Alguna vez expliqué por qué Lisboa me recordaba a Bogotá. No a la de hoy, claro está, sino a la otra, a la Bogotá olvidada de mi infancia.

El propio Portugal se parece a la Colombia de entonces, la que sólo recordamos quienes hemos dejado atrás la raya crepuscular de los sesenta años. Me bastaría un ejemplo para confirmar esa semejanza. Un miércoles cualquiera, a la diez y media de la mañana, encontramos sentado a la mesa de una célebre pastelería de Lisboa, tomando café y leyendo el periódico en la más absorta soledad, al presidente Jorge Sampaio. Estaba allí como un ciudadano cualquiera, sin escoltas.

Recordé que también en la Colombia olvidada de mi infancia podía darse el caso de que un presidente anduviese por la calle sin los aparatosos dispositivos de seguridad de hoy. Muchas veces vimos pasar delante del liceo donde yo estudiaba al presidente Eduardo Santos. Se permitía un paseo matinal desde su casa, en la calle 69 con la carrera 13, antes de abordar el automóvil que lo llevaría a su despacho en la Casa de Nariño.

"Aquí nunca pasa nada", les oía decir yo a mis condiscípulos, sorprendidos de comparar nuestra situación de país pacífico con la de un continente salpicado de golpes de cuartel, de dictaduras o insurrecciones populares, donde podía ocurrir, como en Bolivia, que a un presidente depuesto lo colgaran de un farol. Nada de eso nos correspondía vivir.

El día que lo cambió todo

Nadie reconocería en ese retrato a la Colombia de hoy, un país explosivo, expuesto al terrorismo de guerrillas y paramilitares y a todos los desastres que supone el narcotráfico por tener el triste prestigio de ser el primer productor de cocaína en el mundo. La realidad es que el cuadro que encontró el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, al llegar al poder en agosto de 2002, no podía ser más tenebroso.

Se venían registrando algo así como 35.000 homicidios y 3.000 secuestros por año. La guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la del ELN (Ejército de Liberación Nacional), dos organizaciones de extrema izquierda empeñadas en llegar al poder por las armas, tenían presencia en 876 municipios (74 por ciento de los municipios que existen en Colombia), contenidas apenas por las llamadas Autodefensas Campesinas o paramilitares, como se les designa erróneamente, que se valían de iguales métodos atroces de lucha.

Y para hacer más sombrío este cuadro, otro fenómeno igualmente grave: el creciente deterioro del Estado y de sus instituciones, pues, en la Colombia de hoy, como en muchos otros países latinoamericanos, se advierte el descrédito de los partidos y de la clase política tradicional, la corrupción, el clientelismo, la inflación burocrática y el agrietamiento de una justicia que deja en la impunidad un gran número de delitos.

¿Cómo puede explicarse que en el transcurso de una sola generación —la mía— una nación estable y tranquila se haya convertido en el país más amenazado y turbulento del continente? ¿En qué momento perdió su rumbo?

Esta pregunta, formulada en términos más crudos (¿en qué momento se jodió Colombia?), dio lugar a un libro en el cual varios analistas políticos fuimos invitados a dar una respuesta. La mía fue bastante precisa. Me atreví a decir el día y aun la hora en que todo nuestro destino cambió y no para bien sino para mal. El día en que perdimos la felicidad, dijo alguna vez García Márquez.

Fue el viernes 9 de abril de 1948 a la una y cinco de la tarde, día y hora en que el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Acababa de salir de su oficina; cruzaba la calle al lado de mi padre cuando delante de él surgió un hombre pequeño, pálido y con una barba de tres días ensombreciéndole el rostro y le disparó tres tiros de revólver.

Yo —entonces un muchacho de quince años de edad— escuché los tres disparos desde una cafetería cuyo ventanal daba a la calle. Bajé corriendo, corriendo me acerqué al cuerpo que había quedado tendido en la acera y me encontré de pronto arrodillado junto al líder moribundo. Le temblaba un párpado, recuerdo, y en su rostro había quedado esculpida una expresión amarga, como si adivinase la grieta negra que con su muerte se le abría a Colombia.

Jorge Eliécer Gaitán era hijo de un modesto librero y de una maestra de escuela, de rasgos mestizos (la clase alta lo satirizaba llamándolo el indio o el negro Gaitán), dueño de una garganta prodigiosa y de un verbo arrasador que enloquecía multitudes, su discurso contra lo que él llamaba las oligarquías tuvo un eco profundo en el pueblo raso de las grandes ciudades y gradualmente también en los sectores campesinos del país, quebrando de ese modo el soporte electoral de los tradicionales dirigentes liberales y conservadores. Cuando fue asesinado ya se había hecho dueño del Partido Liberal y era el candidato que tenía asegurado un aparatoso triunfo en las elecciones presidenciales de 1950.

