Actualizado: 01/05/2024 21:49
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Sociedad

Los ángeles de Castro

Trabajadores sociales: ¿Se pretende acabar con la corrupción fomentando un ejército de corruptos?

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No es un buen ejemplo que un vago o un desertor de sus estudios sea estimulado de la noche a la mañana con ventajas inimaginables, sobre aquellos otros que recibieron una adecuada formación en sus hogares y el apoyo y sacrificio de sus familias para mantenerse en las aulas o en humildes puestos de trabajo.

Más de uno de estos jóvenes se pregunta a diario qué sentido tuvo mantener una actitud positiva ante el estudio, sacrificarse, participar en todas las etapas de la Escuela al Campo y en cuantas marchas y mítines se le ocurriera al régimen, soportar las malas condiciones de vida de los becarios y culminar finalmente sus estudios después de un sinnúmero de penalidades, para ahora descubrir que hubiese sido más fácil y provechoso abandonar la escuela. Al menos, es el mensaje que reciben.

Privilegios inconstitucionales

No se trata de negar que la enorme masa de jóvenes que abandonan los estudios, desestimulados por las duras condiciones materiales y sociales, las privaciones en el hogar y muchísimos otros factores, no merecieran y merezcan siempre nuevas oportunidades de enrumbar sus vidas, seguir los estudios y obtener empleos que les permitan el desarrollo de una vida plena y digna. Todo lo contrario.

Lo que sí no tiene ninguna justificación es que el gobierno manipule ahora las circunstancias de la vida de esos jóvenes, causantes de esa situación de negación social —circunstancias de las que ese mismo gobierno fue un agente muy activo y responsable—, y los utilice otorgándoles poderes casi divinos para enfrentarlos al pueblo del cual emergen. Es una maniobra sencillamente hipócrita.

Hoy, el nuevo ejército de Castro —quizás su último experimento— se erige como una amenaza creciente a las ya casi inexistentes libertades individuales en Cuba. He aquí que un grupo de sujetos puede entrar en los hogares, sustituir bombillas, censar los equipos electrodomésticos (a saber a costa de cuántos sacrificios familiares), comprobar cuánta energía eléctrica se consume, recorrer las casa, y hasta evaluar la capacidad moral de los habitantes. Pero, ¿puede realmente o simplemente se lo permitimos?

Es un hecho absolutamente inconstitucional que la mera palabra de un sujeto (en este caso un trabajador social), determine que un ciudadano sea detenido, encerrado y hasta castigado con el pago de elevadas multas.

Sin embargo, tan inmorales son los castigos como las actitudes de quienes acatan en silencio. Cierto que el pueblo cubano está inconforme, cierto que padece y sufre, que cada vez son más sombrías sus expectativas, pero también es tiempo de que enfrente cívicamente su responsabilidad.


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