Actualizado: 12/06/2024 15:05
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Inversiones, Embargo, Terrorismo

Cuba: nacionalismo versus inversión

No hay inversión en Cuba no por la labor de la oposición, y ni tan siquiera por el embargo de EEUU, o porque Washington coloca a la Isla entre quienes patrocinan el terrorismo

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El régimen y la oposición se engañan. O al menos se hacen los engañados. La oposición cree, o dice creer, que las restricciones a la inversión en Cuba se deben a su labor de convencimiento internacional sobre lo no ético de tratar con un régimen de naturaleza tiránica, mientras éste a su vez cree, o simula hacerlo al menos, que si no se invierte en Cuba se debe a una mafia exiliada, apoyada por elementos “mercenarios” al interior de la Isla, que ha secuestrado la política de Estados Unidos hacia Cuba.

La verdad, sin embargo, es que los capitales foráneos no acuden a Cuba por un cálculo muy simple. Para irse a invertir en un país en que pretenden imponerles tantas condiciones y restricciones a lo que pueden hacer, mejor lo dejan en Estados Unidos, o Europa, donde sin duda existen semejantes condiciones y restricciones, pero en donde sin embargo encontrarán una fuerza de trabajo altamente calificada, unas infraestructuras en pie, una cultura laboral arraigada, una tendencia establecida a la organización racional y eficiente de la vida cotidiana… todo lo cual o no existe en Cuba, o está a un nivel de desarrollo muchísimo menor.

Este contrate desfavorable para nosotros, por cierto, no solo desestimula a los capitales americanos y europeos, sino incluso a los chinos o a los rusos, quienes preferirán cualquier otro lugar de este planeta, a un sitio con unas pretensiones de trato tan elevadas, y a la vez con tan poco con que reciprocarles a cambio.

O sea, no hay inversión en Cuba, no por la labor de la oposición, y ni tan siquiera por el embargo de Estados Unidos, o porque Washington haya puesto a la Isla entre los países patrocinadores del terrorismo. A fin de cuentas, si en realidad hubiese un interés de los capitales americanos y de sus asociados occidentales por invertir en Cuba, ya hubieran echado abajo el embargo y habrían sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una afirmación que no creo se atrevan a negar los castristas, desde su axioma político de que es el big money quien realmente manda en los Estados Unidos, pero tampoco la oposición que comparte la idea de parte del partido republicano, sobre la existencia de un deep state controlado por las grandes corporaciones, a expensas de los trabajadores.

Hacia Cuba la inversión se mueve a cuentagotas porque a pesar de ser —tomo la categoría prestada de Donald Trump— un país de mierda en la actualidad, su élite política, a costa de supuestamente presionar para que se trate a los pretendidos propietarios de la “propiedad social”[1], y a los trabajadores cubanos, como si de americanos, o europeos se tratara, exige para ella misma potestades sobre ese capital como si fueran la clase política de EEUU, de Alemania o de China.

No se necesita de mucho análisis, ni tampoco de una formación politológica o económica del otro mundo, para darse cuenta de que con tan poco que dar, y frente a semejantes exigencias, ningún inversionista en su sano juicio está dispuesto a traer su dinero a Cuba. Sobre todo porque, para rematar, esa élite que pretende tener un peso desproporcionado en las decisiones sobre lo invertido, ha dado muestras más que claras a lo largo de su historia de una irracionalidad de leyenda, y una incapacidad administrativa de no menor cuantía.

Lo dicho lo saben tanto los primates del régimen, como de la oposición, sobre todo de la exiliada –aquí dentro, en la oposición, todos tenemos demasiada hambre para reflexionar tan a lo profundo. Por tanto, quienes de verdad cuentan en el asunto cubano, quienes de verdad “cortan el bacalao”, engañan a sus seguidores, a conciencia.

El régimen, por empezar por alguien, hasta ayer reconocía que dadas las condiciones y circunstancias de Cuba no deseaba inversión extranjera, porque ella siempre comprometería la soberanía nacional. Pero el caso es que mantener esa misma argumentación, luego de que se hiciera evidente no volverá a aparecer un Campo Socialista tan manirroto como el de los camaradas soviéticos, y que por tanto las únicas inversiones que caben esperarse en el futuro son de las comprometedoras de la soberanía nacional, es reconocer que no tienen ninguna solución para el imparable proceso de descapitalización, empobrecimiento, y retroceso cultural del país.

