un artículo de Carlos Alberto Montaner

El embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, un diplomático extremadamente competente, intentó con toda seriedad que el Congreso no destituyera al presidente Manuel Zelaya. Cuando se le agotaron los argumentos y las presiones, hizo algo que lo enaltece ante lo que parecía inevitable: protegió en su residencia al hijo del gobernante para salvarlo de cualquier desenlace violento.

Afortunadamente, la expulsión de Zelaya de la presidencia y del país ocurrió de manera incruenta. No fue exactamente un golpe militar: el ejército obedeció las órdenes de la Corte Suprema ante las continuadas violaciones de la ley de un gobernante empeñado en hacerse reelegir, aunque violara la Constitución, y en arrastrar al país al campo chavista del "socialismo el siglo XXI" contra la voluntad de sus compatriotas.

No obstante, parece que todavía hay algo peor que el deprimente espectáculo de un presidente libremente electo que es forzado a abandonar el país a punta de fusil: tratar de imponer su regreso por la fuerza. Si Zelaya pone un pie en el país lo van a detener y acusar de diecisiete delitos diferentes que probablemente ha cometido. Lo van a encarcelar y va a ser muy embarazoso para quienes, irresponsablemente, decidan acompañarlo en esa loca aventura.

Esto es gravísimo. Esa situación, agitada por Hugo Chávez y por Daniel Ortega, que ya hablan de invasiones y de recurrir a la fuerza, puede desencadenar un baño de sangre en el país y destruiría la débil institucionalidad política trabajosamente lograda desde hace tres décadas, cuando terminó, felizmente, la época de las dictaduras militares. Lo ha dicho Peter Hakim, presidente del Diálogo Interamericano, sin abandonar su condena enérgica a la forma en que fue destituido: "Zelaya está peleando contra todas las instituciones de el país. No está de ninguna manera en buenas condiciones para gobernar".

Y es cierto. Según el encuestador mexicano Mitofsky, en una investigación llevada a cabo en abril, el gobernante más impopular de América Latina era Manuel Zelaya. Sólo el 25% del país lo respaldaba, mientras otra encuesta diferente revelaba que el 67% jamás votaría otra vez por él. ¿Por qué? Porque los hondureños le achacaban una profunda corrupción, le suponían vínculos con el narcotráfico, especialmente el proveniente de Venezuela, como revela el ex embajador norteamericano ante la OEA Roger Noriega en un documentado artículo publicado en su blog, y porque la violencia y la pobreza, los dos grandes flagelos que castigan al país, han aumentado dramáticamente durante sus tres años de gobierno.

Sencillamente, la inmensa mayoría del país, sin exceptuar a los sectores más populares, los dos grandes partidos políticos (incluido el del propio Zelaya), las iglesias cristianas, los otros estamentos del Estado y las fuerzas armadas no lo quieren como presidente, aunque todos concordaban en que debía terminar su mandato y dejar el poder en enero de 2010. Sin embargo, no estaban de acuerdo en que vulnerara las leyes para tratar de perpetuarse en la presidencia, como ha hecho Hugo Chávez y tratan de hacer Daniel Ortega, Evo Morales y, probablemente, Rafael Correa. Los hondureños, sin la menor duda, no quieren seguir el camino del caudillismo colectivista y antioccidental, aliado a Irán, Cuba y a Corea del Norte, que preconiza Hugo Chávez.

¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo peor, insisto, es recurrir a la fuerza contra la voluntad del propio pueblo. El gobierno del presidente interino Roberto Micheletti ya está llamando a los reservistas y el ejército se prepara para defender la soberanía nacional. Se calienta el discurso nacionalista y empieza a forjarse entre los ciudadanos una mentalidad de "defensa de la patria" frente a los enemigos exteriores. La inmensa mayoría piensa que en el extranjero, hábilmente impulsados por los chavistas, se está preparando una agresión, en la que inexplicablemente esta vez están implicados los norteamericanos del lado de los enemigos de la democracia y el respeto a la ley. Si estalla el conflicto, uno de los países más pobres de América sufrirá la sangría que ya padecieron Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la Guerra fría.

