Dos patrias tiene ella: Cuba y Miami

¿O son una las dos?

La llegada de la familia Payá a este ciudad ha iniciado un capítulo nuevo en la larga historia del exilio y la lucha contra el régimen castrista. Ahora se puede ser disidente y opositor en esta orilla del estrecho de la Florida, trasladar el buró de La Habana a Miami y establecer el puesto de mando en cualquier suburbio. Como en las ofertas de tiempo compartido —donde varias familias se reúnen para comprar una vivienda de verano y se ponen de acuerdo para dividirse los meses en que la utiliza cada cual—, los cuarteles de invierno se levantan al resguardo del aire acondicionado y con la garantía de que no hay amenaza de apagones constantes si en el futuro falta el petróleo venezolano, siempre que se pague la cuenta de electricidad.

Por supuesto que nadie que vive desde hace años en el exilio tiene derecho a criticar que otros compartan igual destino, así que lo primero es un saludo de bienvenida para la familia Payá y el mejor de los deseos de una estancia grata y un futuro promisorio.

Continuar el discurso opositor en este lado del estrecho puede resultar enaltecedor, entretenido y en ocasiones hasta provechoso. Solo que aquí también hay la posibilidad de criticar y discutirlo; no rechazarlo con actos de repudio, violencia y gritos, sino simplemente expresar otra opinión.

La familia Payá ha escogido un camino no heroico, y tiene todo su derecho a ello. A Miami vino todo lo que quedaba de la familia en Cuba. Cinco miembros llegaron el jueves a Miami: su viuda Ofelia Acevedo, su hija Rosa María y su hijo Reinaldo; además de la madre de Acevedo, de 86 años, y una hermana. Una hermana de Payá y una tía habían llegado el 30 de mayo. Su hijo mayor, Oswaldo, se asentó en Miami unos meses antes, de acuerdo a una información ofrecida en El Nuevo Herald.

Lo novedoso del caso es que no se lo plantean como un viaje sin regreso o un destierro hasta el final de la dictadura castrista. Nada de ello. Gracias a la Ley de Ajuste Cubano, y gracias también a la nueva política migratoria del gobierno de Raúl Castro, pueden estar hasta dos años por aquí y en cualquier momento regresar a la Isla sin necesitar permiso de las autoridades cubanas. Y por supuesto, también luego regresar a Estados Unidos.

Así que la oposición acaba de inaugurar la posibilidad de estar entrando y saliendo de Cuba por temporadas, mantener viviendas en ambos países y dejar que el tiempo pase, los hermanos Castro se mueran y ver si entonces el futuro de Cuba es más luminoso u oscuro. Para decirlo en cubano: capear el temporal, cualquier temporal. Mientras tanto, y con la residencia asegurada gracias a la Ley de Ajuste, los más jóvenes iniciar una nueva vida y edificarse un futuro en un país que de pronto se ha convertido en una especie de foster home para los hijos y servicios de asistencia social para los de edad avanzada. Todo ello sin necesidad de adquirir compromiso alguno con la nación que sirve de país de adopción en cuanto a beneficios, pero que en realidad no lo es en cuanto a un compromiso ciudadano.

Desde el punto de vista de la nación que brinda los servicios, hay en todo esto una ética al menos dudosa. También unas circunstancias difíciles de admitir por el resto de la ciudadanía, nacida aquí o procedente de otros países, en especial en un momento en que se discute la posibilidad de una nueva ley migratoria.

A su vez, y desde el punto de vista de la nación de la cual se escapa, pero a la que no se renuncia volver, una salida aprovechada y poco heroica.

Por supuesto que las salidas poco heroicas son por lo general bienvenidas para quien escribe este comentario, que a veces hasta las aplaude pero que al mismo tiempo no se traga el cuento del patriotismo estilo siglo XIX.

Si la candela aprieta y la situación en la Isla se le ha tornado difícil a la familia Payá, cuyos miembros han expresado que han sido amenazados verbalmente, pues es normal que pongan los pies en polvorosa.

Nada más humano que traten de proteger al joven Reinaldo Payá, quien según dijo Julio Hernández, miembro en Miami del grupo fundado por Payá, “a los 21 años es el más joven y por lo tanto, quizás, el más susceptible a las presiones del Gobierno”, de acuerdo a la información publicada en El Nuevo Herald. El diario agrega que Reinaldo ha estado estudiando en la Universidad de La Habana. No hay información de que el joven haya sufrido detenciones y actos de hostigamiento, más allá de las amenazas verbales que los familiares dicen haber escuchado y las afirmaciones de haber sido seguidos por agentes de la Seguridad del Estado.

