Vender y comprar vivienda en Cuba

El pasado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, el Decreto-Ley Número 288, Modificativo de la Ley No. 65, de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”. El Presidente del Consejo de Estado la firmó el 28 de octubre y los ministros del Banco Central, de Finanzas y Precios y de Justicia, así como, la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, firmaron las correspondientes resoluciones ejecutivas el 31 de octubre, coincidiendo con el Día de las Brujas o Halloween. Después de leer el texto publicado en la GO me he quedado con la duda si los que redactaron y firmaron estos documentos, estaban legislando en serio o practicaban una treta para celebrar el Día de las Brujas.

Hace mucho que la vivienda en Cuba no es problema, es catástrofe. A la fecha, el fondo habitacional está muy lejos de satisfacer las necesidades de la población, porque durante los años de socialismo, la construcción y el mantenimiento de los inmuebles no ha sido prioridad para el estado, que desde 1959 centralizó todo lo relacionado con la actividad inmobiliaria y limitó el acceso a los materiales de construcción que hubieran permitido la reparación de las viviendas existentes. El mercado negro, la especulación y la corrupción han encontrado un excelente caldo de cultivo alrededor de todo lo concerniente a la construcción y reparación de viviendas en la Isla. La infraestructura técnica y de servicios (alcantarillado, acueductos, red eléctrica, etc.) que demanda el entorno comunitario no ha recibido la debida atención. Por citar un ejemplo, el servicio de agua potable se ha reducido a través del tiempo y la población lo ha resuelto a su leal saber y entender, instalando dentro de las viviendas tanques con capacidad para cincuenta y cinco galones que sirven como depósitos de agua, creando la ilusión de que se tiene agua las 24 horas del día, cuando en realidad solo reciben el preciado líquido unas pocas horas, que puede ser en días alternos. También hay que tener en cuenta que en Cuba cada huracán ha hecho de las suyas y lo que se ha destruido nunca más se repara, con suerte, se remienda.

En el segundo semestre de 1959, la erradicación de los barrios insalubres en ciudades principales como La Habana y Santiago de Cuba fueron objeto de atención, pero poco tiempo después el proyecto se detuvo. A la par se crearon las zonas congeladas, para garantizar mejores condiciones de vida a los altos dirigentes del Gobierno y el Partido en las antiguas áreas residenciales de mayor poder adquisitivo. A través del tiempo, la sociedad cubana se ha ido estratificando como nunca antes, y en correspondencia con la profundización y aumento de las diferencias y desigualdades sociales y económicas, actualmente hay zonas más congeladas que otras. Por ejemplo, la llamada zona cero donde está el enclave de Castro.

En 1970, después del fracaso de la zafra de los 10 millones, en las asambleas de catarsis que se acostumbra convocar en Cuba, para crear ilusión de participación popular y liberar la tensión social acumulada por situaciones extremas creadas por las decisiones del Gobierno, la falta de vivienda se identificó como primera necesidad a resolver. Las viviendas se habían subdividido interiormente, las familias construían barbacoas, que nada tienen que ver con la carne asada en parrilla al aire libre, sino con sub divisiones de los inmuebles que desafían los cálculos originales de ingenieros y arquitectos para soportar la carga de las paredes. La respuesta a la demanda de la población fue la creación de las Microbrigadas para la Construcción de Viviendas. Si la población quería viviendas, que las construyera, porque las que habían dejado y continuaban dejando los que emigraban, eran para ser distribuidas a discreción. El primer contratiempo de las Micro fue el tiempo que se demoraban. Para construir un edificio de cinco plantas tardaban, con suerte, de cinco a diez años. Los que construían no eran constructores y los supervisores menos, por tanto no se cumplían las normas técnicas de construcción y a los dos o tres meses de ser habitados, empezaban a aparecer problemas con las instalaciones hidráulicas y eléctricas. Lo más deprimente era el momento de la asignación de la vivienda. En los centros de trabajo se hacían asambleas en las que participaban todos los trabajadores y los solicitantes tenían que justificar públicamente su necesidad de vivienda. Se llegaba a la extrema humillación y, en la desesperación por lograr un sitio para vivir, personas que habían convivido con cierto nivel de civilidad, mostraban lo peor de la condición humana. Además, las viviendas no se otorgaban solo a los que habían trabajado por años en la construcción del edificio, podía suceder que la dirección política decidiera que la necesidad de un dirigente definido como imprescindible, era mayor que la de cualquier otro trabajador. En fin, como dice el refrán, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. El movimiento de microbrigadas decayó y se comenzó a utilizar por las administraciones y direcciones de los centros de trabajo como forma de sacar a los trabajadores que le estaban incordiando. A mediados de los ochenta, se volvió a retomar, pero esta vez se concentró a los trabajadores en la zona de Alamar en el este de La Habana. A principio de los ochenta se produjo el éxodo del Mariel e internamente el Gobierno calculó que podría contar con algunas viviendas adicionales. Pero la mayoría de los que se fueron por el Mariel no dejaron casas ni apartamentos en la cantidad que oficialmente se había previsto.

