Actualizado: 23/09/2017 15:02
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Economías, Pobreza, Cambios

Los derechos humanos que el gobierno no respeta (II)

La respuesta a la reciente revisión de los derechos humanos en Cuba en la ONU, demuestra la voluntad política del gobierno

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Los que exigen la integralidad del respeto a los Derechos Humanos, tienen toda la razón, en tanto la existencia de salarios paupérrimos, y de una gran proporción de la población en la extrema pobreza, —según el índice per cápita de un dólar y 25 centavos diarios de ingreso— ni siquiera se puede discutir dentro de Cuba por la falta de información y la ausencia de libertad de expresión. El que se atreve paga con muy disímiles represalias, desde el despido arbitrario, hasta la imposibilidad de obtener una licencia para trabajar por cuenta propia, las golpizas, la lapidación moral y la cárcel.

Remito al lector al Informe de la Coalición Sindical Independiente de Cuba[1] donde se describen todas las violaciones contra los derechos de los trabajadores, desde impagos por meses hasta discriminaciones de todo tipo, incluyendo las represalias a los sindicalistas independientes. En las recomendaciones de la OIT, que el gobierno cubano persiste en ignorar, están la libertad sindical, la libertad de asociación, y el derecho a huelga. Como es habitual, el gobierno siempre ha respondido a la Organización Internacional del Trabajo que las huelgas no están prohibidas en Cuba, que la libertad sindical es respetada y que no existe ninguna discriminación en el acceso al trabajo por razones de género, de raza y de opiniones políticas. El informe y el cubano de a pié sabe que diariamente se pisotean sus derechos, pero la falta de libertad de expresión, asociación, y el derecho a huelga, somete a los trabajadores cubanos a la indefensión y a la arbitrariedad de la administración y de las fuerzas represivas del régimen.

En la reciente Evaluación Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Cuba desestimó por “sesgadas”[2] las recomendaciones de 18 países, de las cuales sólo dos, son propuestas por EEUU y el resto por los países: República Checa, Eslovenia, Hungría, Rumania, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Estonia, España, Suiza, Canadá, Austria, Polonia, Australia y Alemania.

Con respecto a la Ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, firmados por el gobierno en el 2008, dice que lo sigue “estudiando”. La voluntad política del gobierno es clara: posponer el derecho a que los cubanos puedan defenderse por vías legales y comprobables, de las arbitrariedades económicas, sociales, civiles, políticas y culturales del Estado-Partido contra la población. De esta manera siguen las medidas represivas contra la protesta por los paupérrimos salarios —de hace 23 años—, las prohibiciones arbitrarias cuando se les ocurre, en el vaivén de una reforma que ni siquiera define un programa de gobierno claro y preciso, las violaciones y represiones a los trabajadores y activistas en aumento y la imposibilidad de un entendimiento entre la sociedad civil y un Estado que no reconoce más que a los Organismos Internacionales como sus interlocutores válidos, aunque incluso a ellos, les esconda la realidad del país[3].

Veamos más en detalle las recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la reciente Evaluación Periódica Universal del Consejo de derechos Humanos de la ONU.

EEUU y la República Checa: Recomiendan permitir investigaciones independientes sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.

República Checa, Bélgica y Eslovenia: Aplicar salvaguardas legales para asegurar la protección de los defensores de los derechos humanos, incluyendo a periodistas, contra el uso indebido de las disposiciones penales, y liberar a todos los presos políticos —según datos de la CCDHRN, 87 en prisión y 15 con “Licencias Extrapenales”.

Bélgica: Modificar la ley de procedimiento penal para evitar los casos de prórroga indefinida de la investigación preliminar.

Rumania: Eliminar las restricciones a la libertad de expresión, en particular referente a la conexión a Internet.

Estonia: Reconsiderar todas las leyes que penalizan o restringen el derecho a la libertad de expresión y el derecho de libertad en Internet.

Hungría: Levantar las restricciones sobre los derechos a la libertad de expresión no conformes a la Declaración Universal de derechos humanos, y garantizar un acceso asequible y sin trabas a Internet para todos.

España: Permitir las libertades de expresión, asociación y reunión, y permitir que las asociaciones de derechos humanos obtengan un estatus legal a través del registro inclusivo y oficial.

Suiza y Francia: Levantar las restricciones que impiden la libertad de expresión y garantizan que los defensores de los derechos humanos y periodistas independientes no sean víctimas de intimidaciones o juicios arbitrarios y detenciones. Austria: Agrega que las agresiones sean investigadas por órganos independientes e imparciales. Hungría: Recomienda lo mismo.

Gran Bretaña, Irlanda del Norte: Eliminar las medidas que restringen la libertad de expresión y de reunión, incluyendo detenciones de corto plazo y el uso de cargos criminales como “peligrosidad social pre-delictiva”, “desacato” y “resistencia”. Irlanda: Agrega los artículos que se deben derogar del Código Penal Cubano sobre la figura de la “peligrosidad”: 72, 73 y 74.

Canadá: Incrementar las medidas para mejorar la libertad de expresión, permitiendo medios independientes y mejorando el acceso a la información a través del acceso público a Internet y el aprovechamiento de la reciente inversión en la red de fibra óptica.

Países Bajos: Poner fin a la represión, investigar actos de repudio y proteger a todas las personas que son víctimas de intimidación o violencia.

Polonia: Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los prisioneros recluidos en detención temporal, o sentenciados por ejercer su libertad de opinión y de expresión, así como su libertad de reunión y de asociación.

Australia y Alemania: Descontinuar las limitaciones sobre las actividades de la sociedad civil, incluyendo la detención por breve tiempo de activistas políticos, evitar el acoso, la intimidación y la detención arbitraria de las actividades de derechos humanos. Poner fin a la censura online.

En este resumen, destacan efectivamente los derechos civiles y políticos que son los que permiten defender legalmente y de manera pacífica, los derechos económicos sociales y culturales, que bajo “la democracia cubana actual” son imposibles de defender. ¿Cuándo la prensa cubana publicará las recomendaciones que le hacen al gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también en la OIT?



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