Al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, las cosas no le están saliendo bien. Una encuesta, dada a conocer por el diario El Nacional, indica que el 43% de 2.000 entrevistados considera que la labor de su gobierno es negativa o muy negativa, mientras sólo el 25% la entiende positiva o muy positiva.

Realizada en febrero pasado, pero dada a conocer hace poco, los resultados no sólo impactaron, sino que se sumaron a recientes errores del mandatario, quien enfrenta una oposición que crece tanto por la difícil situación social y económica como por su autoritarismo político.

Es de interés no soslayar que en otro escrutinio, llevado a cabo por Keller & Asociados, el 70% de los participantes consideró que Chávez no debe insistir en su propuesta socialista, "que fue rechazada en el referendo de diciembre pasado", indican informes de prensa. Aquí emergieron cifras casi parejas entre quienes apoyan y rechazan al amigo de los Castro.

Ambas encuestas se conocieron cuando todavía la sociedad venezolana escuchaba los ecos del estrepitoso fracaso de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, mediante la cual se pretendía convertir en "soplones" a buena parte de los venezolanos. Quien se opusiera, recibiría penas de cárcel.

Ante la ferviente oposición de diversos sectores, a Chávez no le quedó otro remedio que derogarla y enviarla nuevamente al Congreso. La ley, considerada como una imitación de la vigilancia implantada en Cuba contra sus propios ciudadanos, tiene aspectos que son "indefendibles", admitió el propio Chávez.

Yon Goicoechea, dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, subrayó que la normativa pretende que los venezolanos se conviertan en "espías" y "chismosos", y agregó que sus compatriotas están "acostumbrados a vivir en libertad", en un país "donde la privacidad de la vida de cada uno de los venezolanos se respete".

El problema mayor

Tanto los resultados de las encuestas como el intento de mantener vigente la legislación de Inteligencia y Contrainteligencia, se producen en un contexto sumamente difícil para Miraflores, el cual tiene que ver con la inhabilitación política de 386 funcionarios públicos que pretenden ser candidatos en las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre, la mayoría opositores. Se les acusa de supuestas irregularidades contra el patrimonio público.

El sondeo de Keller & Asociados refleja, sin embargo, que el 80% de los venezolanos está en desacuerdo con la inhabilitación gestada por la Contraloría General de la República y su titular, Clodosbaldo Russián. Claro que bastan dos dedos de frente para saber que sin el pleno respaldo de Chávez esta arbitrariedad política no existiría.

Sobre la actitud de la Contraloría, el abogado penalista Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que Russián "ha impuesto estas inhabilitaciones para neutralizar y liquidar al adversario político y en definitiva a la disidencia".

De acuerdo con Arteaga, Russián debe saber "algo tan elemental como que la ley suprema es la Constitución" y "aunque un artículo de una ley establezca determinada norma, si eso está en contradicción con la Constitución, se desaplica y se hace cumplir la letra constitucional".

En este mismo sentido, pero con tres meses de antelación, un grupo de juristas solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucionales las inhabilitaciones, por considerar que el contralor no tiene competencia jurídica ni puede imponer sanciones.

Mientras medios de prensa informaban que la Contraloría incrementó el número de inhabilitados, la Plataforma Legislativa Metropolitana del Cambio anunció el inicio de movilizaciones en repudio de la acción a la dependencia pública.

Como prueba de la oposición generalizada contra la medida, hace poco más de una semana más de 3.000 personas, con banderas y pancartas, acompañaron a una comisión que llegó a la sede de la Contraloría General, en la céntrica avenida capitalina Andrés Bello, donde entregó un documento que exige la suspensión de la normativa.

El objetivo principal

En numerosas ocasiones, el amigo de Fidel Castro ha señalado la relevancia de las elecciones regionales de noviembre venidero, luego de la derrota sufrida el pasado 2 de diciembre.

De acuerdo con la guía digital de Venezuela, a Chávez los comicios podrían "significarle la pérdida de las dos terceras partes de las gobernaciones y alcaldías que acumuló después del referendo revocatorio de 2004".

Y lo anterior, añade, "es referirse también al auge y caída de un movimiento político que emergió con la vocación de copar las tres primeras décadas del siglo XXI, y ahora solo aspira, con suerte, a concluir el calendario presidencial que se agotará en el 2013".

La guinda en el pastel de las inhabilitaciones llegó desde Estados Unidos, cuando el candidato presidencial Barack Obama, se solidarizó con el alcalde de Cachao, Leopoldo López, a quien le impiden postularse a la Alcaldía Metropolitana.

López, que se entrevistó con Obama, dijo que éste destacó que siempre estará de parte de los derechos humanos y la democracia.

En su momento, en la oposición no dudaban de que el repentino cambio sobre la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia obedeció tanto a las protestas como a la necesidad que tiene Chávez de limpiar un poco su rostro de la traza autoritaria.

Luego de su derrota en el referendo por la reelección indefinida y los errores posteriores, tendrá que bañarse con lejía —para parodiar al clásico ruso—, si no quiere ser derrotado en los comicios regionales, lo cual sería el principio del fin de la era Chávez.

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