Por la frontera sur de Estados Unidos cruzan un millón de indocumentados al año. Ya suman once millones. Violaron la frontera y ahora exigen que se respeten sus derechos laborales, civiles, educacionales.

La prensa anglo habla de "invasión mexicana". La prensa hispana protesta por discriminación. La grave situación migratoria ha creado dos bandos irreconciliables: de un lado, empresarios, sindicalistas y las iglesias (Coalición Nacional para la Inmigración), claman por una amnistía; del otro, los que exigen tolerancia cero con los que han violado la Ley.

La propuesta de los senadores republicanos Mel Martínez y Chuck Hagel, que divide a los indocumentados en tres: los que están en EE UU desde hace más de cinco años, los que llevan entre dos y cinco, y los que llegaron hace menos de dos años —una fórmula que era buen término medio y permitiría la legalización de unos siete millones de indocumentados y un programa de trabajadores temporales para el resto—, fue rechazada por la bancada demócrata en un acalorado debate senatorial. La reforma migratoria ha quedado en ascuas hasta después de Semana Santa.

Jim Gilchrist, líder del grupo de guardias civiles Minuteman, dijo que no promoverá una insurrección antiinmigrante en Estados Unidos, pero si ocurre quedará en la conciencia de los legisladores. Dijo también que considera alarmante que una turba de cientos de miles de indocumentados haya salido de las sombras como una horda invasora que exige derechos de ciudadanía, sin obligaciones, responsabilidades y lealtad a Estados Unidos.

En respuesta, cientos de miles de indocumentados vuelven a las calles de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington; gritan en nombre de la raza, ondean al aire banderas mexicanas. Marchan incitados por sacerdotes, pastores, activistas. Las cadenas de televisión y radio hispanas atizan el fuego contra el proyecto de Ley Sensenbrenner (aprobado en diciembre por la Cámara), que autoriza la construcción de un muro en la frontera con México, convierte a los que intenten cruzarla en criminales (hasta ahora es delito civil) y sanciona a quienes les ofrezcan ayuda.

Las marchas se hacen sentir

Ya el Comité Judicial del Senado había rechazado el draconiano proyecto de la Cámara, propuesto legalizar a 1,5 millones de trabajadores agrícolas en cinco años, y crear una Dream Act para dar acceso a las universidades a los hijos de indocumentados, cuando sus medias intenciones fueron rechazadas en el pleno del Senado tanto por demócratas como por republicanos.

El líder de la mayoría republicana, Bill Frist, calificó la frontera sur como "un serio reto a la seguridad nacional" y rechazó el programa de trabajadores temporales porque sonaba a una amnistía.

Desde Nueva York, la senadora Hilary Clinton, rodeada por abogados de inmigración, rechazó oportunamente (las elecciones para el Senado son en noviembre) todos los proyectos que se discuten en el Congreso, incluyendo los de McCain-Kennedy y Martínez-Hagel. De la Ley Sensenbrenner, dijo: "hace que se criminalice al buen samaritano y hasta al propio Jesús".

Las banderas mexicanas en medio de las protestas, provocan que la prensa y la televisión anglosajonas se escandalicen y repitan: "Los que portan banderas mexicanas deberían regresar a México. ¿Tienen derecho los mexicanos a desfilar con banderas mexicanas en nuestras calles? ¿Qué pasaría si cientos de estadounidenses desfilaran por Ciudad México con la bandera de las 50 estrellas?".

EE UU y México comparten una frontera de 2.000 millas. Cada año, un millón y medio intenta cruzarla, cientos mueren de sed, miles son estafados por los coyotes, asaltados por las pandillas, utilizados por los narcotraficantes; pero un millón lo logra, y la cifra de indocumentados crece.

Entre el año 2000 y marzo de 2005 la cifra pasó de 8,4 millones a 11,1 millones. Las capturas han aumentado de 200 mil en 1970 a más de un millón en 2000. Pero los deportan y vuelven. Un 60 por ciento de los que cruzan ilegalmente la frontera son mexicanos, el 22 por ciento del resto de América Latina, principalmente de Centroamérica. El 78 por ciento de los indocumentados en Estados Unidos son de origen hispano. Se instalan en los guetos, se hacinan en un apartamento, y viven con la angustia de ser deportados.

La avalancha migratoria

Muros, helicópteros, radares, equipos infrarrojos y hasta los minuteman, han fracasado en detener la avalancha que viola la frontera sur. Los pobres de Latinoamérica son cada vez más pobres, mientras la demanda de mano de obra crece al norte del río Bravo. En 1994, el Tratado de Libre Comercio convirtió a México en el segundo socio comercial de EE UU (después de Canadá). Pero en México la riqueza es humillante. El mayor fabricante de telenovelas cuenta con diez de los hombres más ricos del planeta y 40 millones de miserables.

El séptimo productor de petróleo exporta hacia EE UU su desempleo y subempleo. La masiva inmigración de mexicanos no va a ser frenada por murallas, mientras en México no haya trabajo para el millón de jóvenes que se suman cada año al mercado laboral. Y Centroamérica es aún más pobre. Para crear nuevos empleos harían falta inversiones. Las políticas populistas, el centralismo y la corrupción alejan a los inversionistas.

Una amnistía general vendría a humanizar el inframundo en que viven los once millones de indocumentados en EE UU, pero "premiaría la violación de las leyes estadounidenses, y en vez de detener la inmigración ilegal la exacerbaría", asegura el senador Bill Frist. Hay antecedentes: la amnistía firmada por Ronald Reagan en 1986 en pocos años disparó la inmigración ilegal a niveles incontrolables.