Sin embargo, hay una solución satisfactoria al alcance de casi todos: adelantar las elecciones generales previstas para noviembre. Ya existen los candidatos, libremente elegidos en primarias abiertas, y ambos gozan de mucha popularidad. ¿Para qué precipitar irresponsablemente a esa sociedad en un torbellino de violencia? Una vez seleccionado el nuevo gobierno, provisto de la legitimidad que genera un proceso democrático, los hondureños podrán dejar en el pasado este lamentable episodio. Eso es lo mejor para casi todas las partes en conflicto. Mel Zelaya habría perdido la partida, pero los hondureños no pagarían con su sangre el precio de los errores y las violaciones de la ley de un mal gobernante.

Cortesía Libertad Digital

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un artículo de Oscar Peña

Insisto en el tema de la penosa situación de un país hermano de América Latina, como lo es Honduras, porque sé que, en la Isla, el pueblo cubano está extremadamente confundido con el bombardeo de información parcializada y tendenciosa.

De esta manera les ruego vean y perciban las diferentes informaciones y acuerdos de la Asamblea General de la ONU, timoneada en estos momentos por el ex canciller de Nicaragua y amigo del régimen cubano, el Sr. Miguel D' Escoto, y la posición y declaraciones de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. La verdadera seriedad, imparcialidad, honestidad y respeto a esos altos cargos nos hacen preguntarnos -y quisiera que nuestro pueblo medite en esto- por qué estas instituciones y personalidades no corrieron para Cuba cuando los cubanos planteamos también hacer un referendo acerca de temas prohibidos en la Isla, como son los de la libertad de expresión, de asociación, económica y política, la libertad para los presos políticos, etcétera.

¿Cómo se puede entender esta doble evaluación, e hipocresía democrática, de estos organismos internacionales y de sus principales rectores? Ellos deben ser imparciales y exigir derechos para todos. No correr a babor, ni a estribor, sino pararse firmes y serios en el centro. Los cubanos estamos esperando que corran también a Cuba a exigir se restituya la democracia.

Sin duda el pueblo cubano, aparte de enfrentar una dictadura interna, también tiene que navegar con estos vientos internacionales en contra.

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El ex presidente Manuel Zelaya ha violado tantos artículos de la Constitución hondureña, tantos procedimientos establecidos por las instituciones de ese país y tantos preceptos democráticos en apenas unas horas, que uno no sabe por dónde empezar. En cualquier caso, aquí algunos de los artículos de la Carta Magna violados, y rogamos a los lectores que si nos quedamos cortos, o incurrimos en imprecisiones, nos lo señalen:

Artículo 51 (violado por Zelaya). “Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República…”

Artículo 205 (violado también). “Corresponden al Congreso Nacional… Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Ley…”.

Artículo 239 (violado). “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

Artículo 272 (violado). “Las Fuerzas Armadas de Honduras…se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Artículo 279 (violado). “El Jefe de las Fuerzas Armadas… sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional, cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros; y en los demás casos previstos por la ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas”.

Artículo 322 (violado). “Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Artículo 373 (violado). “La reforma de la Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia”.

Artículo 374 (violado). “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.

Como se podrá apreciar, Zelaya no debía haber sido expulsado del país: Debía estar detenido a la espera de un juicio, o simplemente debió haber sido destituido. En todo caso, ése habría sido el error de bulto de los demócratas hondureños: No haberlo puesto a disposición de la justicia, o no haberlo cesado sin más. Le dieron cuerda para seguir enredando la pita, y ahora hasta los tontos útiles la enredan con él.

¿O era peor el remedio que la enfermedad?

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En el artículo anterior aseguraba que es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, aunque mucho más lamentable resulte que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país, como hizo Manuel Zelaya en Honduras. Algunos lectores han insistido, sin embargo, en que la denuncia del intento de Golpe de Estado previo con que el ex presidente hondureño pretendía cambiar las reglas del juego político constituye un intento -en el caso que nos ocupa, mío- de justificar el uso, mal empleado, de la fuerza militar. Nada de eso.

