El drama de la vivienda

La crisis habitacional —en una sociedad donde el trabajo había dejado de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral estaba subordinada a la sobrevivencia— encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis lo ocupó la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48, "Ley General de la Vivienda", la cual autorizó la "transferencia de la propiedad" a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y legalizó aquellas situaciones pendientes de solución jurídica. Ello generó decenas de miles de "propietarios", pero sin construir nuevos habitáculos.

La continuidad de las ilegalidades condujo a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1988 a aprobar la ley 65, una segunda "Ley General de la Vivienda", encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para "propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda.

En ese momento la escasez de materiales de construcción y la paralización del movimiento microbrigadista, como efecto de la caída del Muro de Berlín, se reflejó en un descontrolado boom de construcciones, compraventas y alquileres al margen de la Ley, a lo que el Estado respondió con nuevas regulaciones complementarias y con la creación, en diciembre de 1995, del Grupo Nacional, una nueva institución integrada por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los ministerios de Justicia y del Interior para controlar el desenfreno. Las medidas restrictivas, por su propia naturaleza, agudizaron el déficit ante una población en constante crecimiento.

En julio de 2000 se aprobó un nuevo Decreto-ley, el 211, para regular las construcciones por esfuerzo propio y los trámites de permuta. Este decreto prevé inspecciones físicas a los inmuebles, exige una imprescindible autorización institucional para permutar y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido antes por la Ley 65.

En febrero de 2001, el Consejo de Estado aprobó otro Decreto-ley para el control de las contravenciones. De acuerdo con esta última medida, el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que ahora elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.

Como consecuencia de las medidas restrictivas y de la disminución del ritmo de las construcciones, en la década del noventa —con un cálculo bastante conservador— se dejaron de construir no menos de 100.000 viviendas, que unidas a las de décadas anteriores arroja unas 600.000 casas dejadas de construir en los 40 años que van de 1960 a 2000: el preludio de una posible tragedia que ya hoy es realidad.

Como efecto de estas medidas y de la incapacidad del Estado cubano para resolver por sí sólo el problema habitacional en los 40 años que van de 1960 a 2000, se agregó al déficit existente otras 600.000 viviendas.

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