Desde hace más de un año, Alberto Fujimori se sumó a la lista de ex jefes de Estado que tienen que enfrentar a la justicia por violación de derechos humanos y corrupción, delitos que, por cierto, suelen conjugarse, con énfasis especial entre mandatarios de América Latina.

Pero el ex presidente de Perú ha tenido suerte. Después de un proceso en Chile donde enfrentó 10 causas de corrupción y dos de derechos humanos, recibió hace pocos días la excelente noticia —proporcionada por el juez de primera instancia Orlando Álvarez— donde se rechaza el pedido de extradición que inició el gobierno de Alejandro Toledo, decidido a ponerlo entre rejas.

Después de vivir cinco años amparado en su ciudadanía japonesa, Fujimori llegó a Santiago de Chile en noviembre de 2005, con el propósito de influir de alguna manera en las elecciones de entonces en Perú. Pero apenas pisó el aeropuerto de Santiago fue detenido a petición de Lima, que solicitó luego su extradición.

Pronto comenzaría un juicio que lleva más de un año y del cual, según todo parece indicar, saldrá finalmente victorioso, pues para muchos entendidos la decisión del Tribunal Supremo de la nación austral será mero trámite.

En pro, en contra, abstenciones

Mientras en un lado y otro de la frontera se alude a las presiones numerosas que recayeron sobre Álvarez, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que esto es absolutamente falso, que La Moneda conoció del fallo por la prensa y que el gobierno no comenta y sí respeta las decisiones judiciales. La mandataria dejó claro que lo sucedido no afectará las relaciones con Perú.

Tanto la oposición como la mayoría del Partido Demócrata Cristiano chileno han reiterado la incoherencia entre el discurso interno y el exterior de Bachelet, en cuanto al respeto de los derechos humanos.

Por su parte, Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta, de la cual se culpa a Fujimori, señaló que la decisión fue "un balde de agua fría" encima de la esperanza de dichos familiares, y manifestó desconfianza sobre el fallo del Tribunal Supremo.

"Nosotros cuando viajamos a Chile conversamos con el doctor Álvarez y tenía convencimiento en algunos casos y ahora sale con una decisión totalmente sorprendente", precisó Ortiz, y añadió: "como familiares de las víctimas no formamos parte directa del proceso, pues fue precisamente la Corte Suprema la que nos rechazó".

En una posición diametralmente opuesta a la presunta imparcialidad de La Moneda, el senador socialista Jaime Naranjo afirmó que con la negativa de extradición "se ha instalado un punto negro en la justicia chilena y una vergüenza para el país".

Japón presiona

Círculos diplomáticos, periodistas y observadores en general sostienen que Tokio "presionó fuerte"” a nivel de cancillería para que Fujimori no fuera extraditado. Tampoco pasa por alto que el importante tratado de libre comercio entre Chile y Japón —muy importante para la nación austral— entra en vigor en septiembre próximo.

Tokio se negó reiteradamente a extraditar a Fujimori, y ahora, como guinda de la torta, un partido de derecha lo ha postulado a senador. Pletórico de alegría por el fallo judicial y la nueva posibilidad de acceder a la alta política, el ex mandatario, que ganara prestigio por derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso, prometió dar su vida por el país de los samurais y de sus padres. ¿Y la década, entre 1990 y 2000, en que fue presidente de Perú?

La disposición de meterse de lleno en la política japonesa dividió por cierto a sus partidarios en Perú, donde Martha Chávez, ex presidenta del Congreso y representante del fujimorismo, planteó: "nos ha desconcertado a todos", y subrayó que debió "negar con delicadeza el gesto de solidaridad del pueblo japonés". "Su rol está en Perú, así venga a sufrir bajo una justicia llena de odios contra él", fustigó.

Si no falta el que piensa que todo ha acabado para él en Perú, todavía no pocos en las fajas pobres de Lima creen que su postulación es "una bendición de Dios". Coinciden muchos, sin embargo, en la falta de carisma de su hija Keiko, que, no obstante, logró la mayor votación en su candidatura al Congreso. Ella hincha las velas del fujimorismo, pero le falta duende, como diría un poeta.

La irresponsabilidad del gobierno peruano

A las presiones japonesas, el analista Alejandro Guillier agregó presumibles apremios "bajo cuerda" desde Lima, que habría solicitado a La Moneda que interviniera para evitar la extradición. De acuerdo con Gisela Ortiz, el gobierno de Alan García no ha jugado un "papel muy comprometido" en pro de la extradición, y enfatizó que no hay "un discurso claro y público por parte del gobierno".

Según la representante de los familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta, la presencia de Fujimori no conviene a Lima, pues sería "conflictivo, problemático para la gobernabilidad que persigue" García. Coincidiendo con expertos que dan por hecha la cercanía entre el ejecutivo y los seguidores de Fujimori, Ortiz considera que "hay también desde el año pasado un pacto implícito entre el gobierno y los fujimoristas, que están votando conjuntamente todas las leyes en el Congreso".

Al mismo tiempo, "el fujimorismo no ejerce oposición, y todos estos factores influyeron determinantemente para que el gobierno aprista no haya querido impulsar el proceso de extradición como se venía haciendo en el mandato anterior". El ejecutivo peruano ha "jugado un papel irresponsable, y le corresponde parte de la culpa por el resultado en el proceso contra Fujimori", acotó Ortiz, hermana además de un alumno de la Universidad de la Cantuta asesinado en 1992.

Las palabras de esta defensora de los derechos humanos se verifican en las declaraciones pasivas de la ministra peruana de Justicia, quien a pesar de señalar que la resolución era contraria a los intereses del Estado peruano, dijo que respetará, tanto desde ahora como cuando ya estén ejecutoriadas, las decisiones de los jueces chilenos.

Resulta por lo menos curioso que el gobierno se comprometa a respetar la futura decisión judicial (de la Corte Suprema lógicamente), pero lleve a Chile a la Corte Internacional de la Haya por el diferendo fronterizo, cuando todo el mundo sabe que existe un tratado firmado al respecto. El respeto de Lima parece ser sospechosamente selectivo.

A pesar de lo que Gisela Ortiz llama "intervenciones negativas de todo tipo para determinar el resultado final" del proceso, en Perú muchos no pierden la esperanza de llevar a Fujimori a los tribunales. Entre éstos se encuentra Carlos Rivera, jefe del equipo de derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, para quien "la jugarreta del ex mandatario no impedirá a la larga que sea traído al país".

Efectivamente, Fujimori debe ser juzgado en el país donde violó la ley y los derechos humanos desde el máximo poder del Estado, y el mismo destino debe corresponder a todos sus pariguales. Pero Fujimori, mientras unos escupen sobre su memoria en el Palacio de Gobierno y otros la aplauden, vive en un presidio domiciliario realmente envidiable: una impresionante casa en Chicureo, en las afueras de una ciudad de Santiago que ve impasible cómo otro líder político escapa de la justicia.

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