La ley contra el acaparamiento de alimentos, primer instrumento legal dictado por el presidente Hugo Chávez en el marco de las atribuciones que le otorgó la Asamblea Nacional, es la última de una serie de medidas que viene ejecutando el gobierno para asumir la administración y control del aparato industrial que opera en el país, incluyendo los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, gas e hidrocarburos, que fueron estatizados con el inicio del tercer mandato.

La nueva legislación declara "de utilidad pública" todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios.

Además, permite a los Consejos Comunales, a través de un Comité de Contraloría Social, tomar medidas de ocupación temporal, comiso, cierre temporal y todas aquellas que sean necesarias para "garantizar el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata".

Dos frigoríficos fueron intervenidos una semana después de aprobado el decreto del ejecutivo. Uno ubicado en el estado de Barinas, lugar de nacimiento del mandatario venezolano, y otro en Zulia, estado fronterizo con Colombia. Al comentar la ocupación temporal de ambos establecimientos, Chávez aseguró que frigoríficos, mataderos y hasta hatos están en la mira del ejecutivo nacional. Su administración ahora será "compartida" entre el gobierno y la comunidad.

Alarma empresarial

La discrecionalidad plasmada en el instrumento legal que entró en vigencia a partir del 16 de febrero, ha encendido las alarmas del sector industrial y comercial del país.

A propósito de los excesos, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Noel Álvarez, ha considerado injusta la aplicación de la ley. "Deja que cualquier funcionario pueda cerrar un establecimiento de forma arbitraria, ya que quedan en su libre interpretación los conceptos como boicot o acaparamiento", dijo el dirigente empresarial.

Los empresarios aseguran que la ley coloca la actividad privada frente a un escenario complicado. El presidente de la patronal venezolana (Fedecamaras), José Luis Betancourt, pidió una reunión urgente con el gobierno y aseguró "que las políticas restrictivas en el desempeño de la actividad privada, el control de precios, los mecanismos hostiles hacia las empresas y la falta de incentivo a la producción interna han dado como resultado un proceso inflacionario. Un incremento de los costos, lo que afecta la calidad de vida de los venezolanos".

En rueda de prensa ante medios de comunicación nacionales e internacionales, el jefe de Estado aclaró que "la revolución bolivariana no excluye, no prohíbe… No tiene ningún plan para proscribir, prohibir o eliminar la propiedad privada y menos aún la propiedad privada individual, cotidiana, de la familia". Sin embargo, aclaró que "una propiedad privada que atente contra la sociedad debe ser suprimida, debe ser eliminada".

Control y escasez

El control de precios aplicado a una lista de alimentos, que van desde la carne de res hasta la leche en polvo, ha generado un desequilibrio en el mercado interno que puso en riesgo el abastecimiento de estos productos para su consumo interno durante las primeras semanas del año 2007.

El fin de la competencia entre los productores y la incapacidad del gobierno para cubrir la demanda, ha traído como consecuencia escasez e incertidumbre entre comerciantes y consumidores, que se preguntan hasta dónde puede llegar esta situación.

La gerencia de estadística del Banco Central de Venezuela comprobó con un trabajo de campo que el desabastecimiento de los alimentos sometidos a regulación alcanzaba hasta un 15% promedio y en algunos casos específicos, como las caraotas negras (frijoles), superaba el 85%.

El gobierno ha acusado a los empresarios de acaparadores. Estos se han defendido y aseguran que colocar un precio máximo a un producto, en muchos casos no permite cubrir los costos de fabricación. El vicepresidente Jorge Rodríguez llegó a declarar que el acaparamiento y la especulación son de los delitos más despreciables que se pueda cometer: "No vamos a permitir que eso continúe. ¡Le vamos a dar hasta por el cielo de la boca!", dijo.

En su libro sobre los controles de precios, Vladimir Chelminski, quien fuera director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, explica que el comunismo no acepta la propiedad privada de los medios de producción y distribución, y rechaza la libertad de precios. "Antes que racionar lo que es escaso, a través de sistemas de precios, mucho más atractivo se les hace a los comunistas establecer cartillas de racionamiento".

Mercados en la mira

Durante un recorrido por distintos mercados en Caracas, el ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, vestido de uniforme militar, advirtió que "el que cumpla la ley no tendrá problemas, pero el que se salga de la ley seguramente será desalojado".

La premisa de Caracas para la aprobación del "instrumento contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios", fue la supuesta defensa del derecho a la alimentación.

Sin embargo, con su aplicación ha desencadenado un desbalance en el mercado interno que tendrá que corregir cuanto antes para evitar peores consecuencias, incluyendo los índices de inflación. Estos se ubicaron en un 2% durante el mes de enero, y han superado el 30% en el caso de los alimentos, en los últimos doce meses, pues en este momento la demanda supera con creces la oferta en Venezuela.

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