Nuevas tarifas eléctricas: El castigo colectivo

Generalizar la pobreza

Por su parte, aquellos a los que se pretende castigar más duramente, los "corruptos", los que viven de la especulación y de ingresos mal habidos, pueden cómodamente pagar cualquier incremento que se imponga o, sencillamente, crearán una nueva cadena de sobornos con los cobradores de la electricidad.

La historia de Cuba bajo el gobierno de Castro ha demostrado no sólo la inoperancia de cada medida económica, sino la increíble capacidad de los cubanos para crear recursos de supervivencia al margen de las leyes "revolucionarias". Las nuevas medidas acrecientan la brecha entre los más pobres y los nuevos ricos. Muchos de estos últimos, por cierto, están vinculados a entidades estatales, y disfrazan sus ilegalidades a la sombra de empresas o negocios oficiales.

El falso igualitarismo, que el Partido-Estado denomina "igualdad", sólo ha logrado generalizar la pobreza en Cuba, sin que se perciba la menor señal de mejoría, pese a las promesas huecas de "seguir avanzando en las condiciones de vida del pueblo". Es el mismo igualitarismo que en el discurso oficial nos hace tanto "revolucionarios y heroicos" como "corruptos o irresponsables", según convenga al poder.

También, al parecer, corresponde al pueblo de Cuba, como siempre, asumir los gastos por el consumo de energía eléctrica que supone el establecimiento de equipos de aire acondicionado y de plantas generadoras, en aquellas instalaciones destinadas a albergar venezolanos beneficiados con la Operación Milagro (que supone para ellos intervenciones quirúrgicas y asistencia médica especializada, en general); o todos los gastos que se derivan del enorme consumo de energía de las tareas priorizadas por la tristemente célebre "batalla de ideas".

El Estado, en Cuba, en la figura de un solo individuo, se erige como dador de bienes, dispensador de dádivas y prebendas selectivas, y asignador de castigos a voluntad. Parece olvidar, en medio de tanta prepotencia, que el Estado es huérfano, que no cuenta con riquezas propias sino que parasita —con su enorme cuerpo burocrático— sobre el verdadero productor de bienes y servicios, que es el ciudadano común.

Este ciudadano es quien aporta la economía que sustenta los servicios básicos de salud y educación, así como todos los descabellados planes de "desarrollo económico" o de politiquería solidaria que se le ocurren al sujeto-Estado, sin que siquiera tenga derecho, no ya a influir en las decisiones económicas, sino tampoco a recibir la información sobre el destino de los ingresos que le escamotea el gobierno que —además— exige fidelidad y gratitud.

La aparente tranquilidad con que los cubanos han recibido este nuevo gravamen, en contraste con la inconformidad creciente que se manifiesta en las opiniones, expuestas ya a viva voz en la calle, en las bodegas, en las atestadas paradas de ómnibus, en cualquier punto de pueblos y ciudades, hace sentir la atmósfera tensa y caldeada. Con toda seguridad, esta nueva gota en la copa ya colmada tendrá, como efectos inmediatos, más descontento, más ilegalidades y más corrupción. El Estado da el ejemplo.

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