Control total

Conceptos como democracia, alternabilidad y descentralización, consagrados en la Carta Magna vigente en Venezuela desde 1999, quedan relegados en el proyecto presentado por el mandatario ocho años después de su primera elección. Una iniciativa que le permitirá el ejercicio del poder en la presidencia de un "nuevo Estado socialista".

Durante su última aparición en el programa de radio y televisión Aló Presidente, el jefe de Estado venezolano defendió la reelección continua o indefinida y aclaró que si no se aprueba la reforma estará en el poder hasta el 2012, pero si es aprobada permanecerá en la presidencia "hasta que Dios y el pueblo quieran".

De un total de 33 artículos que contiene la propuesta, nueve o más consagran nuevas atribuciones para el presidente de la nación. Un vez aprobado el texto, el jefe de Estado podrá administrar las reservas internacionales, asumir parte de las funciones del Banco Central de Venezuela, decretar regiones militares con fines estratégicos, crear provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales, además de designar el número de vicepresidentes que estime necesario.

Distintos sectores de la sociedad han expresado sus preocupaciones frente a los cambios del texto fundamental que impulsa el gobierno. Estudiantes, la Iglesia Católica, empresarios y partidos políticos de la oposición lo han catalogado de autoritario, centralista y militarista.

La dirigencia estudiantil, reunida en un parlamento de jóvenes, inició la discusión abierta de la propuesta presidencial e impulsa concentraciones y movilizaciones para dar a conocer sus opiniones sobre la nueva Constitución. Stalin González, secretario general de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, ha dicho que parece inconcebible que un proyecto que le tomó redactar a Chávez al menos ocho meses, con ayuda de una Comisión Especial designada para la materia, pretenda ser aprobado por todo el país en algo más de dos meses.

Manuel Rosales, gobernador del estado fronterizo de Zulia, quien disputó la presidencia en 2006, ha calificado el proyecto de "golpe constitucional". Para el líder opositor, el papel de trabajo nace del personalismo del presidente venezolano, "esa egolatría pueril que mantiene en evidencia, pero además con ribetes militaristas y autocráticos".

Fin de la propiedad privada

Una vez aprobada la iniciativa presidencial, el derecho de uso, goce y disfrute de los bienes legítimamente adquiridos, consagrado en la Carta Magna vigente en Venezuela desde 1999, quedaría circunscrito sólo al uso y aprovechamiento de estos bienes y de los medios de producción, no a la disposición de estos. Es lo que anuncia una complicada propuesta legal que quizás más adelante quede esclarecida.

La modificación del artículo 115, impulsada por el ejecutivo, incluiría el nacimiento de nuevas formas de propiedad, entre las que se cuenta la pública, la social directa o indirecta, la comunal y la mixta, cuyos límites serían fijados por el Estado. Más aún, el instrumento permitiría al gobierno "ocupar previamente, durante proceso judicial, bienes objeto de expropiación".

Para especialistas en materia constitucional, como Rafael Chavero, quien participó como invitado en la Asamblea Anual de la máxima cúpula empresarial del país (Fedecámaras), el texto que promueve el presidente Chávez "tiene intenciones perniciosas, de corte comunista. Nada es de nadie, sino que son las autoridades las que designan determinados bienes". A su juicio, todo lo que no sea indispensable para las personas quedará en manos del ejecutivo.

Un envoltorio atractivo

Especialistas en opinión pública aseguran que ofertas como la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias; la creación de un fondo para los trabajadores por cuenta propia y el rango constitucional que adquirirán las misiones (programas sociales implementados por el gobierno), incluidas en la propuesta del jefe de Estado, intentan captar la simpatía de los sectores de menores recursos.

Según Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, "es muy probable que antes de hacer la presentación definitiva (el presidente Chávez) manejara la información de alguna encuestadora y haya tomado nota que tenía que incorporar propuestas que se equilibraran en positivo con las que eran rechazadas, y en ese aspecto la reducción de la jornada laboral fue un paso magistral".

Antes de que se conocieran los detalles de la reforma, estudios sobre la intención de voto demostraron que el electorado asociaba la iniciativa presidencial a la reelección indefinida y existía un rechazo importante. A partir del 15 de agosto, al preguntar a los venezolanos qué es lo que más recuerdan, responden: la reducción de la jornada laboral.

La sociedad ya se está movilizando de cara a un eventual referéndum aprobatorio que sería convocado el próximo 2 de diciembre, tal y como lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.

Los estudiantes han salido a la calle para hacer públicas sus diferencias con el proyecto del presidente Chávez; la Conferencia Episcopal se reúne para discutir el texto y dar a conocer su opinión en octubre; incluso los partidos políticos de oposición asoman la alternativa de adoptar una postura única ante un documento que de salir adelante podría cambiar la estructura del país e incluso sus formas de convivencia por un tiempo indeterminado.

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