El artículo anterior hace hincapié en la circunstancia previa que desató la destitución del presidente. Sigo creyendo, y con esto no descubro el agua tibia, que en democracia corresponde al Ejército defender el orden constitucional cuando el poder ejecutivo, o cualquier otro, lo amenaza, y fue esto último lo que ocurrió en Honduras. Con el agravante, por cierto, de la intromisión de poderes extranjeros –del chavismo en particular- en la ecuación. Pero ello no quiere decir que apruebe las maneras, las formas, con las que se llevó a vías de hecho la detención y expulsión de Zelaya. Cuando escribí que “es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente” fue eso exactamente lo que quise decir.

Pero lo más importante aquí, me parece, es el saludable precedente que sienta la actuación de las instituciones democráticas hondureñas, más allá de sus pifias de estilo o procedimiento. Desoyendo al Congreso, al Tribunal Supremo y a la mismísima Constitución (incluso a su propio partido y a muchos de sus votantes, a los que previamente traicionó… y esto sería ya materia de otro artículo), Zelaya pretendía "refundar la nación mediante una Asamblea que cambiara las reglas de juego del sistema político”. Y todos sabemos lo que eso significa aquí y ahora: Desmontar los mecanismos y estructuras democráticas para desembocar, paulatinamente o no, en un sistema totalitario como el castrista, o en uno en proceso de serlo, como el chavista. Así que la respuesta de las instituciones hondureñas al intento de golpe de Zelaya ha sido ejemplar, y debería servir de ejemplo en Latinoamérica (descontando, por supuesto, las pifias de procedimiento anteriormente mencionadas).

Si en América Latina los actores políticos respetaran las estructuras democráticas y se limitaran más efectivamente los poderes del Ejecutivo, como pasa en los países civilizados, mucha gente ya habría salido de la pobreza y nos hubiéramos ahorrado un sinfín de dictaduras y masacres. No hay que olvidar que en la última década el auge del autoritarismo en el continente, en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, ha respondido a oscuras maniobras presidenciales. En una región donde el fraude, el tráfico de influencias y los petrodólares pervierten los procesos electorales y de consulta, resulta imprescindible limitar todavía más los poderes del Ejecutivo, reforzando el papel de contrapeso para el que fueron concebidos poderes como el Legislativo y el Judicial y blindando la condición de referente de las constituciones nacionales. Una Constitución no puede ser, cada dos por tres, ese papel mojado con que el presidente de turno se suena las narices.

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Al momento de ser destituido por el Ejército, tras una orden del Tribunal Supremo (TS) hondureño, el presidente Manuel Zelaya se aprestaba a dar un Golpe de Estado en Honduras: A imagen y semejanza de su referente político, el golpista Hugo Chávez, pretendía alterar la Constitución con el propósito de reelegirse.

Cabe recordar cómo se las arregló Chávez para burlar la voluntad popular hace pocos meses en Venezuela, convocando un segundo referendo –por supuesto, ya concebido para ganar por las buenas o por las malas- apenas un año después de que el primero expresara claramente el sentir del pueblo venezolano: No a la reelección indefinida del discípulo de Fidel Castro.

En el caso de Zelaya, se trataba de darle también un golpe a la Constitución hondureña, pero pasando por encima del Congreso y del TS. Estas últimas, no se olvide, son instituciones claves en cualquier democracia que se respete; de hecho, entre otras cosas, han sido diseñadas para hacer respetar las estructuras democráticas de las que la Constitución de la República es base fundamental. Tanto el Congreso como el TS habían desautorizado previamente a Zelaya, que pretendía convocar un plebiscito –bajo cobertura, seguramente, de los petrodólares chavistas- para alterar la Carta Magna.

Una democracia funcional es antes que nada, incluso por encima del presidente de turno, un conjunto de reglas e instituciones que garantizan el Estado de Derecho, y que no pueden ser arbitrariamente alteradas. Es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, ciertamente, pero mucho más lamentable resulta, sin duda, que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país. Es lo que intentaba Zelaya en Honduras y es lo que ha conseguido en los últimos años, en la región, más de un aspirante a dictador vitalicio.

En democracia, corresponde al Ejército defender el orden constitucional cuando el poder ejecutivo, o cualquier otro, lo amenaza. Va siendo hora de parar en seco la demolición de las estructuras democráticas en Latinoamérica, proceso llevado a cabo, en la última década, desde la institución presidencial. Ojalá lo consigan los hondureños.

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