Dos reelecciones marcan los extremos de la apretada agenda electoral durante este año en Latinoamérica. El anunciado triunfo logrado recientemente por el presidente colombiano Álvaro Uribe se coloca en el polo opuesto de la consulta en las urnas venezolanas, programada para diciembre y donde se anuncia que el mandatario venezolano, Hugo Chávez, resultará igualmente vencedor.

La falta de sorpresas en estas dos elecciones presidenciales —caso de no producirse cambios sustanciales en Caracas en los próximos meses— contrasta con la incertidumbre en países como Perú y México.

Definida la situación latinoamericana entre ambos parámetros, Uribe y Chávez vienen a sintetizar una unidad y lucha de contrarios que permiten las definiciones en blanco y negro: ambos son mandatarios capaces de polarizar las opiniones y dejar poco margen a definiciones más amplias.

¿Versión reducida de la Guerra Fría?

El colombiano es el principal aliado en la región del presidente norteamericano, George W. Bush, y firmante de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por su parte, el venezolano es el seguidor declarado del gobernante cubano, Fidel Castro, enemigo de la globalización y abanderado de un acuerdo comercial creado específicamente para oponerse a los nexos comerciales que quiere establecer Washington.

Para Uribe, un clima de seguridad y confianza que facilite la inversión extranjera es la vía para lograr el desarrollo económico que posibilite la salida de la pobreza. Chávez, por el contrario, apuesta al socialismo, el control estatal y los programas sociales de corte populista.

A primera vista podría parecer que ambos modelos batallan por imponerse en la zona —semejando una especie de versión reducida de la Guerra Fría— y obligando a los países vecinos a definirse al respecto. Aunque los resultados de la elección presidencial peruana influirán en esta ecuación, no parece probable que esto ocurra, porque Colombia es una nación volcada sobre sí misma, sin interés en desempeñar un papel continental.

Ni Bogotá busca una hegemonía continental, ni tampoco su presidente. A diferencia de Chávez, Uribe es una figura política poco conocida fuera de su país, que mantiene una singular relación con Bush y recibe un trato preferencial de Washington, pero sin que esto implique un interés en un liderazgo regional.

La explicación radica en que tanto Colombia como Venezuela tienen gran importancia por un artículo de exportación, de gran valor en ambos casos pero con características opuestas. Si el petróleo venezolano alimenta los sueños de grandeza de Chávez, la cocaína colombiana es la razón fundamental para que Uribe sea admitido como huésped especial en la Casa Blanca. Son dos productos opuestos en múltiples sentidos, pero que comparten un mercado común: las calles norteamericanas.

Sólo que al papel de Chávez —como importante productor y factor clave en el control del mercado petrolero— se contrapone el desempeño de Uribe como figura clave para combatir el narcotráfico y tratar de reducir la producción de coca.

Será posible entonces algún día escribir sus biografías combinadas, no como vidas paralelas sino como destinos divergentes, en los cuales abundan las diferencias pero hay también algún punto de unión, en especial en la tendencia hacia un gobierno de mano dura, donde el "hombre fuerte" ha logrado ganar adeptos en un electorado cansado de la corrupción (Venezuela) o la violencia y el crimen (Colombia).

Características nacionales

Son las características nacionales las que explican el impresionante triunfo de Uribe, que erróneamente se ha interpretado como un freno al efecto dominó latinoamericano que ha llevado a una victoria tras otra de los candidatos de izquierda.

En Colombia lo que se impuso fue el rechazo a la guerrilla, la inseguridad ciudadana y los partidos tradicionales (en esto último hay una semejanza con lo que viene ocurriendo en Venezuela).

A esto hay que sumar la presión ejercida por los grupos paramilitares —que pese a su participación en un controversial proceso de pacificación amenazaron como nunca, en campos y ciudades, a todos los posibles o imaginarios opositores a Uribe— y el hecho de que los principales medios de comunicación —propiedad de los mayores grupos económicos del país— favorecieron abiertamente la reelección.

Un ejemplo de amenaza utilizada durante la campaña, fue un mensaje firmado por el autodenominado "brazo armado de las ex AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]" enviado a universidades y algunos periodistas, entre ellos el corresponsal de El Nuevo Herald de Miami en Colombia, Gonzalo Guillén, que en uno de sus párrafos afirmaba: "estamos en pie de lucha a sangre y fuego contra cualquier interés que no sea el de la continuidad del período presidencial de nuestro legítimo líder. No permitiremos que sea otro el resultado […] En este momento tenemos varios de sus líderes en la mira […] Nos declaramos en guerra abierta total y de frente contra toda esta partida de revoltosos, contra todo el que no acepte la legitimidad del señor presidente Álvaro Uribe Vélez".