Así que la declaración de que algunos de los familiares de Paya, que recién han llegado a Miami, “podrían regresar a Cuba si fuera necesario para continuar el trabajo de Payá, y se sentirían más seguros mientras promueven sus denuncias de que agentes del gobierno mataron al reconocido disidente hace casi un año”, solo pueden ser aceptadas sin comentario alguno por una prensa benévola con la familia aquí en esta ciudad.

Por lo pronto, cabe la sospecha de que la familia decidió acogerse a los potenciales beneficios de una situación creada tanto por la nueva legislación vigente en Cuba como por las normas establecidas desde hace años en Estados Unidos.

Saltan de inmediato dos paradojas. La primera es que la Ley de Ajuste Cubano, que entre otras razones fue establecida porque a los cubanos les estaba vedado el regreso al país, pueda servir ahora para todo lo contrario: facilitar la vuelta y el establecimiento de temporadas aquí y allá.

La segunda paradoja es que por años el sector más recalcitrante del exilio ha exigido el fin o la limitación de los viajes a la Isla precisamente con el argumento de que los cubanos llegan aquí, dicen que son perseguidos políticos, algunos se acogen al asilo político y luego, al obtener la residencia, de inmediato quieren volver de visita a Cuba. Con independencia de quienes usan este argumento llevan a cabo un razonamiento desvirtuado, ya que no se trata de solicitar asilo político sino de acogerse a los beneficios de la Ley de Ajuste, ahora hay una familia con credenciales indiscutibles de oposición, que reclaman ser perseguidos políticos y se acogen a la misma ley, y al mismo tiempo no renuncian al derecho de volver. Es decir, que en el orden personal y familiar reclaman los beneficios de ambas leyes, de naturaleza incompatible, y no están dispuestos a renunciar a ellos.

Vale la pena colocar a un lado, por un momento, la parte más vulnerable del argumento de la familia Payá. El retruécano de que la residencia en Miami puede facilitar que la familia presente finalmente, ante en un tribunal español una demanda contra el Gobierno cubano por la muerte de Payá no justifica la negativa de solicitar asilo político. En primer lugar porque el Gobierno español no tiene la menor intención de apoyar esta demanda, y ya se lo hizo saber el canciller español, José García-Margallo, a Rosa María Payá cuando la recibió en Madrid. En segundo porque la familia no cuenta con las pruebas necesarias para que un procesamiento de este tipo sea admitido por un juzgado español. En tercero, debido a que el juicio y la condena de Ángel Carromero, con la anuencia de Madrid, hace muy difícil este caso. En cuarto porque hasta el momento la familia Payá no ha logrado avanzar en algo menos drástico, como es la solicitud de una investigación internacional sobre el asunto. Y en quinto y último porque cualquier intento al respecto es seguro que anularía la posibilidad de regreso a la Isla por parte de los demandantes, salvo que decidan ir a enfrentarse a una contrademanda que de inmediato presentaría La Habana en su contra.

Si, repito, se coloca a un lado la posibilidad de esta demanda, la intención de algunos miembros de la familia Payá, de continuar la labor opositora no desde el exilio sino desde una especie de refugio temporal en el sur de la Florida —un campamento de invierno en medio del calor tropical de la zona— implica un reto, tanto para Washington como para La Habana, pero fundamentalmente para el exilio.

Hasta ahora, las opciones estaban claras: el cubano abandonaba el país porque era perseguido políticamente, porque buscaba una mejor vida o por ambas razones, como ocurría en más del noventa por ciento de los casos.

La fortaleza económica del exilio —y como consecuencia su poder de cabildeo en la política de este país— radicaba y radica en buena medida en el hecho de que quienes llegaron aquí, fundamentalmente hasta la década de 1990, creían de forma más o menos ilusoria en el “fin del comunismo en Cuba”, pero se dedicaban a fundamentar aquí sus bases económicas, con mayor o menor fortuna, y a no enviar dinero a la Isla.

La división entre exilio y oposición en Cuba se definía con claridad. Tras los intentos fracasados de incursiones armadas, al exilio solo le quedó el papel de proveedor de recursos, mientras a los por entonces llamados “contrarrevolucionarios” le tocaba el ejecutar acciones.

Los primeros dos cambios radicales fueron, primero, el fin de la “contrarrevolución” y el surgimiento de la disidencia y la oposición pacífica. Luego vino la segunda transformación —ocurrida durante los dos mandatos de Ronald Reagan y gracias en gran medida al surgimiento de la Fundación Cubana Americana— que fue el desplazamiento de la fuente de financiación. El Gobierno de Estados Unidos se convirtió en el principal suministrador de fondos.