Mantener hoy el mismo discurso de 1960, o de 1985, sería reconocer que salvo soberanía nacional, algo de escaso valor real para las amplias mayorías en un país en que el poder de tomar decisiones es monopolizado por un grupúsculo, los castristas no tienen nada más que ofrecerle al cubano. Por eso el régimen prefiere al presente explicar la falta de inversiones en la labor de unos pocos malos cubanos, “odiadores”, quienes tienen secuestrada la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y que si pudiera pasársele por encima a esa minoría, “plattista”, para restituirle al pueblo americano el poder de decisión sobre la política cubana de los Estados Unidos, el dinero “solidario” llovería sobre Cuba, y la Isla volvería a ser Jauja, como a mediados del siglo XIX. 

En el caso de la oposición se entiende también su deseo de no ver, o de no dejar ver esta incómoda realidad. Más allá de la posibilidad de presentarse a sí misma la sequía de inversiones como de un éxito propio, el que necesariamente habrá que hacerle extraordinarias concesiones de soberanía a los inversionistas extranjeros, resulta un problema para quienes aspiran a desplazar al régimen actual. Admitir el problema a heredar, la necesidad de las ingentes concesiones de soberanía que se deberán hacer, es en sí bastante difícil para una oposición que insiste en el nacional-independentismo. Sobre todo porque compite por presentarse como la verdadera opción nacional-independentista frente a un régimen que se niega a hacer esas concesiones de soberanía, y que de hecho se afianzó en el poder al prometer no hacerlas, allá en la lejana década de 1960. Esa remota fecha en que todos éramos muy nacionalistas en Cuba.

No obstante, lo innegable a estas alturas es que Cuba, para volver a la senda del progreso, necesitará ingentes inversiones en infraestructuras, en base material productiva, en know how… De tal magnitud, y en unas condiciones para atraerlas tan desfavorables —se partirá de un estado no sin un centavo, sino con miles de millones en deudas—, que la economía del país, su manejo, quedará por completo fuera del control efectivo de su ciudadanía y de sus representantes. Por lo menos si el que negocia esas inversiones es un estado independiente cubano, privado históricamente por sus dimensiones de real capacidad negociadora.

Hago un aparte aquí, para explicarle a los partidarios de disminuir el tamaño del estado, con el fin de dejarlo todo en las manos providenciales del mercado, que el problema es que por la cantidad del dinero que se necesita para echar a andar a Cuba ese mercado será inevitablemente controlado por grandes capitales, en su absoluta mayoría externos a la sociedad transnacional cubana. Por lo tanto, el dinero, pero no de pequeños inversionistas, o de cubanos, será el que controle un mercado cubano que carecerá de un Estado de peso para cumplir la necesaria función reguladora de aquel.

Las concesiones a los inversores de capital serán en definitiva de tal magnitud que es poco creíble que una democracia real pueda mantenerse por mucho tiempo, tras la transición. En esas circunstancias en que el verdadero poder de tomar las decisiones de importancia residirá fuera del país, o por lo menos fuera de su comunidad democrática, en el mejor de los casos lo que se establecerá será una pseudo-democracia, y en el peor una autocracia militar, ambas gobernando en interés de una plutocracia en su mayor parte extranjera.

Los políticos de la transición, al comprender que no está en sus manos resolver los problemas de verdadero peso del país, optarán por seguir la línea de menor esfuerzo, y harán lo único realista abierto ante ellos: solucionar sus problemas personales. No es algo nuevo en Cuba, por cierto. La corrupción administrativa fue una tara de nuestro periodo republicano, precisamente por las mismas causas aquí descritas. En un país en que la dependencia a una economía complementaria, la americana, dejaba las decisiones de verdadera importancia en manos de Washington, a los políticos nacionales solo les cabía medrar a costa de los fondos públicos. El hecho de que en un porciento significativo el ordenamiento legal republicano o fuera heredado sin cambios de la Colonia, o fuera obra de la labor legislativa de los funcionarios interventores americanos, mientras nuestros legisladores pasaban a veces años sin consensuar una ley, nos habla a las claras de una profunda desidia administrativa que no era más que el resultado de la comprensión por todos del vaciamiento de poder real de la política nacional.