La inmigración mexicana

La Primera Guerra Mundial y el boom económico de los veinte, trajeron la primera gran migración. La Gran Depresión la paró. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo tanta necesidad de trabajadores, que el Congreso autorizó el programa de Braceros (1942 a 1964). Entraron legalmente 4,6 millones de mexicanos. El programa se cerró porque sindicatos y grupos religiosos protestaron por las malas condiciones laborales.

Desde 1952, la llamada Cláusula de Texas prohibía a las autoridades que persiguieran a los empleadores por contratar indocumentados, y millones de mexicanos aprovecharon para entrar ilegalmente. En 1986, el Congreso concedió una amnistía a 2,8 millones de indocumentados que habían permanecido en el país desde 1982, y a su vez pasó la Ley de Control de la Inmigración (IRCA), que autorizaba multas contra compañías que contrataran a "ilegales". Por un tiempo, la oleada en la frontera sur decayó. Pero de nuevo comenzó a crecer en los noventa, hasta convertirse en una avalancha incontenible.

Algunos estados, como Arizona, han aprobado leyes que criminalizan a los "ilegales", y han situado tropas en la frontera. Sólo interpretan la opinión de sus naturales: "El gobierno ha perdido el control, la frontera sur es un agujero negro por donde campean coyotes, pandillas y carteles de la droga".

Tom Tancredo, presidente del Grupo Parlamentario para la Reforma Migratoria, afirma que los europeos que emigraron a EE UU, a principios del siglo XX, quemaron sus naves y se adaptaron al país adoptivo, pero los mexicanos rechazan la cultura estadounidense y sólo trabajan para enviar dólares a su país.

El Centro de Estudios de Inmigración afirma que "los hogares de ilegales impusieron en 2002 al gobierno federal un costo de más de 26.300 millones de dólares y sólo pagaron 16.000 millones en impuestos, lo que creó un déficit fiscal neto de 10.400 millones de dólares, o 2.700 dólares por cada hogar ilegal".

Un 24 por ciento de los indocumentados se encuentra en California. En 2004, los indocumentados costaron a los californianos 9.000 millones: 7.700 millones en educación y otros 1.400 millones en servicios de salud. Esta cifra no incluye los impuestos que pagan los miles de pequeños negocios sostenidos por mano de obra inmigrante.

¿Es moral utilizar a los inmigrantes y luego deportarlos?

En 2005, las remesas a México sumaron 20.000 millones de dólares, la segunda entrada de divisas de ese país, después de las exportaciones petroleras. El senador Tancredo acusa a México de exacerbar la inmigración como válvula de escape a sus graves problemas económicos y sociales. Pero los agricultores estadounidenses presionan por braceros mexicanos. La senadora demócrata Dianne Feinstein los apoya: "Sólo la agricultura requiere de braceros mexicanos —afirma—. Sin ellos, California sufriría un colapso".

Pero sólo un cuatro por ciento de los indocumentados labora en la agricultura. La mayor parte trabaja en la construcción, manufacturas y servicios. Sin los indocumentados, el boom de la construcción de viviendas se paralizaría. Habría que rediseñar las ciudades de Nueva York, San Francisco y Chicago. Sin estos obreros que trabajan 12 horas sin derecho a quejarse, miles de restaurantes, mercados, florerías y discotecas tendrían que cerrar. Nueva York, la ciudad que no duerme, dormiría. El alcalde Michael Bloomberg lo sabe. De ahí que sea de los que pide residencia legal para los once millones de indocumentados.

Pero no todos los angloparlantes piensan igual. Ya un 20 por ciento de la población de Estados Unidos habla español. Los hispanos comienzan a ganar posiciones en el Senado, en la Cámara de Representantes, en poderosas alcaldías como la de Los Ángeles. Para el 2015 se calcula que habrá en EE UU 100 millones de hispanos. ¿Están dispuestos los angloparlantes a ceder espacios de poder?

"¿Tiene derecho EE UU a detener a los indocumentados aunque paguen impuestos? ¿Es moral utilizar a los inmigrantes y luego deportarlos? ¿Es legitima la autoridad que castiga a los indocumentados?". Le preguntamos al obispo Josú Iriondo, la más alta autoridad hispana de la Iglesia Católica en Nueva York, cuyos sermones atraen más público que un concierto de rock:

"No hay ninguna ley que pueda prohibir a estos inmigrantes llegar aquí—afirma el obispo—. La Tierra es de todos, además, gran parte de América era México. Y, ¿puede una guerra desheredar al campesino de sus tierras? ¿Quién hace que las tierras sean mías o tuyas? Primeramente no tendrían que existir fronteras. Los inmigrantes escapan de sus países porque los hemos dominado en función de nuestra economía. Es el americano el que usa al inmigrante, el que lo explota. ¿Y qué puede hacer el inmigrante? Su necesidad es tan grande, que se agarra hasta de un hierro caliente".

Mientras, en Cancún, se reúnen los presidentes mexicano y norteamericano, Vicente Fox y George Bush, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper: el mexicano prometió "asegurar la frontera con Guatemala", el canadiense sonrió, y el ex gobernador de Texas (que bien sabe de texmex) habló en contra del muro. Los tres se dieron un abrazo presidencial, se tiraron la foto del recuerdo y le dejaron la papa caliente al Congreso estadounidense: ¿tiene EE UU derecho a proteger su frontera?

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