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Actualizado: 21/08/2014 13:23
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| Opinión

Inmigración

Del anuncio a la implementación: ¿que ha cambiado en la reforma migratoria?

La necesidad, más que la virtud, está empujando a la política cubana hacia una mayor apertura económica de la mano de su sector tecnocrático/militar

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Cuando supe que le iban a dar pasaportes a algunas figuras de la oposición a las que se había reservado la Isla como prisión, y luego cuando un amigo me contó cuan fácil era para los médicos obtener el permiso para viajar, volví a mi computadora a leer lo que había escrito sobre el tema desde que el general presidente anunció la reforma migratoria. Quería contrastar lo que había dicho con lo que estaba pasando y ver, por supuesto, hasta donde me había equivocado.

Siempre dije que se cocinaba una mejoría (costos, trámites, tiempos de contactos permitidos) para los cubanos de las dos partes y que eso era bueno. Pero que ello no significaba avance sustancial en la constitución de un Estado de derecho, pues no había un reconocimiento al derecho de tránsito, sino solo una mayor permisividad: según la reforma, el pasaporte no es una obligación del Estado con el ciudadano, sino un privilegio que le concede. Y eventualmente puede revocarle. Y es verdad.

De igual manera siempre me pareció monstruoso que nada se dijera del derecho de los cubanos emigrados a regresar a su país de origen con plenos derechos ciudadanos. Y de la necesidad de promover una reforma constitucional que reconociera la doble ciudadanía para lo que efectivamente ya es una sociedad transnacional. Y creo que es así.

Luego dije que ninguna reforma migratoria es completa si no asume la situación de los migrantes internos sometidos a un régimen de sub-ciudadanía. Y no hay nada más cierto.

También escribí que lo que se ventilaba era fundamentalmente un conflicto interno de la élite, entre su fracción burocrática rentista por un lado y los tecnócratas y militares por el otro, acerca de, por un lado, cómo aprovechar mejor económicamente a la emigración, y por otro, cómo restaurar los espacios de consenso interno. Y mantengo esto, solo que no pude sospechar cuan importante era todo este asunto, y cuanto la alteración de sus variables podía afectar las propias decisiones.

Me explico:

Hay distancias perceptibles entre el tono agreste de la retórica que acompañó el anuncio de la “actualización migratoria” en agosto de 2011, el texto de la normativa en octubre 2012 y lo que luego ha sido explicado al público cuando comenzó su vigencia.

En agosto 2011, el General/Presidente enfatizó que se trataba de una “flexibilización de la política migratoria cubana (que) tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados” recalcando que “se incluirán medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución frente al robo de talentos que practican las naciones poderosas”. E insistió en que toda la política migratoria “revolucionaria” había sido aperturista y amistosa hacia los migrantes. Y si esto fue apertura y amistad, había razones para dudar totalmente de las intenciones cariñosas de los dirigentes cubanos.

Luego, el tono de la normativa dada a conocer en octubre 2012 es —respecto a los cubanos insulares— más moderado que el discurso inicial, pero presenta nueve acápites restrictivos que se repiten en dos artículos (23 y 25) y que marcan el límite de la permisividad. El primer artículo se refiere a las limitaciones para obtener un pasaporte, y el segundo a las limitaciones para salir del país, como si fuese necesario reforzar la idea de que existen dos filtros autónomos donde la intención de viajar puede morir: uno en la oficina de solicitud de los pasaportes y otro en el mismísimo aeropuerto. Y por las mismas razones.

Algunos de los acápites de ambos artículos serían razonables si fueran restricciones frente a una libertad (que no es el caso), pero tres de ellos son paralizantes: el d), que argumenta “razones de Defensa y Seguridad”; el f) que habla de “normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada” y el h) que menciona inhabilitaciones debido a un “interés público” amorfo y zigzagueante.

Evidentemente este articulado no está hecho para los pocos millares de personas llamadas “reguladas” (el nombre me recuerda lo del “picadillo extendido”) que serán excluidas del permiso para viajar.

El Estado cubano, como cualquier otro, puede resolver las excepcionalidades mediante acuerdos administrativos contractuales, sin recurrir a la ley. El mantenimiento de ese articulado restrictivo y difuso es evidentemente un candado efectivo contra algunos opositores y (lo que es más importante) un advertencia contra el “mal uso” que se pueda hacer en el futuro de lo que no es otra cosa que un permiso. Y evitar que el acceso individual a otras fuentes de vida potencie esa tendencia innata de la gente a la desobediencia. Es, digamos, que una admonición preventiva a los traviesos.

Pero luego ha venido la aplicación de la ley, las comparecencias de funcionarios cubanos, diciendo que no hay novedades en el frente, los médicos que pueden viajar, “desertores” que regresan a la Isla, algunos connotados opositores que organizan sus giras políticas y los porristas de siempre diciendo que a pesar de sus “imperfecciones” la ley merece aplausos y ovaciones.

No creo que haya una sola razón que explique esta evolución. Como todo sistema, este tiene que cuidar mejor sus apariencias políticas y conseguir apoyos internos. Y siempre es mejor tener a la gente pensando en cómo viajar y hacer algún dinero que en cómo subvertir al gobierno.

Pero creo que hay una razón crucial: el deterioro de la economía, la evaporación del petróleo en el Golfo y el inevitable estrechamiento del flujo de dinero venezolano con la muy probable muerte de Hugo Chávez. La necesidad, más que la virtud, está empujando a la política cubana hacia una mayor apertura económica de la mano de su sector tecnocrático/militar. Y ello requiere de una mejor situación internacional y de una relación más fluida con la comunidad emigrada.

Algunos aspectos de la “actualización migratoria” estarían dirigidos a impulsar un escrutinio de la Ley Helms Burton y eventualmente la relajación o eliminación del bloqueo/embargo. Repito que el acceso al mercado americano es vital para una economía que proyecta marinas, terminales de cruceros, zonas francas industriales y campos de golf a solo 200 km de la pujante costa sur americana. No creo que sean instalaciones diseñadas para visitantes noruegos o para el mercado mexicano.

La “actualización migratoria” no es una apertura política hacia un Estado de derecho, lo cual no está en las miras explícitas de nadie en la élite cubana. Pero es indudable que genera nuevos espacios de autonomía social. Con todos sus soles y bemoles, la reforma hace a la sociedad cubana menos sojuzgada y sobre todo a la parte más dinámica de ella: la clase media emergente que mejor puede aprovechar esta oportunidad.

Que la autonomía generada por la permisividad se convierta en libertad es otra historia, una cuestión que depende de la acción de todos los actores, incluyendo de la oposición, interna y emigrada, desde todos los ángulos políticos. Pero también de los actores insertos en el Estado cubano. Al final, no olvidemos que la mayoría de los arquitectos de las transiciones no han sido diosas del amor consagradas a la democracia, sino figuras del viejo régimen, comprometidos con el pasado hasta los tuétanos y convencidos de que había que cambiar algo para que todo siguiera igual.

O al menos, para conservar las pertenencias.


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