El propio Uribe no ha dudado en declararse un "demócrata con autoridad", según un cable de la Agence France Presse fechado el 26 de mayo de este año, y de polarizar su campaña de reelección al extremo de lanzar el mensaje de que los electores debían escoger entre él o una "catástrofe", en un reportaje aparecido el 28 de mayo en The New York Times (el mandatario luego negó haber pronunciado esas palabras).

Las sendas contrarias por las que avanzan Bogotá y Caracas tienen entonces en común la inclinación hacia un autoritarismo democrático, que les ha servido para prolongar sus mandatos. Autoritarismo que hasta el momento ha sido más pronunciado en el caso de Chávez, quien ha modificado a su conveniencia el poder judicial.

Seguridad vs. libertad

El concepto de autoritarismo democrático ha ganado adeptos en América Latina, que tradicionalmente se había movido entre la dicotomía de dictadura y democracia. En su práctica actual, corresponde a un mundo posterior a la Guerra Fría, donde los totalitarismos de izquierda y derecha demostraron no sólo su crueldad sino también su ineficacia.

Si bien la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética no significó el fin del comunismo totalitario, con la persistencia de los regímenes chino, vietnamita, norcoreano y cubano, sí anuló el planteamiento de una "dictadura proletaria" como meta de gobierno, incluso entre los iniciados y conspiradores.

Salvo en reducidos grupos de la izquierda reaccionaria —de efectividad política nula—, el ideal de una toma del poder mediante la violencia carece de posibilidades. Mucho más plausible es, sin embargo, la táctica de una llegada al gobierno mediante las urnas, para una vez en el poder disponer de la autoridad necesaria para imponer una serie de medidas radicales. Es lo que está intentando Evo Morales en Bolivia y lleva a cabo paulatinamente Chávez en Venezuela.

Para la derecha conservadora, el autoritarismo democrático es una superación de un criterio formulado por Jeane Kirkpatrick en 1979.

En un artículo aparecido ese año en la revista Comentary —titulado "Dictaduras y Doble Moral"—, Kirkpatrick había justificado las dictaduras latinoamericanas con una distinción del agrado de la reacción. Los gobiernos como la dictadura de Somoza en Nicaragua —escribió entonces Kirkpatrick— eran autoritarios, no totalitarios en el sentido de los regímenes imperantes en los países comunistas. Por lo tanto, debían ser apoyados por Estados Unidos, porque existía la esperanza de que evolucionaran hacia la democracia.

No era una idea nueva. Se trataba de la vieja aserción de que algunos dictadores latinoamericanos eran unos hijos de puta, pero "nuestros hijos de puta". Planteado en un lenguaje académico, sirvió de fundamento ideológico a los conservadores, que poco tiempo después llegaban al poder con el gobierno de Ronald Reagan.

Aunque en la práctica la idea ha mantenido su vigencia durante el gobierno de George W. Bush, con vínculos estrechos con las dictaduras de Pakistán y Arabia Saudí, el actual presidente norteamericano inició su segundo mandato promulgando la meta de llevar la "libertad" a los pueblos oprimidos. En realidad, poco o nada se ha materializado de esta iniciativa, difícil de conciliar con los intereses específicos de EE UU.

Por otra parte, no se trata de echarle toda la culpa a los gobiernos republicanos. Durante sus dos mandatos, Bill Clinton se limitó a intentar llevar la democracia "mediante el comercio" a naciones oprimidas —en especial a China y Vietnam— y una tardía intervención "por razones humanitarias" en Bosnia y Kosovo.

El concepto de autoritarismo democrático es un oxímoron similar al conservadurismo compasivo que Bush ya casi no repite. Pero tras él se encuentra una realidad: los votantes latinoamericanos —y de otras partes también, en Estados Unidos ha ocurrido algo similar— están dispuestos a sacrificar algunas de sus libertades en favor de cierta estabilidad política, social y económica.

Una encuesta, realizada por Naciones Unidas en abril de 2004, interrogó a 19.000 latinoamericanos en 18 naciones. Entre sus resultados hay un dato alarmante: la mayoría dijo preferir a un dictador sobre un líder electo democráticamente en las urnas si éste era capaz de brindarle beneficios económicos.

Nuevos retos

Uribe es el primer presidente colombiano que gana una reelección desde Rafael Núñez en 1892. Su segunda victoria, con el apoyo de 7,3 millones de electores que le otorgaron la cifra récord de 62 por ciento de votantes, fue superior a su triunfo anterior, donde obtuvo el 53 por ciento de los votos.

Sus índices de popularidad lo han colocado en los primeros lugares entre los líderes latinoamericanos. Pese a todo, enfrenta graves retos, no sólo respecto al proceso de paz y la lucha contra el narcotráfico, sino en el enfrentamiento de la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población colombiana.

