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Actualizado: 23/04/2014 11:47
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Corrupción

La corrupción en la lucha contra la corrupción

Medio siglo de totalitarismo ha producido una de las sociedades con la corrupción más generalizada del mundo

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En estos días de mediados de noviembre (exactamente del 9 al 11) se celebró el V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción.

Contó con la participación del Fondo Monetario Internacional, la fiscalía General de Venezuela y el representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además de expertos, abogados, jueces, fiscales, politólogos, economistas, asesores jurídicos y otros especialistas procedentes de Europa, África y América Latina y el Caribe.

Los principales temas debatidos fueron: El Estado, la sociedad y el derecho en la lucha contra la corrupción y el papel del Ministerio Público, el sistema judicial y el registro contable en el enfrentamiento al problema.

Así que el evento parece importante. Se dice que “favorecerá el intercambio de experiencias en materia legal, el trabajo conjunto para combatir el delito y la educación ciudadana en la observancia de las leyes”.

Y eso está muy bien. Sin embargo, hay algo en todo esto que resulta incongruente, y de esa incongruencia es que escribo: El Encuentro se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana, la información anterior la ofreció en la capital cubana Miguel García Arzugaray, jefe de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la República de Cuba y la invitación la realizó La Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho, en ese orden.

Aunque el orden, en este caso, significa nada. Todas estas instituciones forman un todo que a su vez se integra como parte de una de las dictaduras más antiguas del mundo. Y el dato no es baladí. Con esto vengo a decir que, sin entrar en detalles, en Cuba no existe la condición básica de la fiabilidad de cualquier sistema jurídico: la autonomía. Las dictaduras (y la cubana no es una excepción, al contrario) constituyen una unidad férrea alrededor de un núcleo que puede ser el dictador o una pequeña élite generalmente militar, que en el caso de Cuba se llamó Fidel Castro y que ahora, sin que Fidel Castro haya desaparecido del todo, podría llamarse Consejo de Estado. El Partido, el Gobierno, la Fiscalía y el resto de las entidades que forman el tejido de control, son solo los hilos con que el dictador o esa élite mueven y controlan el entramado.

A la hora de incluir a Cuba con países democráticos en el análisis de un fenómeno que en los países democráticos tiene sus peculiaridades, no debería ignorarse el significado real de esta circunstancia que tiene más de una arista y que, en su conjunto, hace que la experiencia cubana sea incompatible con las del resto.

Medio siglo de totalitarismo ha producido una de las sociedades con la corrupción más generalizada del mundo. No solo la miseria económica, sino también la miseria ética de un sistema basado en la desinformación y la censura, han deformado la percepción local del fenómeno y, en cierto sentido, han ayudado a su regeneración, sin que la acción policial haya tenido eficacia alguna. Y es que no ha existido un interés real por erradicarlo. Algo que Raúl Castro al parecer sí quiere y necesita rectificar, porque la situación no es la misma. Ahora, sin la seguridad permanente y a largo plazo de los subsidios exteriores, se trata de poner los pies sobre la tierra, y en la tierra la corrupción sí que puede acabar por descomponer lo poco que queda del sistema.

Pero dejemos a un lado la búsqueda de las raíces del problema que, a fin de cuentas, es bastante obvio y centrémonos en el por qué la celebración de este evento en La Habana es, como digo, incongruente.

Si, como se sabe, la Fiscalía General, el Ministerio Público, los Tribunales y, grosso modo, el Sistema Judicial en Cuba constituyen un todo con el régimen; es decir, con el Estado, el Partido y la totalidad de las instituciones que componen el mecanismo de poder del dictador o de la élite cuyo objetivo es eternizar su legado, entonces cabe preguntarse: ¿Puede tener algún sentido que Cuba no solo participe, sino que incluso sirva de sede para un debate como éste, cuando se sabe que el papel de la Fiscalía General, las Verificaciones Fiscales y los Tribunales forman allí un todo con el poder político y actúan en función y según los tiempos de sus mismos intereses; esto es, los de quienes han propiciado y han utilizado para su beneficio la corrupción? ¿Puede tener algún sentido cuando esas instituciones jurídicas han sido concebidas para sostener un edificio legal cuyo objetivo es no solo reprimir la corrupción, sino también las libertades democráticas del pueblo; o sea, cuando su esencia nada tiene que ver con la del resto de los países participantes, incluida Venezuela que, como quiera que sea, tiene lo que tiene por la vía democrática?

Así pues, que este evento se celebrase en La Habana es inaudito además de, como he dicho, inconveniente, al menos por dos razones:

1. La manifiesta incompatibilidad entre el anfitrión y los invitados; y

2. El beneficio en materia de imagen que la celebración en Cuba de eventos internacionales como éste reporta al régimen.

Pensemos que con foros de esta índole puede transmitir la sensación de que en la Isla reina la normalidad (incluso en uno de sus aspectos más anormales, como el judicial). Luego se trata, por así decirlo, de la “corrupción” del significado de un encuentro que debería servir para mejorar la lucha contra todo tipo de corrupción. Entre otros, el que supone la utilización de la Justicia para el sostenimiento de un poder político totalitario.

En resumen: El interés del régimen por servir de anfitrión en un foro de estas características no es inocente. Tampoco es una prueba de que, a estas alturas, esté realmente empeñado —según palabras del coordinador de la cita, el fiscal jefe de la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración de la Fiscalía General de la República de Cuba— “en perfeccionar su modelo social”.

Y aunque así fuera, ¿qué puede significar eso en un régimen como el cubano?


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