Actualizado: 21/09/2020 14:29
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Reporteros Sin Fronteras

No hay tregua olímpica para la prensa y los derechos humanos

La organización denunció detenciones y amenazas a disidentes y ciudadanos, y represalias contra periodistas extranjeros.

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este miércoles detenciones y amenazas a defensores de los derechos humanos en China e "incidentes" con periodistas extranjeros que han sido agredidos por policías mientras realizaban su trabajo durante los Juegos Olímpicos.

Según la organización de defensa de la libertad de prensa, policías chinos detuvieron en Pekín, el miércoles, al reportero John Ray, del canal británico ITN.

"Le han tirado al suelo e inmovilizado por la fuerza durante veinte minutos, a pesar de que se había identificado como periodista", afirmó RSF en un comunicado.

"Para mí, se trata de una auténtica agresión. Estoy muy enfadado", dijo Ray a la agencia AFP.

En el momento del incidente, el periodista cubría un acto de varios activistas tibetanos que habían desplegado una bandera cerca de las instalaciones olímpicas, antes de ser detenidos por la policía.

El Club de Corresponsales en China (FCCC) asegura que desde el 7 de agosto se han producido al menos cinco incidentes, dijo RSF.

Dos reporteros de Associated Press (AP), fueron detenidos tras el atentado ocurrido a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos contra agentes aduaneros en la provincia de Xinjiang.

La policía borró las fotos tomadas por los periodistas y uno de ellos fue detenido luego, mientras veía la ceremonia de inicio de los Juegos.

Por otra parte, a dos periodistas escandinavos se les ha impedido entrevistar a campesinos de la provincia de Hebei acerca del impacto que los Juegos han tenido en sus actividades.

Una periodista europea que lleva varios años trabajando en Pekín denunció a RSF las condiciones de trabajo en Pekín y los riesgos que corren los chinos que se aventuran a hablar con la prensa extranjera.

"No dejan de seguirme, de grabarme, de fotografiarme. Dudo antes de entrevistar a chinos sobre problemas sensibles, por temor a que les detengan. La semana pasada detuvieron a varios chinos por darme entrevistas (…) Entre ellos, una mujer responsable de una asociación de desalojados, que ha presentado una denuncia contra el gobierno porque las indemnizaciones recibidas son muy escasas", dijo la corresponsal, que solicitó el anonimato para poder continuar su trabajo.

Al parecer, la periodista se refería a Zhang Wei, una antigua residente del barrio de Qianmen, en Pekín, a quien la policía detuvo el 9 de agosto después de que presentara la solicitud de autorización para una protesta por la expulsión de su familia, hace dos años, con motivo de las obras de los Juegos Olímpicos.

Según la AP, el hijo Zhang asegura que las autoridades la mantendrán detenida un mes, por "atentar al orden social". La Oficina de Seguridad Pública de China ha dicho que está estudiando el caso de la mujer y que no tiene nada que comentar al respecto.

"La entrevisté, como otros colegas, y después la detuvieron. Lo mismo ocurrió con un sacerdote de una iglesia no oficial", dijo la periodista europea.

"Una británica de origen tibetano fue detenida y expulsada después de concederme una entrevista. En estas condiciones todos nos sentimos impulsados a la autocensura y nos negamos a entrevistar a determinados chinos, por temor a que después les detengan", añadió.

"Además, la prensa oficial no para de atacarnos desde los acontecimientos de marzo en el Tíbet. Más allá de las amenazas de muerte, recibidas por decenas de periodistas extranjeros, los medios de comunicación chinos intentan desacreditarnos. Y todo esto se ha ido acelerando a medida que se acercaban los Juegos", afirmó la corresponsal.

Disidentes: detenidos, perseguidos y amenazados

Reporteros Sin Fronteras mencionó en su comunicado casos de otros ciudadanos chinos detenidos. Desde el 7 de agosto no se tienen noticias de Zeng Jinyang, la esposa del disidente encarcelado Hu Jia, y de su hija de 7 meses. Según varios medios de comunicación, las autoridades les han obligado a marcharse de la capital.

Zeng Llevaba varios años viviendo permanentemente vigilada por la policía.

Por otra parte, varios intelectuales chinos, entre ellos Liu Xiaobo y Yu Jie, están libres pero vigilados por la policía.

Wan Yanhai, que dirige una ONG dedicada a los enfermos de SIDA, prefirió marcharse de la capital mientras duraran los Juegos, por temor al acoso policial.

Hua Huiqi, líder de una iglesia protestante considerada ilegal por el gobierno, fue detenido por la policía el 9 de agosto, en Pekín, cuando acudía a una misa, a la que asistía el presidente estadounidense, George W. Bush. Su hermano, Hua Huilin, que también fue arrestado, asegura que le dejaron en libertad al cabo de una horas, pero que no sabe nada de Hua Huiqi.

La policía niega cualquier responsabilidad en su desaparición y dice que nunca le ha detenido. La organización Human Rights en China, dijo haber recibido una carta de Hua Huiqi, en la que cuenta su detención y evasión.

El 11 de agosto fue arrestado Ji Sizun, un activista de los derechos humanos de la provincia de Fujian, por haber solicitado días antes autorización para manifestarse en una de las zonas delimitadas al efecto por los organizadores pequineses.

De acuerdo con Human Rights Watch, Ji Sizun pretendía organizar una concentración de ciudadanos chinos para denunciar la corrupción y pedir mayor participación ciudadana.

La organización de defensa de los derechos humanos, dijo que otros ciudadanos chinos han sido detenidos o amenazados tras solicitar permisos para manifestaciones.

Es el caso de varios padres de víctimas de las "escuelas tofu", destruidas por el terremoto de Sichuan, afirmó RSF.

Agregó que en los días anteriores a la inauguración de los Juegos fueron arrestados varios miembros del Partido Democrático Chino (prohibido). Según Chinese Human Rights Defenders, Xie Changfa, de la provincia de Hunan, fue detenido el 2 de agosto, mientras que a Wang Rongqing, de 65 años y de la provincia de Zhejiang, le encarcelaron el 31 de julio. Están acusados de "incitar a la subversión del poder del Estado".


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