Si en vez de su trágico final, hubiese Gaitán llegado al poder, el suyo habría sido seguramente un gobierno de izquierda, en una línea de filiación ideológica muy cercana a la de partidos como el APRA peruano, Acción Democrática en Venezuela o el partido de Lázaro Cárdenas en México. Es siempre aventurado comprometerse en juegos de política ficción.

No obstante, más que presumible es seguro que, dadas la tradición institucional del país, el perfil democrático de Gaitán y el vastísimo apoyo popular que tenía, cualquier opción de lucha armada al servicio de un proyecto revolucionario habría quedado descartada.

En otras palabras, no habrían surgido guerrillas en Colombia. Tampoco habría prosperado el clientelismo político a cargo de barones o caciques regionales, porque el propio Gaitán, anticipándose a fenómenos que después aparecerían en el continente, había establecido en su discurso una frontera categórica entre lo que llamaba el país nacional y el país político.

Todas esas nuevas y necesarias opciones se derrumbaron con los tres disparos que escuché el 9 de abril de 1948 desde una ventana. El país que habíamos conocido sucumbió para siempre aquel viernes enardecido, húmedo de sangre y envuelto en ráfagas de lluvia y humaredas de incendio. Ardían tranvías y edificios públicos. Muchedumbres enloquecidas y armadas de machetes recorrían las calles. En la noche y al día siguiente la revuelta popular fue sofocada de una manera brutal. Cuatro mil muertos quedaron en las calles de Bogotá. Sólo delante de mi casa conté dieciocho cadáveres.

A partir de entonces, la violencia fue protagonista central de nuestra vida política. En noviembre de 1949 el gobierno conservador de Ospina Pérez cerró el Congreso; en las elecciones de 1950 no hubo más candidato que el del partido dueño del poder y la violencia contra la oposición se hizo sentir en las aldeas provocando el éxodo hacia las ciudades de millares de liberales.

El 5 de septiembre de 1952, en Bogotá, fueron incendiadas las sedes de El Tiempo y El Espectador —los dos principales diarios de oposición— y las casas de los jefes del Partido Liberal, quienes debieron partir al exilio. Semejante represión, que ha sido bautizada piadosamente por los historiadores con el nombre de la violencia, como si fuese un castigo venido del cielo, produjo 300.000 muertos en el país.

Desalojados de sus tierras de manera violenta, los campesinos liberales, que habían sido devotos de Gaitán, formaron guerrillas. Su suerte fue diversa. Cuando finalmente, dada la caótica situación del país, un golpe militar llevó al poder al general Rojas Pinilla, movimientos de guerrilla como los surgidos en los llanos orientales del país aceptaron la amnistía ofrecida por el gobierno; otras fueron asimiladas a grupos de bandoleros y otras, en fin, catequizadas por el Partido Comunista, dieron lugar a las FARC.

El general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder el 13 de junio de 1953, mediante un clásico golpe de cuartel dado al presidente conservador Laureano Gómez. A primera vista, dicho golpe parecería insólito en un país como Colombia, de larga tradición institucional y con unas Fuerzas Armadas que siempre habían obedecido al poder civil.

Sin embargo, tal era la situación de violencia y represión vivida por el país, que la mayoría de los colombianos recibió con alborozo el nuevo gobierno y le dio un esperanzado apoyo. Se esperaba que un militar en el poder pusiera fin a la violencia ejercida contra el partido mayoritario del país y restableciera las libertades fundamentales, entre ellas la de prensa. A la vuelta de poco tiempo, tales ilusiones se evaporaron. La realidad fue otra.

Como ocurría con las dictaduras militares que entonces proliferaban en el continente —por cierto, con apoyo del Departamento de Estado—, el gobierno de Rojas tomó un cariz abiertamente autoritario, estableciendo primero una rígida censura de prensa, luego clausurando los diarios liberales El Tiempo y El Espectador, y permitiendo que la Policía disolviera a bala desfiles estudiantiles de protesta, el 8 y 9 de junio de 1954, con un alto saldo de muertos y heridos. De esta manera, la violencia siguió siendo protagonista en la vida política del país.

