De acaparadores, coleros y monopolios
Bastaría vender esos productos en días y horas específicos para cada libreta de abastecimiento y así haber evitado los focos de contagio que han sido y son las colas
Cogerla con coleros y acaparadores, y dejar el enfrentamiento a los mismos en manos de comisiones de ciudadanos, solo es una medida populista más del régimen. Una medida diseñada por demás para que el pueblo dé el paso al frente, se embarre las manos y la lengua, y le evite el desprestigio consiguiente a una policía que se reserva para el caso en que al régimen la cosa se le ponga fea de verdad.
La desigualdad de origen no la crean coleros y acaparadores, sino la ya vieja decisión gubernamental de vender productos básicos escasos no de forma racionada, sino por la libre, a precios demasiado elevados ya no para las entradas del cubano promedio, sino incluso para los precios de esos productos en cualquier otro mercado minorista del mundo.
En todo caso al primer acaparador-especulador que se debe señalar en Cuba es al capitalismo de Estado castrista, el cual ha establecido un monopolio de la venta de productos básicos, y gracias a ello especula de forma abusiva con sus precios. Que mantenga a su vez un mercado paralelo en que vende productos subsidiados no lo justifica, ya que el mismo no asegura el mínimo de la ingesta calórica básica ni para medio mes, y en cuanto a la de proteínas ni para una semana, por lo que todos los cubanos, excepto el parasitario 1 % favorecido por nutridas dietas, debemos obtener lo fundamental de nuestra alimentación en el mercado estatal sometido a precios de acaparador —no hablemos de otras necesidades básicas, como vestir o calzar, que sí no cuentan con un mercado subsidiado.
Esta de “abanderar” grupos de respuesta rápida para enfrentar a coleros y acaparadores es una medida que no lleva a ninguna parte, lo cual se comprende solo cuando usted está obligado a hacer constantemente colas, lo cual no es el caso de ninguno de los decisores gubernamentales cubanos —es impensable encontrarse a Díaz-Canel o a cualquier primer secretario de municipio en short, haciendo cola, a la manera del primer ministro portugués. ¿Cabe de acusar de colera a la mujer que a media mañana llega y marca tras de ti para cinco, como me ocurrió a mí ayer, y aclara que las cinco son compañeras suyas de trabajo en la Dirección Municipal de la FMC? En todo caso esta medida solo servirá para salpicar en la corrupción generalizada del cuadro administrativo sociolista a los miembros de las nuevas comisiones de abanderadas, y para permitirle a algunos vecinos saldar cuentas personales, al “echar palante” a supuestos o reales coleros y acaparadores.
Lo más racional, y justo, en una sociedad que por demás cuenta con un sistema de distribución normada que mal que bien funciona, habría sido desviar productos como aceite y pollo, o desodorante y jabón, hacia el mismo. Aun cuando en el mercado normado esos productos mantuvieran su precio del mercado monopólico estatal, sería en todo caso más justo que la solución actual (ya se venden en el mercado normado “módulos de aseo”, raciones de pollo, o arroz y frijol adicional al precio monopólico), y ciertamente más racional que mantener a la población de cola en cola, en medio de una epidemia que exige “distanciamiento social”. Bastaría vender esos productos en días y horas específicos para cada libreta de abastecimiento (todas cuentan con un número de orden que las identifica), para haber evitado desde un principio los focos de contagio que han sido y son las aglomeraciones en colas.
Es poco creíble que no se le pueda asignar un pomo de a kilogramo de aceite a cada núcleo familiar, cada tres meses, en un país en que en las condiciones actuales se venden en el mercado monopólico, trimestralmente, más de las 4000 toneladas de aceite necesarias para hacerlo. O que no se le pueda asignar un kilogramo de pollo cada tres meses a cada ciudadano, o un paquete de detergente de 500 gramos…
¿Que así no alcanza para mucho…? Cierto, pero al menos todos tendríamos lo mismo en esta situación de catástrofe nacional, en un país en que los dirigentes y medios se pasan el santo día hablándonos de la solidaridad como el valor fundamental de nuestra sociedad “maravillosa”, y de repartir equitativamente lo poco que se tiene. Además, se les daría una oportunidad de conseguir lo más necesario no solo a los que menos posibilidad tienen de invertir días y noches enteros en las colas, sino incluso a los de menos recursos. Porque vender el aceite, el desodorante, el pollo… a los precios monopólicos en el normado sería también una medida redistribucionista. Ya que los ciudadanos que no cuenten con los ingresos necesarios para adquirir lo que les toca, o sea, el aceite a dos dólares el kilogramo, simplemente podrían venderlos a los que tengan los medios para ellos. Con lo que el inevitable mercado de productos revendidos, en situación de escasez, quedaría en esencia como un recurso redistributivo no para los que tienen tiempo y salud para vivir en las colas, sino para que los sectores de menos ingresos mejoren los mismos, a la vez que el Estado no perdería sus ingresos por la venta de esos productos a precio de monopolio.
