Actualizado: 23/09/2019 10:00
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Emigración, Exilio

Extranjero en mi patria

Si el Gobierno no se ocupa de los ciudadanos que viven bajo su jurisdicción directa, ¿cómo puede alguien pensar que le interesarán los que viven más allá de sus fronteras?

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Desde hace tiempo se escuchan los clamores acerca de una reforma migratoria en Cuba. Clamores que enarbolan los marcados con el estigma de la salida definitiva, los que tienen el PRE (Permiso de Residencia en el Extranjero) y el PVE (Permiso de Visita al Extranjero) y los que viven en Cuba y pueden viajar con carta de invitación. Entre ciudadanos comunes, la mayoría piensa que viajar debería ser fácil, pero ve la acción más como una balsa o un sueño que como una realidad.

La política cubana es sumamente injusta con todos. Exiliados y emigrados no pueden regresar con plenitud de derechos. Los que salen y entran con carta de invitación encuentran resoluciones cada vez más complejas y absurdas. Los que tienen el PVE se sienten abrumados por las contribuciones obligatorias que tienen que hacer para visitar su Patria.

De esta manera, los únicos que no están perjudicados por la actual política migratoria cubana son los que pueden viajar cada vez que lo deseen, léase la creme de la creme del Gobierno cubano, y los que siempre han pensado que viajar es algo imposible y tienen cientos de preocupaciones más en las que rumiar, o sea, el segmento de más bajos recursos.

Se solicita un cambio en la política migratoria, pero no se definen cuales de los tantos aspectos torcidos e injustos de la misma serían los que necesitan una transformación más urgente. Podríamos pensar que se refieren a la posibilidad de que los ciudadanos puedan salir del territorio nacional sin trabas y que esta salida solo dependa del visado que conceda el país a visitar. También podríamos pensar en la necesidad de aliviar las imposiciones económicas y tasas que encarecen la salida y el regreso, amén del papel de guardián paternal que ejerce el Estado.

Este se escuda en los enunciados de siempre: el bloqueo, la ley de ajuste cubano, el robo de cerebros y cualquier otro caprichoso pretexto. Realizar una profunda reforma migratoria lo haría entrar en contradicción con lo que a diario expone. No descartamos la posibilidad de que exista un pequeño cambio cosmético en ella antes de que los miembros de la cúpula continúen falleciendo, pero es algo que nadie sabrá hasta un buen día en que, sin previo aviso, leamos en el Granma que se ha dado otro paso en el perfeccionamiento del socialismo cubano.

Es una verdad de Perogrullo escribir que permitir que los cubanos puedan salir libremente traería como consecuencias un éxodo aún mayor, en un país donde ya en estos momentos el torrente de personas que cada año abandona las bondades del socialismo está poniendo en peligro la estabilidad poblacional. Esto no lo puede permitir el Gobierno que ya por bastantes medios trata de impedirlo sin resultados. En los 80, era la abuelita la que alegraba a la familia a su llegada del extranjero trayendo presentes y juguetes. 30 años después, es la abuelita la que espera la remesa y las fotos de la familia que crece en el extranjero.

Los que solicitan cambios en la política migratoria no han tenido en cuenta el interesante contenido económico de la misma. Incapaz de encontrar soluciones a la profunda crisis, incapaz de generar riqueza de alguna manera, incapaz de retener a sus ciudadanos, a no ser bajo leyes absurdas, el Gobierno no quiere ceder al caudal de dinero que entra gracias al establecimiento de tasas y cuotas relacionadas con la migración. Hacerlo sería algo de locos en un país en dificultad, y aunque a diario digan que todos ellos están locos, parece que no es para tanto.

Entre las ganancias que recibe el Gobierno con la actual política se encuentra la confiscación de todos los bienes de aquellos que “desertan” y el envío de remesas que de manera indirecta termina en las arcas del Estado. A esto se suma el ingreso regular por concepto de impuestos mensuales a cada cubano en el extranjero bajo la categoría de PVE, y los exagerados cobros de permisos, documentos y legalizaciones varias relacionadas con la salida del país.

Pero aunque lo diga el refrán, no solo por dinero baila el mono. De manera colateral, también se ha utilizado la emigración para desembarazarse de “incómodos”. En poco más de medio siglo, el Gobierno ha utilizado varias veces el éxodo de parte de la población como una válvula de escape a sus incapacidades, sin dejar de vilipendiar a los que se marchan en una propaganda tan efectiva que ha generalizado el criterio callejero de que “cualquiera puede hablar mal del Gobierno en Miami, lo que hay es que tener el valor de decirlo en Cuba”. Y cuando alguien tiene el valor de hacerlo más allá del cuchicheo en la cola de la bodega o la farmacia, la principal manera de desacreditarlo es acusarlos de “agentes pagados por el imperialismo”, fabricarle expedientes por delitos comunes y ocultar la desmedida carga de violencia que se aplica contra el derecho a disentir.

Que sea humillante y sobre todo ilegal que un ciudadano tenga que pagar y pedir permiso para salir de su país no le interesa al Gobierno cubano ni al resto de los gobiernos del mundo. Que sea humillante e ilegal que un ciudadano tenga que pagar y pedir permiso para regresar a su país tampoco le preocupa a nadie fuera del círculo de los afectados. Si el Gobierno no se ocupa de los ciudadanos que viven bajo su jurisdicción directa, ¿cómo puede alguien pensar que le interesarán los que viven más allá de sus fronteras? Trata a los cubanos que viven en el extranjero como ciudadanos de segunda, asombrados de sus protestas e intentando convencerles de que son privilegiados. En un final, pueden quedarse en Cuba, y vivir como ciudadanos de tercera, o ser extranjero en tu Patria, donde los extranjeros tienen más derechos que los nacionales.


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