Colombia de ayer a hoy

Se trata de una verdadera guerra psicológica y jurídica cuyo medio más usual es la manipulación que se hace del tema de los derechos humanos con el propósito de convertirlos en un arma de confrontación. Desde luego, no pretendo decir con esto que no ha habido nunca, en Colombia, violaciones de tales derechos por parte de agentes del Estado o de miembros del Ejército o de la Policía. Las hay, en ocasiones, y deben ser severamente investigadas y sancionadas.

Pero quienes han investigado de cerca las denuncias recibidas por la Procuraduría y por la Fiscalía han descubierto que el 90 ó 95 por ciento de las mismas carecen de fundamento. Se trata de una labor sistemática que adelantan organizaciones no gubernamentales proclives a la subversión contra miembros de la Fuerza Pública (hay más de 3.000 procesos en curso) a fin de "empapelarlos", como se dice en Colombia, obligándolos a rendir indagatorias, explicar sus actuaciones, pagar abogados para su propia defensa y crearles lo que se ha llamado el "síndrome de la procuraduría" o el "síndrome de la fiscalía"; es decir, un efecto altamente desmoralizador.

¿Cómo se logra que en un país tan amenazado como Colombia, enfrentado a acciones de corte típicamente terrorista, el propio Estado renuncie a medidas y mecanismos de defensa que en cualquier otra parte, ante una situación igual, se harían indispensables?

A mi modo de ver, tres factores lo explican. El primero lo constituyen los aliados de la insurgencia que tienen una presencia importante en las organizaciones supuestamente encargadas de velar por los derechos humanos, en los centros académicos, en el aparato sindical y en los medios de comunicación.

El segundo corresponde a lo que el propio Lenin llamaba "los idiotas útiles". Es decir, los intelectuales o personalidades políticas de izquierda que continúan viendo a la guerrilla como el producto de injusticias y desigualdades sociales y a los militares como agentes represivos. El tercero —el más peligroso de todos— está representado por la infiltración en el Poder Judicial y muy especialmente en entidades de investigación o fiscalización como son la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Al fin una respuesta

Toda esa amplia y bien conducida estrategia había venido dándole resultados a la subversión colombiana desde que hizo su aparición. Cada presidente que llegaba al poder encontraba un cierto número de frentes de las FARC o del ELN, un cierto número de secuestros o de asesinatos, y cuando se retiraba para darle paso a su sucesor, frentes, secuestros y homicidios habían aumentado. La llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002, detuvo por primera vez esta expansión.

Por primera vez disminuyeron asaltos, secuestros y homicidios y se restituyeron en muchas zonas del país márgenes de seguridad ciudadana que se habían perdido. También se lograron reducir en cerca de un 50 por ciento los cultivos de droga y, gracias a un nuevo clima de confianza bien percibido por inversionistas nacionales y extranjeros, la economía registró en el último año un crecimiento cercano al 4 por ciento.

Su caso es excepcional en nuestra historia política. Implicó una ruptura de los cánones tradicionales. Con excepción de dos efímeros dictadores militares (uno, Melo, a mediados del siglo XIX, y el otro, Rojas Pinilla, a mediados del siglo XX), todos los presidentes colombianos fueron liberales o conservadores y llegaron al poder como candidatos de sus respectivos partidos y, en algunas ocasiones, con el respaldo de una coalición de las dos formaciones tradicionales.

Uribe, en cambio, fue elegido por la creciente franja independiente de opinión, en contra o al margen del Partido Liberal o del Partido Conservador y de sus cúpulas dirigentes. Cuando lanzó su candidatura en el año 2001, era muy poco conocido en el país, con excepción del departamento de Antioquia, donde había realizado una exitosa gestión como gobernador.

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