Dos personajes jugaron un papel decisivo para obtener el derrocamiento del general Rojas Pinilla y para devolverle a Colombia un cauce institucional: el ex presidente liberal Alberto Lleras Camargo y el ex presidente conservador Laureano Gómez. Su histórico encuentro en el balneario español de Benidorm, en 1956, y el acuerdo que entonces suscribieron, puso fin al viejo enfrentamiento de los dos partidos tradicionales y los unió en el empeño de restablecer gobiernos civiles.

Finalmente, un gran paro nacional, con fuerte respaldo de los estamentos políticos y sociales del país, precipitó la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957 y dio lugar al nacimiento de lo que se denominó el Frente Nacional, o sea, un singular experimento institucional y político, aprobado caudalosamente por los colombianos mediante un plebiscito, que permitió a liberales y conservadores compartir el poder por partes iguales durante dieciséis años, tanto en la administración pública como en el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.

Quedó estipulado también que la Presidencia de la República se rotaría cada cuatro años, de modo que un presidente liberal debería ser sustituido por un conservador y viceversa.

Guerrilla y clientelismo

El Frente Nacional, que duró desde 1958 hasta 1974, fue saludado por una cierta retórica muy propia de la época como un noble y necesario acuerdo patriótico, pese a las severas restricciones que suponía el libre juego democrático.

Visto hoy, con la perspectiva de los años, es justo reconocer que este sistema de poder compartido por mitad durante un lapso tan amplio puso fin a la violencia partidista en Colombia. Nunca más hubo muertos liberales o conservadores en la lucha por el poder. Esa página, más propia del siglo XIX, se dobló para siempre. Pero —sólo hoy podemos verlo con toda objetividad— ese remedio tan particular dio lugar a graves males que hoy padecemos.

En primer lugar, la guerrilla. Repartiendo el poder entre los dos partidos de manera excluyente para cualquier otra fuerza política, enviamos al monte a la izquierda más radical, convencida de que el único medio de cambiar un orden de cosas —para ella deformado por privilegios y desigualdades sociales— era la lucha armada. El otro mal ocasionado o promovido por ese sistema fue el clientelismo político con todas sus perversas secuelas.

Ciertamente, las FARC habían aparecido antes de que se estableciera el Frente Nacional, cuando las guerrillas formadas por desesperados opositores liberales, desalojados de sus tierras y aldeas por la represión oficial, fueron finalmente catequizadas por el Partido Comunista. Y, como atrás queda dicho, cerrándoles cualquier espacio de representación política a las nuevas y pequeñas vertientes radicales del país —comunistas, castristas o maoístas—, el Frente Nacional los afincó en la idea de la lucha armada como único camino.

Surgido hacia 1966, el ELN tuvo su origen en la efervescencia revolucionaria suscitada en esa década, en todo el continente, por la Revolución cubana. Típica enajenación de aquel momento, enajenación que consistía en menospreciar las instituciones democráticas, incluyendo partidos y elecciones, para valorizar la supuesta terapia redentora de las armas, ella empujó hacia la guerrilla a un buen número de jóvenes idealistas e incluso a figuras tan honestas como el sacerdote Camilo Torres.

Tales focos guerrilleros fracasaron en muchos países del continente, pero no en Colombia, donde el movimiento armado fue extendiéndose como un cáncer a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo explicarlo?

A primera vista, nada parece justificar la extensión y fortaleza de la guerrilla. Nunca ella ha sido popular. La rechaza, según las encuestas, el 97 por ciento de los colombianos, sobre todo en los últimos tiempos, cuando ha asumido un cariz abiertamente terrorista. Por otra parte, la democracia colombiana, con todas sus imperfecciones, es más sólida y confiable que la de muchos de los países latinoamericanos donde hubo guerrillas en los años sesenta.

¿Por qué, entonces, organizaciones como las FARC han logrado abrir 117 frentes, reclutar 17.000 hombres en las áreas rurales y 10.000 milicianos en las zonas urbanas? Pues bien, ello se debe, a mi modo de ver, a tres factores. El primero es la aparición del narcotráfico y de los recursos millonarios que de él derivan las organizaciones armadas de izquierda o derecha.

"Aquí hay mafia porque hay guerrilla y guerrilla porque hay mafia", ha dicho con razón el ex ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, y los colombianos, en su gran mayoría, sabemos que es cierto. El segundo factor ha sido la debilidad de un Estado carcomido, durante largos años, por el clientelismo, la burocracia y brotes de corrupción. Y el tercero, la falta de voluntad política para contener con energía la expansión de los grupos armados y del narcotráfico, voluntad que sólo ahora, con el gobierno de Uribe, advertimos.