Esa situación de dependencia a los capitales extranjeros, o más exactamente al poder político que los representa, como lo hemos visto en Grecia no hace mucho, y sobre todo la corrupción administrativa que conlleva, generará un alto grado de inestabilidad política. No en balde de los 55 años de vida nuestra vida independiente pre-revolucionaria —restamos los de la Segunda Intervención— 23 pasaron bajo dictaduras abiertas, o bajo gobiernos que surgieron de bravas electorales, cambios inconstitucionales o golpes parlamentarios[2].

La evidencia de que para sacar al país de la caída en picado habrá necesariamente que hacer concesiones a los inversionistas, y al poder, o los poderes políticos extranjeros que los representen, concesiones que dejarán a nuestra política nacional sin poder efectivo sobre el país, nos hace ver que el asunto en Cuba no es el de sustituir a una dictadura totalitaria —en decadencia— por una democracia de libre mercado. Nuestro dilema más bien es entre mantenernos fieles al nacional-independentismo radical, que ha dominado nuestra política, y nuestra percepción como nación, desde nuestra independencia, en 1902, o adoptar un nacionalismo más realista hacia nuestra realidad material, nuestro devenir histórico, y sobre todo nuestra precaria situación actual. Preferentemente un nacionalismo cultural, y no político, uno que no busque tanto la soberanía política, como la pervivencia de lo mejor de nuestra forma de vida, de nuestro estilo nacional, mientras a la vez le garantiza a todos los cubanos una vida buena, acorde con los estándares de su tiempo —para un cubano de 1840 la electricidad no era necesaria, para uno de 2023 vivir entre constantes e inesperados apagones es un infierno.

En un final, si deseamos salir del actual proceso de retroceso acelerado, sólo se abre ante nosotros una opción: integrarnos políticamente a una nacionalidad con un estado fuerte, capaz de lidiar con esos capitales imprescindibles, que les ponga las reglas y no al revés. Integrarnos en una unidad económica soberana superior, que haga todavía más interesante el invertir en nuestra tierra, a la vez que por sus mismas libertades constitutivas estimule, más que permita, la pervivencia de nuestro estilo nacional, la cubanidad. Para “hablar en plata”: buscar anexarnos a los EEUU, esa nación donde los irlandeses, o los italianos, han conseguido conservar su carácter nacional, a pesar de carecer de una sub unidad territorial propia, si acaso de algún enclave no cerrado.

Es cierto que con esta solución pierden su finca privada las élites político-intelectuales, las únicas que siempre han sacado provecho del mito de la independencia política “irreductible”, más con ella ganamos todos los demás. Ganamos el que por fin nos llegarán esas inversiones de fuera de la cubanidad sin las cuales estamos condenados a la haitianización, y a la vez tendremos un marco legal y político que defenderá nuestros intereses, nuestros derechos como ciudadanos y trabajadores, a la manera en que nunca podrá hacerlo una clase política nacional-independentista. Esta última únicamente invocará a la particular interpretación de la dignidad nacional que nos han impuesto, como recurso para pedirnos más y más sacrificios, al renunciar a las inversiones extranjeras, a la manera en que lo ha hecho el castrismo; o nos dejará indefensos ante los lobos, ante los capitales extranjeros y nacionales, como en el caso de los nuevos nacionalistas políticos de la oposición.

(Fragmento de un libro en preparación, con la ayuda de una beca de Cuba Democrática).


[1] En Cuba la propiedad es patrimonial, no social. Le pertenece a la élite político-burocrática, que es la única que tiene verdadero poder de decisión sobre ella, y la principal beneficiaria de su uso.

[2] Incluyo los meses de la segunda administración de Tomás Estrada Palma, la segunda administración del General Menocal, los cinco últimos años de Machado, todo el periodo que va desde la caída del Gobierno de los Cien Días hasta el 10 de octubre de 1940, y los últimos años de la República, a partir del Golpe de Estado de 10 de marzo de 1952.


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