No es que con anterioridad Washington no brindara dinero para la “contrarrevolución” —y en cantidades mucho mayores que ahora—, sino que se trataba de operaciones encubiertas. Ahora el financiamiento es a la luz pública y con el objetivo de la creación de una sociedad civil y un cambio pacífico.

Al exilio le quedó entonces la función de administrar esos fondos y canalizarlos hacia la oposición en la Isla, lo que por su parte produjo un historial de malos manejos y cuentas dudosas.

Ahora, con la nueva ley migratoria cubana, la disidencia ha visto la posibilidad de recibir directamente esos fondos, un viejo y justo reclamo.

Es por ello que cabe la posibilidad de plantearse que el traslado de los Payá obedece también a un fin económico. Solo que para lograrlo tienen que mantener viva la ilusión de que la organización creada por el padre, el Movimiento Cristiano Liberación, mantiene su vigencia en la Isla.

De ahí también esa dualidad casi esquizofrénica, de disidentes que estudian o han estudiado en Cuba, pero que al mismo tiempo reclaman ser opositores y vienen a Miami en busca de una vida mejor —algo que hemos hecho todos los que, por diversas razones, nos fuimos de Cuba— y al mismo tiempo quieren mantener con vida una organización que nació con objetivos precisos de luchar por la democracia no solo dentro de Cuba sino también dentro de las reglas y leyes del sistema. Por supuesto que mantener esa dualidad, desde la relativa comodidad que implica vivir en el sur de la Florida —comodidad que disfrutamos también la mayoría de los que vivimos aquí— puede resultar difícil.

Hay, sin embargo, una cuestión ya mencionada, pero no tratada en detalle. Debido a la relevancia de la figura de Payá como opositor —relevancia casi convertida en marca cuando Rosa María Payá desautorizó la mención del nombre de su padre, primero a Elizardo Sánchez Santacruz y Alejandro González Raga, luego a Yoani Sánchez— la decisión de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y rechazar el exilio, para no perder la opción de regresar a Cuba tiene varias implicaciones.

La primera es que implica un acatamiento de las leyes cubanas, no en la Isla, como hizo su padre, sino desde la perspectiva del exilio. Eso de vivir en el sur de la Florida, cumplir las normas establecidas por el régimen y al mismo tiempo proclamarse opositora es algo nuevo para Miami.

Lo más probable es que—salvo los que siempre criticaron a Payá desde una posición recalcitrante— no sea criticada por ello. Tras su muerte en circunstancias que han despertado muchas dudas, Payá ha sido transformado en víctima del sistema. En gran parte lo fue, pero esa victimización de su figura deja fuera por completo lo más valioso de su pensamiento y actuación: su independencia de criterios, tanto frente a La Habana como a Washington, así como su posición propia dentro de la Iglesia Católica.

¿Alguien recuerda ahora que cuando se conoció que Fidel Castro cedía transitoriamente el mando a su hermano Raúl diversos grupos de exiliados y los congresistas cubanoamericanos comenzaron a llamar a un levantamiento cívico y militar en Cuba, mientras que en la Isla Payá dijo que el mensaje del Gobierno de Estados Unidos debía enfatizar que no hay intenciones de intervenir militarmente y que Washington no representaba una amenaza para La Habana?

¿Alguien recuerda también que pidió además el evitar situaciones que pudieran “perjudicar la paz social en Cuba”?

Sin embargo, más importante aún es que, por su carácter de figuras públicas, los familiares de Payá han tomado una decisión que de inmediato han reflejado los periódicos y agencias cablegráficas, lo que ha servido para poner sobre el tapete algo ya comentado al conocerse la nueva ley migratoria cubana, pero que hasta ahora no había salido a la luz pública.

Para los cubanos que lleguen de ahora en adelante a Estados Unidos, está abierta la posibilidad de tener una doble residencia —que en el futuro puede transformarse en una doble ciudadanía— con todos los privilegios que ello implica.

Si los opositores más conocidos comienzan a hacerlo, qué decir respecto a quienes prefieren mantenerse al margen de la política.

Por supuesto que no va a faltar quien considere que lo hecho por la familia Payá es un gesto de desprecio al exilio. No es así. Más bien se trata de un doble ajuste, a los beneficios de la ley de igual nombre y a la realidad cubana. Pero al final, no deja de ser un ejemplo más de que la célebre Ley de Ajuste Cubano tiene sus días contados.

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