Represión y apatía

Cuando las cazuelas sonaron en Buenos Aires, en horas barrieron con el Gobierno de Fernando de la Rúa. No ha sucedido lo mismo en Venezuela —ni en la de Hugo Chávez ni en la de Nicolás Maduro—, donde por años las protestas han indicado un grado de desacuerdo con el régimen a veces creciente, pero sin llegar al grado de una revuelta popular. Ahora las muestras de descontento son casi cotidianas en Nicaragua, donde el 26 de este mes de mayo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) elevó a 81 el número de personas fallecidas en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, a causa de las manifestaciones en contra y a favor del presidente Daniel Ortega.

En La Habana, sin embargo, las marchas de las Damas de Blanco lograron en una época una amplia difusión en la prensa extranjera, pero mostraron también la incapacidad de la población de la Isla para apoyar una queja y convertirla en un reclamo masivo.

Varios factores conspiran para que en Cuba no ocurra lo que sucedió en Argentina, y tampoco lo que ha ocurrido en Venezuela, hasta ahora sin resultados de cambio de gobierno, o en Nicaragua, que se enfrenta hoy por hoy a un futuro incierto.

El primero es que ya ocurrió y la represión fue total, durante los primeros años del proceso revolucionario. El segundo es que más allá de las simples turbas controladas, el régimen cuenta con tropas y equipos motorizados, preparados para poner fin a cualquier manifestación popular, al igual que ocurre en Venezuela y Nicaragua. A ello se une la existencia de una fuerza paramilitar, que ha demostrado su rapidez y capacidad represora en otras ocasiones.

Pero otro importante factor, que demora o impide un movimiento espontáneo de protesta masiva, es la apatía y desmoralización de la población. La inercia y la falta de esperanza de los habitantes del país. Su falta de fe en ser ellos quienes produzcan un cambio. El Gobierno de los hermanos Castro eliminó —o al menos adormeció— el afán de protagonismo político, tan propio del cubano, en buena parte de los residentes de la Isla.

Aunque siempre ha existido un temor —en determinadas circunstancias creciente, en otros en una aparente suspensión—, por parte del Gobierno cubano, de que un estallido popular pudiera ocurrir en cualquier momento. La táctica del silencio ha sido utilizada una y otra vez, para ignorar las actividades de la disidencia, o el empleo de campañas nacionales e internacionales para desvirtuar la labor de los opositores, algo a lo que, por otra parte, han contribuido rencillas y conductas de quienes han asumido la tarea de enfrentarse al Gobierno, desde las posiciones más diversas y con las tácticas que han considerado adecuadas según sus propósitos.

Desde el enmascaramiento de la situación real del país, apelando a la gramática universal de la infamia al hablar de una “campaña mediática contra Cuba”, hasta el simple encarcelamiento —más o menos largo—, los recursos desplegados han sido múltiples y los objetivos diversos.

El no ceder una pulgada, el no admitir siquiera la necesidad de reconsiderar una política de represión feroz que no admite la menor disidencia, no es algo nuevo en Cuba. Ello no exime a esa actitud de ser una muestra de debilidad del sistema.

En gran medida, esa debilidad es consecuencia de los tres pilares en que se fundamenta el Gobierno cubano: represión, escasez y corrupción.

Por parte del régimen de La Habana, el exigir una posición incondicional siempre ha sido el abrir la puerta a oportunistas de todo tipo, quienes a su vez se han desarrollado gracias a la escasez generalizada. El resultado ha sido nefasto para el país, pero acorde a la estrategia de conservar el poder a cualquier precio.

Si quienes ejercen el poder admitieran un mínimo de cordura y dieran muestras de superar el encasillamiento que se ha mantenido por décadas, el peligro de un estallido social disminuiría. De lo contrario, lo único que se hace es alimentarlo a diario.

Mientras el Gobierno cubano se empeñe en definir su estrategia entre la apatía y la violencia, corre un peligro permanente de caos e ira, que hasta el momento ha podido controlar, pero no se sabe hasta cuándo.

Si ha resultado una táctica errónea e inhumana el intentar utilizar un agravamiento general de la situación económica como detonante social —ya sea mediante el embargo o en otra época mediante las restricciones al envío de remesas y los viajes familiares—, es igualmente irracional, y un ejemplo de afán desmedido de poder, el no ceder un ápice en las libertades y garantías ciudadanas.

Detrás de este control extremo, que no permite manifestación alguna de los derechos humanos, hay un fin mezquino. El mantenimiento de una serie de privilegios y prebendas. La represión política actúa como complemento fundamental de otra de índole económica y colectiva en todos los órdenes, que ha penetrado toda la sociedad. En última instancia, el régimen sabe que el peligro mayor no es la posibilidad de que la población se lance a la calle pidiendo libertades políticas, sino expresando sus frustraciones sociales y económicas.

De producirse un estallido social en Cuba, el régimen lo reprimirá con firmeza. No hacerlo sería la negación de su esencia y su fin a corto plazo. Imposible no usar la violencia. En cualquier caso, lleva las de perder. La habilidad del Gobierno radica en evitar las situaciones de este tipo. El “maleconazo” de 1994 logró sortearlo con una avalancha de balsas hacia la Florida. Esa salida está agotada.

La represión en su forma más desnuda —arrestos y muertos— no conlleva necesariamente el inmediato fin de un régimen totalitario, pero puede hacerlo tambalearse frente a un precipicio. Ningún dictador tiene a su alcance un manual que lo guíe, sino ejemplos aislados: los hay tanto de supervivencia, el caso de China, como de desplome, el de Rumania. El régimen de La Habana cuenta con una sagacidad de control a toda prueba. Pero, ¿hasta cuándo y hasta dónde?

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