Observaciones sobre la normalización de relaciones entre Cuba y EEUU

La normalización de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos incluye medidas que pudieran relajar en algo las restricciones económicas establecidas por el embargo de EEUU al gobierno de la Isla. Tales medidas podrían tener un impacto positivo en la economía cubana, pero distan mucho de representar una normalización de las relaciones económicas entre ambos países. Por otro lado para poder evaluar las implicaciones y resultados de este proceso hay que distinguir entre dos economías cubanas, la del gobierno y la de los cubanos. Esta dualidad plantea enseguida la interrogante de cómo y cuánto cada una de las dos se va a beneficiar del proceso de normalización y de alguna relajación de las restricciones económicas actuales.

La economía del gobierno cubano es preponderante sobre la de los ciudadanos cubanos en materia de control de la actividad económica nacional y de la acumulación y uso de la riqueza del país. Dicha economía está basada en la posesión de las grandes empresas productivas, los sistemas de distribución, el sector financiero, el monopolio del comercio exterior, las actividades de salud y educativas y el control de los mercados de trabajo. La economía de los cubanos, sin embargo, está estrictamente restringida y controlada por la del gobierno y consiste principalmente de la masa de trabajadores (y consumidores) que devengan la mayor parte de sus ingresos en el sector estatal, y en menor proporción en los sectores de pequeños agricultores privados, la incipiente pequeña empresa comercial, de servicios y artesanal y los cuentapropistas. Como consumidores los cubanos también están restringidos por las decisiones del gobierno.

Antes de que el gobierno cubano permitiera algunas actividades económicas privadas, se podía afirmar que la economía cubana estaba no solo restringida por el embargo de EEUU si no también por lo que yo he venido llamando por muchos años un embargo interno, o sea, el verdadero bloqueo que el gobierno de la Isla ha impuesto y mantenido sobre la economía de los cubanos. Hasta entonces los cubanos no podían poseer empresas de ningún tipo, comerciar libremente tanto en mercados domésticos como internacionales, ni ofrecer sus servicios profesionales o de trabajo.

Sin duda, las reformas de Raúl Castro han representado un modesto levantamiento de ese embargo interno que todavía predomina en forma de grandes empresas e inversiones, las finanzas, el comercio exterior y los mercados de trabajo. De hecho ese embargo interno pervive en la nueva ley de inversiones extranjeras mediante la exclusión expresa de los cubanos residentes en la Isla como inversionistas, a la vez impidiéndoles que puedan ser libremente contratados por los inversionistas foráneos.

No hay duda que las nuevas medidas (facilidades para viajeros de EEUU a la Isla, uso de tarjetas de crédito, aumentos en los niveles permitidos de remesas, etc.) incrementarán los ingresos externos de Cuba. Pero esto plantea varias interrogantes.

Una de ellas es cuánto se beneficiarán los cubanos y cuánto el gobierno en la primera fase de la normalización. Si el gobierno cubano continúa manteniendo su control férreo sobre la economía de los cubanos, no es de esperar que los mismos se beneficien equitativamente.

Otra interrogante es cómo se distribuirán los beneficios entre los cubanos independientemente de cuál sea el volumen total del aumento de los ingresos. Se sabe que la mayoría de los cubanos no recibe remesas de dinero del exterior, ni que tampoco tiene un acceso equitativo a oportunidades de trabajo en sectores lucrativos como el turismo.

Una tercera interrogante atañe al impacto que el mejoramiento de los ingresos externos del gobierno tendrá sobre las reformas propuestas por Raúl Castro.

Es posible tener dudas sobre si la hasta ahora modesta expansión del sector privado empresarial se detendrá o incluso retrocederá, como sucedió a finales de los años noventa cuando la ayuda venezolana alivió la precaria situación económica de Cuba. Semejante situación daría al traste con las expectativas optimistas de algunos de que un mejoramiento de la economía cubana ha de propiciar una apertura en materia de libertades civiles y respeto por los derechos humanos en Cuba, incluso el retorno a un sistema democrático de gobierno.

En síntesis, el embargo de EEUU es un instrumento poderoso de negociación para abogar por el levantamiento del embargo o bloqueo interno impuesto por los Castro sobre la economía de los cubanos y a la vez lograr avances en el frente de los derechos civiles. No tiene sentido levantar el embargo de EUU sin un levantamiento pari passu del embargo interno.

Por todas estas razones es imprescindible monitorizar y evaluar el proceso de normalización tanto en sus aspectos económicos como políticos.

El gobierno de EEUU debiera interesarse en comprobar si los objetivos y las hipótesis de trabajo utilizadas en el diseño de la normalización se verifican o no en la práctica, especialmente el supuesto de que una relajación en lo económico traerá avances automáticos en el campo de las libertades civiles.

También los cubanos que luchan por el establecimiento de un gobierno democrático querrán saber si los objetivos concretos de la normalización se cumplirán.

Aunque las negociaciones que precedieron al anuncio de la normalización hayan dejado mucho que desear en cuanto a la falta de concesiones por parte del gobierno cubano y la falta de participación de disidentes y opositores cubanos, hay que reconocer que los términos del juego han cambiado. Ahora el desafío consiste en aprovechar las nuevas oportunidades inteligentemente en favor de la democracia en Cuba.

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