Jueces como policías, abogados como cómplices

De todo el proceso que me llevó una tarde desde mi casa hasta una celda de castigo, en la primavera del 2003 en Cuba, la parroquia más amarga y desoladora que tengo en la memoria, es la que reservo para la actuación del aparato de administración de justicia del país donde nací.

Las escenas del acto de juicio, en una sala que ardía bajo el mediodía habanero, pasan una y otra vez por el recuerdo. En cualquier momento, en los sitios más extravagantes (como una calle de Madrid, por ejemplo) en los que algún elemento de la realidad me dispare un fogonazo directo.

Pasa a menudo, con una nitidez digna de otra categoría de evocaciones, la figura del fiscal. Un hombre joven, de voz ronca, que se deslizaba con deleite por el discurso acusatorio y me quemaba el camisón gris del uniforme de preso con unos ojillos redondos y luminosos que se movían descontrolados del odio al delirio.

Una palabrería agotada por 40 años de procesos similares, prefabricados en los despachos de la policía política, que ha llevado a miles de cubanos de cuatro generaciones a la cárcel y que mantiene —ahora mismo— a 347 hombres en el mismo destino.

Con su chaqueta ajada, gris ratón, que le recomendó con saña algún sastre de disidencias íntimas y un descuido personal generalizado (tuve horas para observarlo con atención), aquel hombre me acusaba de todo, incursionaba en mi vida privada y la de mi familia, sacaba episodios y alteraba las fechas, me atribuía funciones que nunca realicé y me pasaba supuestos delitos de mi compañero de causa, el periodista Ricardo González Alfonso, que entró ya en el tercero de los 20 años que cumple en la prisión del Combinado del Este de La Habana.

Cuando la emprendió con mi amigo, después de dejarme convertido en un insecto, un vil traidor, un ladrón, un cobarde, pura escoria, lo sometió a él al mismo torrente difamatorio y descalificador, con la misma rabia. Sin un asomo de profesionalismo, sin inventario de pruebas, sólo con unos papeles amañados que mostraban de lejos a un tribunal que dibujaba barcos y floripondios en unas hojas de papel estraza.

Por cierto, sobre la mesa donde debían estar las pruebas que nos llevarían 8.000 noches a los calabozos (en mi caso hasta la muerte porque tenía 57 años), se podían ver unas máquinas de escribir, libros y revistas y fotos familiares y una cámara fotográfica que, entre otras cosas, estaba rota.

Instrucciones del gobierno del pueblo

Otro retrato que regresa a menudo a mi conciencia es un plano general de los magistrados. Ellos debían tener en sus manos nuestro porvenir, aunque ya estaba diseñado por los coroneles de la inteligencia por instrucciones precisas del gobierno del pueblo.

No puedo olvidar la cara del Presidente. En sus sesenta, fina corbata beige, buena presencia, espejuelos graduados y la mirada présbite y perdida, sin enfoque sobre ninguno de los dos acusados. Siempre a la búsqueda del techo o desviada hacia el turbión general de un público disciplinado y entusiasta formado (con la excepción de Blanca y Alida, nuestras esposas) por el curso íntegro de una escuela de oficiales de la Seguridad del Estado.

El señor Presidente del Tribunal, letrado de rango, notas sobresalientes en la Universidad, buen revolucionario, cumplidor de todas las tareas asignadas por las organizaciones de masas, personal de confianza, comprometido con el pensamiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro —colega de altas cumbres—, y fiel a su legado histórico.

Allí, desde la colina de su sillón escorado, pronunció, en las seis horas del juicio, cinco veces esta frase: "Compañeros, vamos a guardar el orden para darle solemnidad a este acto".

Brillante, ameno, fluido, pasó la última hora poniendo su firma de tres trazos sobre cuanto documento le pasaba por delante. Eso sí, serio, formal, comedido.

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