El tráfico de droga hizo su aparición en Colombia en los años ochenta. Fue el resultado de una simple coyuntura geográfica y no de una particular vocación del país. Colombia había visto aparecer, de tiempo atrás, cultivos de marihuana en ciertas zonas del país, pero no de coca. Tal planta era exótica entre nosotros. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? La iniciativa, en un principio, corrió por cuenta de narcotraficantes norteamericanos. El creciente consumo de marihuana, luego, de cocaína en Estados Unidos, los llevó a considerar que la coca cultivada en Bolivia y en Perú podía ser procesada en Colombia y exportada a Norteamérica desde allí.

Tal fue el punto de partida de un negocio desmesurado. Los narcotraficantes americanos nunca llegaron a imaginar que los socios elegidos por ellos —como el tristemente célebre Pablo Escobar— acabarían desplazándolos y capturando en su exclusivo provecho, mediante redes propias bien establecidas, mercados como los de Miami o Nueva York.

Surgieron en esa década los poderosos carteles de Medellín y de Cali. Las fabulosas utilidades obtenidas por ellos les permitieron crear en el sur del país vastas zonas de cultivo, aprovechar la presencia de la guerrilla en esas regiones selváticas y convertirla en socia de su negocio, pagándole altas sumas por inducir y enseñar a los campesinos a sembrar coca y por darles una protección armada a laboratorios y campos de aterrizaje.

Si bien se mira, el narcotráfico es, pues, la gran catástrofe que ha sufrido Colombia en las tres últimas décadas. Sus últimas implicaciones son especialmente peligrosas. En las vastas selvas del sur del país, las FARC acabaron desplazando a los narcotraficantes locales que les pagan impuestos por cuidar cultivos y laboratorios, y ellas mismas se convirtieron en dueñas del negocio en todas sus fases.

¿Qué busca la guerrilla?

La estrecha vinculación de las FARC con el narcotráfico ha acreditado la versión, no sólo en Colombia sino también en el exterior, de que sus móviles políticos y su identidad ideológica han desaparecido para convertirse en una organización interesada sólo en beneficiarse con los recursos millonarios de la droga. No es cierto.

La droga es un medio financiero —como la extorsión y el secuestro— puesto al servicio de sus fines, que siguen siendo políticos. ¿Qué busca la guerrilla? No es difícil advertirlo. Lo dicen con claridad sus documentos. Busca liquidar el sistema democrático, tal como lo entendemos nosotros, para establecer un régimen similar al de Cuba o al de Corea del Norte. Es decir, un régimen comunista.

No tiene por qué buscar otra cosa, puesto que sus organizaciones son apenas variantes del mismo credo marxista leninista: las FARC están más cerca de un comunismo ortodoxo; el ELN ha tenido desde su nacimiento una inspiración castrista y el EPL (Ejército Popular de Liberación) permanece fiel a la línea maoísta que le dio origen cuando la China combatía el llamado revisionismo de la Unión Soviética. Ésta es una realidad que la conocen de sobra los analistas del fenómeno guerrillero colombiano.

Sin embargo, los dirigentes políticos y los sucesivos gobiernos que tuvimos hasta la llegada al poder de Uribe Vélez sólo tomaban en cuenta lo que suelen declarar los comandantes cada vez que son entrevistados por periodistas europeos. La suya es una retórica revolucionaria que en sus afirmaciones y postulados es casi idéntica a la retórica de los dirigentes populistas.

En efecto, unos y otros hablan de las oligarquías, de la brecha entre ricos y pobres, de la necesidad de distribuir mejor la riqueza; unos y otros condenan el llamado neoliberalismo como la expresión de un capitalismo salvaje contrario a toda justicia social. Sin ver hasta qué punto esta fraseología barata oculta, por parte de la guerrilla, un proyecto totalitario de Estado y sociedad, perfectamente incompatible con la democracia y la libertad, muchos dirigentes políticos se engañan y engañan a la opinión pública considerando posible, a la hora de una eventual negociación para poner fin al conflicto armado, una convergencia en torno a una plataforma política común.

Pasan por alto también un objetivo fundamental de la guerrilla: la sustitución de las Fuerzas Militares por las fuerzas insurgentes. De hecho, nunca los dirigentes guerrilleros han querido contemplar siquiera la posibilidad de una desmovilización de sus efectivos y lo han dicho con una escalofriante claridad. Las armas son su inamovible garantía.

