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Economía, Cambios, Reformas

Cuba: El debate socioeconómico continúa

Mientras se mantenga la estricta intransigencia dogmática sobre la propiedad y contratación privada, la expansión económica será limitada

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El año pasado Carmelo Mesa Lago (ML) y yo sostuvimos un debate sobre las reformas socioeconómicas raulistas en varios artículos de CubaEncuentro y durante la XXIII reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE) en agosto. Tres de los temas debatidos que todavía tienen plena vigencia y están estrechamente interrelacionados son las afirmaciones de ML que las reformas raulistas son las más importantes de la era revolucionaria, están bien orientadas y son insuficientes.

Reanudo el debate porque considero que se requiere un amplio examen sobre estos temas fundamentales para superar la precaria situación socioeconómica de Cuba. Los mismos no son exclusivos de los analistas sociales y deberían interesar a la ciudadanía en general, la prensa nacional y el parlamento en su función de supervisar y asesorar al poder ejecutivo. Este año la XXIV reunión de ASCE se centrará sobre las desconcertantesreformas raulistas y contará con la activa participación de varios compatriotas de la isla, gracias a la infatigable labor de su presidente Ted Henken.

De acuerdo a las estadísticas oficiales la situación socioeconómica de Cuba se ha continuado deteriorando en el último año a pesar de la ayuda venezolana. La tasa de crecimiento del PIB es baja y decreciente, el nivel de inversión es de solo un dígito y los salarios reales son menores al 28 % del nivel de 1989, de facto, lo que podríamos llamar una dilatada “terapia de choque”. La deuda habitacional es elevada y creciente, el acceso al agua potable insuficiente y la sanidad pública precaria y posibilita brotes periódicos de dengue y cólera. El envejecimiento poblacional y la contracción demográfica continúan.

Por su parte, el Gobierno ha adoptado nuevas actualizaciones, particularmente la conversión de varias pequeñas y medianas empresas estatales de producción y servicios en cooperativas, una nueva ley de inversión extranjera y la unificación gradual de la tasa de cambio. Esta última medida es positiva e involucra un significativo cambio en la posición de las autoridades que por años sostuvieron, incorrectamente en mi opinión, al igual que ML, que era necesario aumentar la productividad antes de unificar y ajustar la tasa de cambio.

Aún considero que las reformas adoptadas en la década de 1990 para movilizar recursos externos han sido las más importantes del periodo revolucionario, porque fueron esenciales para frenar la caída del 35 % del PIB real en 1990-1993 y comenzar la recuperación. Las acciones como el aliento de las remesas, el turismo y la inversión extranjera todavía mantienen su determinante importancia. Raúl aún no ha adoptado medidas similares que permitan una mayor movilización de recursos externos para aumentar la tasa de crecimiento, mantener el nivel de los servicios sociales y reducir la vulnerabilidad a la ayuda venezolana. La infraestructura del puerto del Mariel es positiva, pero hay que crear las condiciones para que sea aprovechada.

Pavel Vidal señaló recientemente que las reformas todavía no dan frutos; o sea, que las actualizaciones están lejos de brindar prosperidad y sostenibilidad económica. Su calificada opinión implica que las reformas raulistas son insuficientes. Mi diferencia con ML sobre la insuficiencia de las reformas se centra en nuestra contrapuesta apreciación sobre que están bien orientadas.

Considero que no solo se necesita ampliar y profundizar algunas de las reformas realizadas, como las actividades autorizadas a los cuentapropistas, y mejorar las condiciones en que las tierras en usufructo son otorgadas a los pequeños agricultores, sino también emprender otras reformas sistémicas.

Entre ellas, modificar sustancialmente los derechos y la participación ciudadana que motiven, brinden incentivos y eliminen riesgos e incertidumbres innecesarios; autorizar la iniciativa, propiedad y contratación privada; y brindar un mayor rol al mercado en la asignación y utilización de los recursos a fin de asegurar mayor flexibilidad y dinamismo de la economía.

Todavía las reformas raulistas continúan ceñidas a lo establecido en el artículo 15 de la constitución política que impiden la iniciativa privada, la propiedad privada de los medios de producción y la contratación privada de trabajadores, lo que inhibe la pequeña y mediana empresa privada, la inversión de la diáspora y sobrecarga al Gobierno con la administración de los activos sociales alquilados a las cooperativas. En su discurso del 7/7/2013 ante la Asamblea Raúl atribuyó parte de los problemas de las actualizaciones a que la ciudadanía no cumple con sus deberes; decidió ignorar los derechos económicos básicos.

Mientras se mantenga la estricta intransigencia dogmática sobre la propiedad y contratación privada, la expansión económica será limitada y, por consiguiente, es erróneo considerar que las reformas están bien orientadas. Cuba aún arrastra las nocivas secuelas (o histéresis) de los años de las campañas guevarista-castrista de irracionalidad económica. Además, y de crucial importancia, se imposibilita la absorción del abultado desempleo disfrazado (o nóminas infladas) de las empresas estatales y la burocracia pública sin lo cual es imposible racionalizarlas y aumentar la productividad. El gobierno ha recurrido a considerar barrocas e innecesarias exoneraciones tributarias hasta por ocho años a los inversionistas extranjeros mientras asfixia con elevados impuestos a los cuentapropistas, creando frecuentes tensiones sociales, entre ellas las de los cocheros.

Como han señalado varios analistas en CUBAENCUENTRO, la restauración capitalista está en marcha en Cuba. El asunto fundamental es cómo hacerla inclusiva, dándole igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para beneficiarse de ella y que no degenere en un capitalismo salvaje que promueva la explotación de los trabajadores mientras otorga concesiones excesivas e innecesarias a los inversores extranjeros.

Otro tema que amerita especial reflexión es el levantamiento del embargo de EEUU para ayudar al incipiente sector privado de la Isla. El gobierno cubano continúa limitando el sector privado a los cuentapropistas, los pequeños agricultores, los inversionistas extranjeros y las supuestas cooperativas (en realidad empresas estatales disfrazadas). Aún permanece vigente la prohibición de la pequeña y mediana empresa privada, confiscada y vedada por la ofensiva revolucionaria de 1968, o sea 46 años atrás, y que después fue formalizada por el artículo 15 de la constitución política.

Por lo tanto, solicitar el levantamiento del embargo para ayudar al incipiente sector privado, como lo hacen, entre otros, Richard Feinberg de Brookings Institution, carece de sólida fundamentación legal y práctica. La gestión de los que reclaman el levantamiento del embargo al gobierno estadounidense para ayudar al sector privado en la Isla debería ser precedida o al menos acompañada por la eliminación por el gobierno cubano de la prohibición de la pequeña y mediana empresa privada

En 2013-2014, el gobierno cubano desperdició una excelente oportunidad cuando decidió cooperativizar (o convertir en empresas estatales disfrazadas o cuasi cooperativas) las pequeñas y medianas empresas estatales de producción y servicios. Sin embargo, aún está a tiempo de rectificar esta política errónea, tal como lo hizo con el postergado comienzo de la unificación cambiaria y como China lo ha hecho exitosamente cuando desde la década de 1990 privatizó las pequeñas y medianas empresas estatales.

La situación socioeconómica de Cuba tiene solución, pero requiere acciones pragmáticas y realistas del Gobierno. Hay que motivar a la juventud cubana a participar activamente en el destino nacional y a no perderse en las enajenaciones de las tribus descrita en la tercera parte (el libro de Judith) de la novela Herejes de Leonardo Padura. O para que Silvio Rodríguez no tenga que referirse a lo muy jodida que está la gente en algunos barrios.


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