por incrementar la democracia interna el gobierno de Ortega tampoco tiene de qué enorgullecerse.

Más allá del nuevo conflicto creado por Managua alrededor de los cohetes antiaéreos Sam-7, que involucra a Bogotá y Washington, y de su defensa de las que el ex diplomático Mauricio Díaz llama "desprestigiadas" FARC colombianas, efectivamente transparencia y democracia siguen siendo dos grandes escollos en la política nicaragüense.

Los acentos necesarios

El famoso pacto que en 1998 firmaron el entonces presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, rearticuló a favor de sus dos partidos (el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC) importantes resortes electorales. Esto aparece en la prensa con mayor frecuencia a tenor de los comicios municipales de 2008.

Dora María Téllez, ex comandante del FSLN y actual dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, afirmó que le preocupa "la pérdida de las libertades en Nicaragua, las lesiones a la democracia y la condición miserable de la mayoría de los nicaragüenses".

Con independencia de esta situación, fuerzas cívicas reclaman que las elecciones municipales de noviembre sean observadas por organismos como Ética y Transparencia (E y T) y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE).

El embajador norteamericano en Managua, Paul Trivelli, criticó hace poco al Consejo Supremo Electoral, que acusa a probables observadores de participar en marchas contra el gobierno. "Yo no veo que esas organizaciones son partidistas", señaló Trivelli.

Tanto directivos de E y T como de IPADE han negado su participación en marchas contra el ejecutivo, organizadas por la sociedad civil en junio y julio de este año.

Como aval, ambas entidades han observado ocho elecciones generales y municipales en los últimos doce años.

Hasta el polémico diputado Freddy Torres, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, dijo a la prensa que en los 14 municipios de la región de Matagalpa —no muy afecta al gobierno— los funcionarios de los Consejos Electorales le han negado a ciudadanos el derecho a "cedularse", con el argumento de que carecen de algún documento.

Junto a la violencia creciente, en Jinotega y otras zonas también se han producido irregularidades en estos y otros sentidos que, por cierto, nada casualmente favorecen al sandinismo.

Ante la prensa extranjera en Managua, Trivelli coincidió con Dora María Téllez y manifestó su preocupación por "la reducción de los espacios democráticos" en Nicaragua durante el gobierno de Daniel Ortega.

El diplomático deslizó la repercusión que esto puede tener en el flujo de la cooperación internacional, algo que "necesita el pueblo nicaragüense para su desarrollo", apuntó.

Flagelo permanente

Si por numerosos delitos de corrupción, Arnoldo Alemán cumple una rara condena de 20 años que le permite andar y desandar toda la geografía de la capital nicaragüense, Daniel Ortega acopió desde su primer mandato inmejorables méritos en cuanto al robo del erario nacional y en cualquier sitio donde se pudiera meter la mano y sacar algo.

No por gusto muchos entendidos prefieren hablar hoy de alianza sandinismo-liberalismo. Para Téllez, el pacto Alemán-Ortega no sólo se repartió los cargos en las instituciones, sino los negocios, contratos, licitaciones, megasalarios, etcétera.

De tal manera, añade la ex comandante, "el gobierno y las instituciones se han transformado en un botín para repartir cargos a la parentela de la pareja presidencial, a Alemán y su círculo inmediato".

No hay que tener mucha imaginación para calcular hasta dónde llega el flagelo. Roberto Courtney, director ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia, sostiene que "la Contraloría General de la República está fomentando la corrupción al cerrar los ojos frente al evidente uso de recursos públicos en actos partidarios del gobernante FSLN".

Calificar de "fiesta nacional" los actos por el aniversario del triunfo de la revolución sandinista —cada mes de julio— es una "justificación (…) para hacerse de la vista gorda" ante los gastos incurridos.

Según Courtney, la extensión de la corruptela no es difícil de explicar: "Cuando el funcionario que estaba a punto de hacer algo malo ve que con una simple explicación (otro funcionario) se saca a la Contraloría del camino, pues para él son excelentes noticias y no va a dudar en cometer algo ilícito en contra de los bienes públicos".

Como no es posible abordar todos los intersticios en que cuela su mano la corrupción, valdría seguir el rumbo de las opiniones de Téllez a la Revista Envío. "Esta corrupción (…) está alimentada por los fondos venezolanos. Estamos hablando de 520 millones de dólares, según declaraciones del Presidente Ortega", precisa la ex comandante.

Y agrega: "¿Dónde está ese dinero? Si ese dinero se usara para pavimentar calles, estaría pavimentado todo el país. Si se usara para construir escuelas, Nicaragua estaría llena de escuelas. ¿Dónde están esos reales, dónde van, quién los administra, cómo se administran? ¿Podemos presumir que hay una robadera? Con todo derecho. ¿Por qué se esconden para administrar ese dinero?".

La ex comandante guerrillera mantuvo hasta hace poco una dramática huelga de hambre de 13 días en contra de la ilegalización para los comicios venideros de su Movimiento Renovador Sandinista y del Partido Conservador.

El ayuno contó con el apoyo y solidaridad de numerosas figuras públicas, entre ellas la ex presidenta Violeta Chamorro.

© cubaencuentro