Actualizado: 26/05/2022 12:27
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La soga al cuello

El gobierno de Raúl Castro no tiene oportunidades en la OEA si no cumple con los principios de la Carta Democrática.

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La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió dejar sin efecto la resolución adoptada en 1962, en el contexto de la Guerra Fría, que excluyó a La Habana del Sistema Interamericano, y ha supeditado su regreso a la conformidad con las prácticas, los propósitos y principios del organismo.

La suspensión tuvo que ver con un conjunto de medidas dictadas entonces por el régimen de la Isla: la Primera Ley de Reforma Agraria, la expropiación de las empresas norteamericanas, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la URSS y la declaración del carácter socialista de la revolución. Esto, unido al intento de expandir la "revolución" al resto de la región, agudizó las contradicciones con los vecinos, especialmente con Estados Unidos.

En 2001, los 34 países miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana, que define, entre otras cosas, que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", y considera esencial "el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales", como condición de obligatorio cumplimiento.

Washington se ha mostrado ahora partidario del regreso del gobierno cubano, como un paso hacia la normalización de las relaciones. Dicha política ha hecho posible la discusión acerca de la readmisión de La Habana, que pasa por su solicitud de ingreso y el cumplimiento de la Carta Democrática. En ese sentido, cualquier análisis al respecto debe tener en cuenta varios elementos.

En primer lugar, las reglas por la que se rige la OEA no son hoy exactamente las mismas que cuando la exclusión del gobierno cubano. En esa fecha se consideró que su adhesión al marxismo-leninismo era incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano y el alineamiento con el bloque comunista quebrantaba la unidad y la solidaridad del hemisferio. Aunque lo primero ya no es un obstáculo y el bloque comunista no existe, sigue en pie "el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Por otro lado, la OEA es una organización de Estados, por lo tanto, los gobiernos actuales no tienen que ver con los que excluyeron al régimen cubano. La OEA de 2009 es y no es la de 1962. Entonces, con excepción de México, todos los países de la región rompieron sus relaciones con La Habana, establecidas hoy.

Ante la nueva situación, el gobierno cubano tiene dos caminos: aferrarse al pasado o iniciar un proceso de diálogo de conformidad con las exigencias de la OEA. Lamentablemente, parece que la decisión se encamina a lo peor: el ministro cubano de Relaciones Exteriores dijo en mayo en Caracas que la aspiración es desmantelar la OEA y fundar una nueva organización de países latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos; y este lunes, el gobierno reiteró "una vez más que no regresará a la OEA".

Si el régimen opta por una "Organización de Estados Bolivarianos", enfrentará un obstáculo insalvable. Ninguno de los miembros de la OEA la abandonó en solidaridad cuando La Habana fue excluida, ni cuando Estados Unidos brindó apoyo a regímenes dictatoriales, o cuando los marines hicieron acto de presencia en algunos de esos países, ni ahora que algunos gobiernos de izquierda fracasaron en el intento de reincorporarla de forma incondicional. Esta actitud indica que incluso países allegados al gobierno de Castro, como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, dieron el consenso a la resolución que excluye la reincorporación sin condiciones.

Por último, si el gobierno cubano decide reincorporarse o si opta por fundar una OEB, será imposible si antes no decide respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, una deuda pendiente con el pueblo cubano.


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