Washington ha entregado unos 4.000 millones de dólares a Bogotá para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. La fuente para estos fondos ha sido el Plan Colombia, creado bajo el gobierno de Bill Clinton, que está a punto de concluir. El país necesita ser catalogado de "socio estratégico" por EE UU —una categoría que incluye a naciones como México, Israel y Egipto— para recibir inversiones norteamericanas de una forma más flexible. Es seguro que la administración Bush estará dispuesta a brindar esa ayuda, pero también que los congresos de ambas naciones aprueben el tratado de libre comercio firmado por los respectivos mandatarios.

Por grande que sea la ayuda norteamericana, la mayor parte del intercambio comercial ocurre entre Venezuela y Colombia. Chávez ya se ha retirado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres (G3), del que Venezuela formaba parte junto a México y Colombia desde 1989.

La victoria de Uribe, cuya coalición también obtuvo mayoría legislativa el 12 de marzo, permitirá que éste lleve a cabo su plan de reformas y contribuirá sin duda a que la economía nacional continúe su crecimiento y las acciones y los bonos colombianos sigan en alza.

Narcotráfico y derechos humanos

Uno de los problemas que el presidente reelecto tendrá que resolver será convencer al congreso norteamericano de la efectividad de su plan contra el narcotráfico y el cultivo de coca.

Un informe reciente de la oficina de lucha contra las drogas en Washington mostró que la producción de coca había aumentado un 25 por ciento en Colombia en 2005. Los funcionarios atribuyeron el alza a un cambio de metodología, pero quienes se oponen a la voluminosa ayuda a Bogotá declararon que era una prueba más de que el plan antidrogas era un fracaso.

El otro frente que provoca inquietudes en algunos congresistas norteamericanos es el respeto a los derechos humanos en la nación sudamericana. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, acaba de certificar que "la protección de los derechos humanos en Colombia está mejorando con el presidente Álvaro Uribe", condición necesaria para que se otorgue un nuevo desembolso de ayuda militar.

Esta afirmación, sin embargo, no es compartida por todos. El propio Departamento de Estado, en su Informe sobre Prácticas de los Países en Derechos Humanos 2005, dado a conocer en marzo de este año, colocaba a Colombia junto a Cuba, Ecuador y Venezuela como países bajo "amplia observación" en Latinoamérica. El caso colombiano aparece incluido en el grupo de países "donde algunas de las más graves violaciones son cometidas por gobiernos en el contexto de conflictos armados internos o fronterizos". Añadía que en este país se había producido una "reducción en los asesinatos y secuestros".

A su vez, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, presentó en febrero de este año un informe donde denunciaba "una gran cantidad de despiadados desmanes cometidos durante 2005 por agentes estatales contra la población civil".

Hay que preguntarse hasta dónde puede mantenerse este sacrificio de ciertas libertades y las persistentes violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo lograr una victoria aplastante en las urnas. En los casos de Venezuela y Colombia, la interrogante es aún más apremiante porque se trata de economías y gobiernos demasiado sensibles a factores externos, como el precio del petróleo en los mercados mundiales para el primero y la multimillonaria ayuda norteamericana en el segundo.

Tras el triunfo

Chávez ya ha expresado su deseo de perpetuarse en el poder. En el caso de Uribe, existe la posibilidad de que en el futuro intente un nuevo cambio constitucional y opte por buscar un tercer mandato. Hasta ahora el mandatario ha expresado una idea contraria, pero nada puede asegurar que su victoria arrolladora no lo impulse a un cambio.

Un triunfo arrollador en las urnas no garantiza una popularidad permanente. Ocurrió con Alberto Fujimori en Perú y sucede actualmente con Bush en EE UU. Otras fuerzas políticas se están desarrollando en Colombia alejadas de Uribe.

La izquierda democrática obtuvo un importante logro en la reciente elección colombiana. El senador Carlos Gaviria, candidato de la coalición izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), logró un 22 por ciento de los votos, con 2,6 millones de electores. La cifra no sólo es relativamente elevada para esta nación tradicional y conservadora, sino que convierte al PDA en la principal fuerza opositora.

Un último aspecto a destacar tras el triunfo de Uribe es que éste beneficia más que perjudica a Castro. No sólo el presidente colombiano había expresado su intención de viajar a La Habana en caso de resultar reelecto, sino que el gobernante cubano continúa jugando un papel importante en el proceso de paz que se desarrolla en la nación sudamericana.

Mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúen en su negativa de negociar con el gobierno, a Bogotá sólo le quedan las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se celebran en Cuba, para mostrar su capacidad negociadora con la guerrilla izquierdista.

La victoria anunciada de Uribe poco significa para el panorama político latinoamericano, salvo la posibilidad de que continúe una negociación hacia la paz que en estos momentos más parece un estancamiento que una esperanza.

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