Espera silenciosa

En uno de los artículos con los que Fidel Castro intenta dar señales de vida, se deja claro lo que sobrevendrá. Los soldados que intentaron secuestrar un avión el 3 de mayo último en La Habana, con saldo de muerte para un teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y un centinela, serán juzgados con "sangre fría".

Reclutados en agosto pasado, y provenientes de familias de bajos recursos, vecinos de un barrio periférico en la ciudad de Camagüey, fueron enviados a cumplir el servicio militar en la capital del país.

Desvinculados del estudio, el trabajo y en la marginalidad donde la revolución aún deja a muchos, cansados obviamente de las desigualdades existentes en una sociedad en crisis, estos jóvenes podrían ser condenados a penas máximas en cuestión de días.

Después de los sucesos, los familiares de Yoan Torres Martínez, de 21 años, se encuentran en los pasillos de una clínica militar en La Habana y versiones no oficiales apuntan que, además de estar aislado en una sala especial, es ejercida una fuerte vigilancia y sigilo sobre su estado de recuperación y próximo traslado a instituciones carcelarias.

No hay noticias de que se haya podido encontrar con su familia, pues a su madre le han dicho que él está en sistema de régimen penitenciario.

Yoan es el único que podría ser condenado a la pena máxima (el Código Penal indica la aplicación de la pena de muerte sólo a mayores de 20 años), pues los otros involucrados en los hechos, Leandro Cerezo Sirú y Alain Forbus Lameru, tienen apenas 19 años.

En las viviendas donde residieron hasta hace muy poco (allí sigue viviendo el grueso de sus respectivas familias), agentes del Ministerio del Interior no sólo impiden visitas de desconocidos, sino que vigilan el más mínimo movimiento y contacto entre familiares.

En los CDR de la vecindad se han organizado reuniones y mítines para pedir la cooperación de los vecinos en tal suerte de operativo y la población ha sido convocada a manifestarse con enérgico rechazo. Pese a un silencio que atemoriza, muchos temen que el juicio ocurra en las próximas semanas, si se tiene en cuenta la voracidad del sistema jurídico nacional.

Castigo masivo

Por otra parte, en la unidad militar de Managua, al oeste de La Habana, lugar inicial de los episodios y donde también cumplen el servicio militar otros camagüeyanos, ha quedado suspendido indefinidamente el sistema de pases, y no es posible el acceso a los servicios telefónicos externos por parte de los reclutas.

Los reclutas de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila que cumplen servicio en esta unidad no reciben su derecho al pase desde hace más de tres meses, mucho antes de que se produjeran los lamentables hechos.

Desde la huida e intento de secuestro no se han vuelto a distribuir fusiles AK para ejercicios de rutina, y sólo los integrantes del pelotón de seguridad tienen autorización para entrar al cuartel de armas y portar el rutinario armamento destinado a la vigilancia.

El cambio de la guardia ocurre con mucha tensión y, claro está, con fuertes dispositivos de observación y control por parte de los oficiales.

Por los mínimos mensajes de uno de los reclutas, que tenía previsto disfrutar de su pase el día de las madres y que sólo pudo comunicarse con su familia a través de un telefonema de pocos minutos, se pudo conocer que los jefes principales de la unidad militar de Managua han sido removidos de sus respectivos cargos.

Los nuevos jefes, militares de alto rango enviados por la jefatura del Ejército Occidental, prohíben que el tema del pase y otros de índole civil sean mencionados. Ellos han instaurado una férrea disciplina y orden milimétrico, según se pudo conocer a través de la propia fuente.

El gobierno acusó recientemente a Estados Unidos de incitar actos de piratería y terrorismo, como La Habana interpreta lo acontecido el 3 de mayo último.

Como se sabe, según versiones oficiales, tres jóvenes dieron muerte a un centinela. Uno de ellos, capturado tras la fuga, delató el plan. No obstante, Yoan y Leandro no sólo lograron secuestrar un ómnibus urbano, sino que llegaron a pedir condiciones para un rápido vuelo a Estados Unidos.

Sin embargo, si existe una moraleja, es que han quedado en evidencia las duras realidades sociopsicológicas por las que atraviesan muchos jóvenes en el país, donde es casi imposible disentir del discurso oficialista y ejercer cualquier tipo de controversia con la política del régimen.

Organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera de la Isla, han llamado la atención y temen sobre el futuro de los jóvenes asaltantes y las posibles condenas. La preocupación está basada en las coyunturas actuales que se viven en la Isla. El país está masivamente movilizado para condenar la liberación de Luis Posada Carriles y no sería nada nuevo que sobre los jóvenes recayera todo el peso del castigo ejemplarizante y los deseos de venganza.

De igual forma, existen expectativas por lo que podría pasar con los tres soldados que, también cumpliendo el Servicio Militar, protagonizaron en diciembre de 2006 una revuelta en el penal de El Manguito (Santiago de Cuba), y para huir del lugar, dieron muerte a dos oficiales del MINFAR.

Ellos también podrían afrontar la pena de muerte, aunque aún no han sido juzgados. Un silencio casi sepulcral sobre sus respectivas suertes, asusta.

© cubaencuentro.com