Mas la realidad es que el capitalismo de Estado castrista, la supercorporación encabezada por el CEO Díaz-Canel, no está para medidas redistribucionistas que no le sirvan explícitamente para fortalecer el clientelismo económico sobre el que se sostiene su poder absoluto. Al régimen castrista solo le importa redistribuir en la medida que ello les sirva para legitimar su control sobre la economía y la política del país, no por un verdadero interés en mejorar la vida de los cubanos; y ciertamente redistribuir del modo propuesto más arriba resulta problemático para ese interés legitimador. En primer lugar porque expondría de una manera demasiado transparente la existencia de un enorme sector de la población sin recursos para adquirir productos en ese mercado monopólico, lo cual queda hoy convenientemente velado por el carácter supuestamente voluntario de acceder al mercado monopolista, con precios especulativos: En teoría nadie obliga a ese retirado con chequera de 300 pesos a comprar aceite en la TRD (tienda recaudadora de divisas), es una cuestión de su libre voluntad comprar allí o no; pero ya no se puede hablar de libre voluntad cuando el retirado no puede comprar algo que le envían a su bodega, normado, porque simplemente no tiene dinero para esos precios.
No dejemos que los sofismas de la élite castro-canelista nos engañen: No se distribuye racionadamente no por ninguna de las razones que nos dan en Cubadebate y la Mesa Redonda, sino porque al hacerlo el régimen se vería ante una disyuntiva que no les deja ninguna salida positiva para ellos: o mantener los precios monopólicos en el mercado normado, o rebajarlos. Lo primero evidenciaría todavía más ese monopolio y sus precios especulativos, y a la vez crearía un mecanismo redistributivo activo, en el cual los ciudadanos deben vender lo que no pueden comprar, no tan usable para los fines clientelistas del régimen (es siempre mejor para estos fines un mecanismo pasivo, en que el que recibe solo debe consumir, pletórico de agradecimiento); lo segundo haría colapsar la precaria economía de un régimen incapaz ya incluso de producir tubérculos como el boniato o la yuca, el cual régimen desde el 24 de diciembre de 1972 —cuando se firmó el famoso acuerdo de cooperación de la URSS con Cuba— vive del mecenazgo de alguien más allá de sus fronteras: la URSS, Venezuela y ahora los emigrados, a los cuales se los explota al mantener en la Isla a sus familiares como rehenes (que muchos de esos familiares padezcan formas graves del Síndrome de Estocolmo no les resta ese carácter de rehenes).
Es por ello, por esa falta de posibilidades positivas en el cambio, que la junta directiva de la supercorporación capitalista de Estado ha optado por seguir mantener la forma de distribución “liberada”, incluso cuando ya ha creado unas nuevas tiendas recaudadoras de divisa. Los fundamentos de su poder son tan incoherentes con el discurso izquierdista en el cual se legítima, que cualquier cambio puede exponer lo que ya sólo el hábito y la costumbre incontrastada velan de alguna manera, sobre todo para los observadores foráneos.
Los acaparadores y revendedores son sin duda individuos que al ejercer un monopolio económico en medio de una situación de catástrofe nos afectan a todos, y deben de ser enfrentados por la comunidad. Sin embargo, resulta insultante cuando un capitalismo de Estado, practicante del más descarado modelo de acaparamiento y reventa, se da golpes en el pecho para expresarnos su rechazo a esas manifestaciones, y su decisión de combatir tales actividades.
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