Una solución equivocada

La falta de autonomía de los productores y vendedores constituye una carencia crónica. El administrador de uno de los mercados del municipio Arroyo Naranjo dice "que él no tiene autorización para bajar precios, aunque vea que los productos pierden calidad". Para hacerlo, estos administradores deben llamar por teléfono a la Empresa de Acopio (aunque muchos no tienen este servicio para comunicarse) y solicitar el envío de un especialista que determine cuáles de tales productos pueden depreciarse. Generalmente la lentitud del proceso hace que, cuando se realiza dicha valoración, ya los productos no sirven para el consumo humano.

Como la escasez en todos los lugares y épocas es fuente de especulación, se requiere de un reglamento de distribución de la pobreza. La inexistencia de ese regulador hace que muchos clientes no alcancen productos que luego reaparecen en otros lugares a precios superiores. En esos casos, se trata de situar la responsabilidad de la insuficiencia de la producción en los administradores, quienes deben ser capaces de partir el cake en pedazos más pequeños para satisfacer al mayor número de clientes. El hecho cierto es que con poca producción, el precio bajo sólo puede ser impuesto artificialmente.

Sin comprender que por ahí no es, algunos funcionarios plantean que Acopio es la contrapartida a "determinados productores que quieren andar por la libre" y, en consecuencia, se dirigen contra los productores y contra los intermediarios alternativos que acopian y pagan con inmediatez. Esos y otros problemas, en un país donde nadie vive del salario ni de la Seguridad Social, alimentan las "ilegalidades" y coadyuvan a convertir las conductas surgidas de la sobrevivencia en moral predominante.

Como ejemplo positivo, la prensa oficial destaca los mercados del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que presentan varias ventajas. Aquí, cuando los productos van perdiendo frescura, los administradores deciden inmediatamente la rebaja correspondiente; tienen precios diferentes en dependencia de los niveles de ingreso de la población donde están ubicados; los precios son inferiores a los máximos aprobados por el Consejo de la Administración Territorial del Poder Popular para cada mes; y las ventas están reguladas a determinada cantidad de libras por persona de acuerdo con la abundancia o escasez del producto.

Resulta que estos mercados "modelos" son administrados por militares, los cuales —en virtud de la fuerza de trabajo que emplean para producir— pueden vender a precios menores, lo que —en condiciones de escasez— es una buena oportunidad para los intermediarios alternativos. En fin, que el problema continúa y continuará hasta tanto no se produzca más para vender a precios bajos, para lo cual hay que abandonar la concepción del monopolio estatal y brindar libertades a los productores y vendedores. Sólo entonces los intermediarios, una necesidad de todas las sociedades, se adaptarán a vivir sin aprovecharse de la escasez.

Si hay que imitar a China o a Vietnam, entonces imitemos lo que hacen ahora y no lo que hicieron cuando eran modelos clásicos de distribución de hambre y miseria.

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