Al servicio de este objetivo último, la mal llamada insurgencia colombiana obedece a la concepción estratégica que permitió la llegada del comunismo a China, Vietnam o Cambodia: la llamada guerra popular prolongada, con la toma gradual del poder región por región, al servicio de la cual se pone en práctica una combinación de formas de lucha.

La más obvia y conocida es la que cumple su aparato militar siguiendo las pautas de la llamada guerra irregular o guerra de guerrillas.

La dimensión secreta

Pero la fuerza militar alcanzada por ella y los recursos de que dispone son sólo la parte más conocida de su poder. La estrategia que desarrolla en el campo político y diplomático, en cambio, pertenece a lo que un conocido analista del fenómeno guerrillero, el general colombiano Adolfo Carvajal, llama la dimensión desconocida o deliberadamente ignorada de la subversión en Colombia.

Cito sus palabras: "Simultáneamente con el enfrentamiento armado se ha conducido una forma de guerra subterránea que no se advierte en la superficie, pero que ha sido uno de los factores que más ha contribuido al éxito de la insurgencia en Colombia. Es una guerra sin armas ni uniformes, sin formaciones regulares o irregulares de combate, sin muertos ni heridos, sin prisioneros ni secuestrados. Es una guerra que se libra dentro de nuestras propias fronteras como en el exterior, que se dirige y se pelea desde los escritorios, desde los foros y organizaciones internacionales, desde los escenarios políticos y diplomáticos universales, desde nuestras propias instituciones políticas, económicas, jurídicas, diplomáticas y sociales. Es una guerra que ha llegado al corazón de la opinión nacional e internacional para inclinar la balanza a favor de la insurgencia terrorista".

Vale la pena examinar con cuidado todo lo que la insurgencia ha conseguido en este campo, casi de manera subrepticia. Son, o somos, muy pocos quienes intentamos en Colombia desenmascarar sus maniobras políticas, jurídicas y diplomáticas. Ellas están encaminadas a minar desde dentro las estructuras del Estado y especialmente a descalificar las armas o recursos legales de que dispone o disponían las Fuerzas Militares en su lucha antisubversiva.

Se trata de una verdadera guerra psicológica y jurídica cuyo medio más usual es la manipulación que se hace del tema de los derechos humanos con el propósito de convertirlos en un arma de confrontación. Desde luego, no pretendo decir con esto que no ha habido nunca, en Colombia, violaciones de tales derechos por parte de agentes del Estado o de miembros del Ejército o de la Policía. Las hay, en ocasiones, y deben ser severamente investigadas y sancionadas.

Pero quienes han investigado de cerca las denuncias recibidas por la Procuraduría y por la Fiscalía han descubierto que el 90 ó 95 por ciento de las mismas carecen de fundamento. Se trata de una labor sistemática que adelantan organizaciones no gubernamentales proclives a la subversión contra miembros de la Fuerza Pública (hay más de 3.000 procesos en curso) a fin de "empapelarlos", como se dice en Colombia, obligándolos a rendir indagatorias, explicar sus actuaciones, pagar abogados para su propia defensa y crearles lo que se ha llamado el "síndrome de la procuraduría" o el "síndrome de la fiscalía"; es decir, un efecto altamente desmoralizador.

¿Cómo se logra que en un país tan amenazado como Colombia, enfrentado a acciones de corte típicamente terrorista, el propio Estado renuncie a medidas y mecanismos de defensa que en cualquier otra parte, ante una situación igual, se harían indispensables?

A mi modo de ver, tres factores lo explican. El primero lo constituyen los aliados de la insurgencia que tienen una presencia importante en las organizaciones supuestamente encargadas de velar por los derechos humanos, en los centros académicos, en el aparato sindical y en los medios de comunicación.

El segundo corresponde a lo que el propio Lenin llamaba "los idiotas útiles". Es decir, los intelectuales o personalidades políticas de izquierda que continúan viendo a la guerrilla como el producto de injusticias y desigualdades sociales y a los militares como agentes represivos. El tercero —el más peligroso de todos— está representado por la infiltración en el Poder Judicial y muy especialmente en entidades de investigación o fiscalización como son la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Al fin una respuesta

Toda esa amplia y bien conducida estrategia había venido dándole resultados a la subversión colombiana desde que hizo su aparición. Cada presidente que llegaba al poder encontraba un cierto número de frentes de las FARC o del ELN, un cierto número de secuestros o de asesinatos, y cuando se retiraba para darle paso a su sucesor, frentes, secuestros y homicidios habían aumentado. La llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002, detuvo por primera vez esta expansión.