En el segundo quinquenio de los ochenta, no se habían construido suficientes viviendas y las que se habían construido estaban presentando serios problemas de reparación y mantenimiento. La falta de mantenimiento del fondo habitacional construido antes de enero de 1959 agudizaba la escasez. El Mariel fue una conmoción política para la población que comenzó a reclamar en las asambleas locales con los delegados del poder popular a nivel de barrio. Las altas esferas llegaron a la conclusión de que si el mantenimiento de la vivienda es responsabilidad del dueño, había que otorgarle la propiedad de la vivienda a los que la estaban viviendo y así el Estado no sería responsable por la reparación y el mantenimiento. Era más fácil y menos complicado hacer una ley que le otorgara la propiedad a los usufructuarios, pero manteniendo el control sobre la propiedad. Es decir, la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda de diciembre de 1988, en realidad no se hizo para encontrar una solución, si no para crear una cortina de humo que desenfocara las quejas de la población sobre los problemas de vivienda. Por ejemplo, para dar mantenimiento y hacer reparaciones se necesitaban materiales que se vendían en cantidades fijas a los titulares, previa autorización del Comité de Defensa (CDR) y del delegado del poder popular correspondiente. Esas autorizaciones no garantizaban que después de una larga fila, que podía ser de semanas, se lograra adquirir los materiales solicitados. Pero, si se lograba un contacto en el mercado negro por un precio muy superior, los materiales se podían adquirir.

Esta nueva ley tiene algunas palabras claves que son interesantes. Primero, el Estado tiene que autorizar al que compra y al que vende. Segundo, todas las transacciones tienen que ser a través del Banco Central de Cuba y se debe depositar la cantidad de dinero total. Tercero, se autoriza a comprar y vender a las personas naturales cubanas con domicilio en el país y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional. Los dos primeros puntos no descentraliza la acción de compra-venta: el Estado sigue en completo y absoluto control. Lo novedoso es el tercer punto. El Gobierno cubano ha hecho una estratificación de los ciudadanos cubanos. Actualmente hay un grupo de cubanos a los que se le ha otorgado el PRE (Permiso de Residencia en el Exterior) bajo ciertas condiciones: deben viajar al territorio nacional antes de once meses y pagar una cantidad mensual en dólares o euros, la cantidad de este impuesto depende del país donde residen, y que pueden abonar en un solo pago en el consulado cubano antes de viajar a la Isla. A este grupo se les considera personas naturales residentes con domicilio en el país porque en sus pasaportes no se les ha estampado el sello de salida permanente. En ese grupo hay quienes han tenido éxito y han hecho capital, algunos tienen familia en la Isla y quisieran mejorarle las condiciones de vivienda, aunque no piensen regresar a vivir allá. A diferencia de otros países, las leyes en Cuba se diseñan para perjudicar o beneficiar a un grupo específico y no con una intención generalizadora de solucionar un problema. Hasta que no se demuestre lo contrario, con esta ley el Gobierno cubano piensa haber hallado otro filón para seguir manteniendo del narigón y extorsionando a los cubanos, refrendando privilegios y desigualdades sociales que cada vez son más notorias en Cuba.

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