Por primera vez disminuyeron asaltos, secuestros y homicidios y se restituyeron en muchas zonas del país márgenes de seguridad ciudadana que se habían perdido. También se lograron reducir en cerca de un 50 por ciento los cultivos de droga y, gracias a un nuevo clima de confianza bien percibido por inversionistas nacionales y extranjeros, la economía registró en el último año un crecimiento cercano al 4 por ciento.

Su caso es excepcional en nuestra historia política. Implicó una ruptura de los cánones tradicionales. Con excepción de dos efímeros dictadores militares (uno, Melo, a mediados del siglo XIX, y el otro, Rojas Pinilla, a mediados del siglo XX), todos los presidentes colombianos fueron liberales o conservadores y llegaron al poder como candidatos de sus respectivos partidos y, en algunas ocasiones, con el respaldo de una coalición de las dos formaciones tradicionales.

Uribe, en cambio, fue elegido por la creciente franja independiente de opinión, en contra o al margen del Partido Liberal o del Partido Conservador y de sus cúpulas dirigentes. Cuando lanzó su candidatura en el año 2001, era muy poco conocido en el país, con excepción del departamento de Antioquia, donde había realizado una exitosa gestión como gobernador.

Dos cosas favorecieron su fulgurante ascenso. La primera fue su política de firmeza frente a la guerrilla. Nunca creyó en diálogos con los miembros del secretariado de las FARC, mientras prosiguieran, por cuenta de ellos, asaltos, asesinatos y secuestros. La segunda actitud que contribuyó a su victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2002, fue la distancia tomada por él frente a la clase política.

La política puesta en marcha por Uribe incluye planes para la eliminación de cultivos de droga; acciones contra bandas de secuestradores; desmantelamiento de las redes urbanas de las FARC y del ELN, así como de las Autodefensas Campesinas.

Los resultados de la política de Seguridad Democrática se han hecho notar de agosto de 2002 a hoy. Los asaltos a poblaciones han disminuido en un 80 por ciento: el secuestro en un 45 por ciento; los asesinatos en un 22 por ciento, y 400 alcaldes que habían sido desterrados por amenazas de la guerrilla, han vuelto a ocupar sus cargos.

Desde luego, mucho queda por hacer. Pero la voluntad mostrada por el gobierno de hacerles frente con firmeza a los problemas suscitados por el narcotráfico y las organizaciones terroristas, el apoyo recibido en este sentido por el gobierno norteamericano y los países de la Unión Europea, el nuevo clima de seguridad y confianza ciudadana, han repercutido en la economía del país.

Tras años de incertidumbre, la economía ha vuelto a crecer: un 3,8 por ciento en 2003 y algo más del 4 por ciento en 2004. La construcción —buen termómetro para medir el ímpetu de la inversión privada— registra un auge notable. La inflación ha sido reducida a menos del 4 por ciento, y en el último año fueron creados 1.200.000 empleos nuevos, de los cuales 597.000 han sido para los jóvenes.

¿Sombras en este cuadro? Las hay, sin duda. No puede esperarse que en cuatro años queden resueltos problemas que abarcan varias décadas y que tienen esencialmente como sustento el tráfico de droga, un tráfico difícil de erradicar de manera total mientras subsista un consumo considerable de cocaína en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa.

Lo extraordinario del caso colombiano es el hecho de que, en medio de sus desventuras, el país progresa. Crecen sus ciudades, su mediana y pequeña industria; crece su clase media.

Pero quizás el rasgo más notable del país es el de haber preservado su democracia, pese a todas las amenazas que afronta; pese a las organizaciones armadas irregulares y al tráfico de droga. El reto de Colombia, que asume con la esperanza de obtener por fin la solidaridad internacional, es el de derrotar al terrorismo y al narcotráfico sin limitar ni cercenar las libertades esenciales; preservando el Estado de derecho.

Tal vez esa vocación democrática y civilista, inmune a las desventuras que nos ha correspondido padecer desde aquel trágico viernes de abril de 1948, es el rasgo común entre la pacífica Colombia de ayer y la turbulenta Colombia de hoy.

* Versión resumida de un texto publicado en el número 39 de la revista Encuentro de la Cultura Cubana.

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