Los “cerrojos” del sistema electoral cubano
Las “elecciones” cubanas no son secretas ni libres
El 3 de febrero de 2013 se realizaron las elecciones generales para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano. Un análisis de las irregularidades en la información oficial, nos hace dudar de las cifras finales publicadas. Vuelvo a este tema, por ser una de las reformas imprescindibles, de la cual el gobierno cubano se desentiende.
El centro del problema se encuentra en la cifra de los electores inscritos. Esta cifra que debe estar actualizada antes del día de la votación sufrió un corrimiento importante al finalizar y dar los resultados. Según la página digital del Granma nacional del lunes 4 de febrero[1], la cifra de inscritos una hora antes de cerrar la votación el domingo 3 de febrero, era de 8.868.597 electores actualizada hasta ese momento. A partir de esta cifra, y restando los que acudieron a las urnas: 7.877.906, un total de 990.691, no acudieron a las urnas. Si a ello le sumamos los votos en blanco y los anulados un total de 1.450.075 no fueron a votar o dejaron en blanco su boleta y/o la anularon.[2] Es decir, casi un millón y medio de cubanos dijeron NO, de la manera que el sistema electoral lo permite en las condiciones de Cuba.
Sorpresivamente, los resultados finales redujeron el número de inscritos en 200.140 votantes[3] y sin ninguna explicación. ¿Ocurrió una defunción masiva de 200.140 personas en 24 horas o la Comisión Nacional Electoral no tenía la inscripción actualizada de electores? Evidentemente la Comisión Electoral no tuvo la lista de electores inscritos actualizada ni antes, ni durante la votación y esto lleva a una severa falta de credibilidad de los datos finales porque todos descansan en esta cifra base de los electores existentes. La cifra del 90,88 % publicada oficialmente, lo que habla es de la asistencia a la votación. En realidad el voto positivo fue de 85,58 % luego de reajustar la cifra de los inscritos que disminuyó los 200.140 votantes. Si tomamos la cifra actualizada de inscritos hasta las cinco de la tarde del domingo de votación, entonces los votos positivos fueron del 83,64 % de los que votaron.
La Comisión Nacional Electoral y los medios de información pública hicieron desaparecer 200.140 votantes inscritos. Esta falta de transparencia informativa nos hace pensar a más de uno que el “ajuste” posterior a las votaciones, de los inscritos, les resta credibilidad a los resultados oficiales finales de la elección.
La “elección” de los candidatos que se someten a la votación popular son designados por las Comisiones electorales Nacional, Provincial, Municipal y hasta las Comisiones de Circunscripción —estas reúnen a varios CDR— La Comisión Nacional es designada por el Consejo de Estado, las Provinciales son designadas por la Nacional, las Municipales por las Provinciales y las de Circunscripción por las Municipales. Esta cadena de Comisiones electorales, no son elegidas por los ciudadanos, sino designadas desde el nivel superior, hasta llegar a las bases[4] Primer problema grave del sistema electoral cubano, porque quien propone no es “el pueblo” sino una serie de personas escogidas por las máximas instancias de dirección estatal y partidarias del país y no se sabe el criterio para escoger a estas personas[5]. Luego entonces, las Comisiones que son las que proponen a los candidatos para ser votados, no han pasado por el escrutinio ciudadano, son designadas.
Otro problema grave es que no se saben los criterios para proponer a los candidatos por parte de estas Comisiones porque no se hacen públicos estos criterios. Las comisiones todas desde el nivel Nacional hasta las de Circunscripción, definen a los candidatos por criterios discrecionales. La población recibe las designaciones y vota a favor o en contra de ellas, pero esto también tiene un problema. Los candidatos propuestos por las Comisiones, pueden no vivir en la comunidad que los “aprueba” ni rendir cuentas a esa comunidad, por lo tanto son candidatos desconocidos por los electores, o conocidos como figuras nacionales pero no tienen ninguna relación directa con los electores que “los votan”.
Otro problema es que “la votación” en la Circunscripción de los delegados municipales, que son sólo el 50 % de las direcciones municipales, —hay otro 50 % de las Asambleas Municipales[6] que no han sido sometidas a escrutinio popular—, esta “votación” no es secreta, sino que se realiza a mano alzada, existiendo la presión del grupo y de las autoridades que dirigen las asambleas para que no se propongan candidatos opositores. Este mecanismo de control social supone que debe proponer a un candidato y explicar por qué lo propone. Si la exigencia gubernamental y partidaria es que los candidatos sean militantes del partido o en su defecto sean “leales” a la dirección política del país, se les cierra la posibilidad a los ciudadanos que no sean ni militantes del partido ni hayan demostrado esta “fidelidad”[7]. La votación a mano alzada, y la exigencia del 50 % de los votos positivos más uno como condición mínima para salir electos en el nivel de base, lejos de ser un mecanismo democrático, exige de los ciudadanos una simulación de acuerdo, intimida a los electores y limita la propuesta de otros candidatos porque aprobarlos a mano alzada significa retar a las autoridades de las Comisiones, representantes del Estado-Partido, por el mecanismo de formación de las comisiones que hemos reseñado. Es por esto, que decimos que las elecciones no son secretas, no en el nivel de base, pero tampoco son votadas de manera secreta las candidaturas a todos los niveles como veremos más adelante.
Tampoco son libres: no se pueden proponer otros candidatos a las elecciones municipales, provinciales y nacionales que las que vienen ya en las boletas. Para pedir la inclusión de otro candidato, es necesario que el ciudadano impugne a alguien de la lista aprobada a mano alzada, explique por qué no considera válido ese candidato, —al cual tampoco conoce más allá de sus datos de “fiabilidad” y su foto— y entonces, proponga uno nuevo. Este mecanismo también coarta la posibilidad de proponer candidatos alternativos en el nivel Municipal, Provincial y Nacional. Por lo tanto, en las elecciones cubanas no se eligen a los candidatos, se aprueban o rechazan “los designados” y a nivel de base la votación a mano alzada no permite discrepancias, o exige que más de la mitad de cada asamblea se enfrente a la autoridades estatales y partidarias que dirigen y determinan el proceso.
En la ley electoral vigente a partir de 1992, se dice explícitamente que el Partido en las elecciones no dirige ni designa candidatos. Esta especificación no aparecía en la ley electoral anterior. Efectivamente todas las Comisiones Electorales antes de 1992, eran presididas y dirigidas por el Partido. Ahora siguen incidiendo en las designaciones de candidatos si analizamos el número de los militantes del Partido en las Asambleas Municipales, Provinciales y en el Parlamento cubano. La abrumadora mayoría de los “elegidos”, son militantes del partido, y responden a una doble subordinación partidaria y estatal de los niveles superiores de ambas instituciones.
Otro problema grave es que los candidatos propuestos son desconocidos para la población. Sólo se conoce una foto y algunos datos de la trayectoria del candidato según lo que considera las Comisiones que los electores deben conocer. Una selección de personas y de datos que la ciudadanía no definió. Estos candidatos no se reúnen con sus votantes antes de las elecciones para comunicar sus visiones de la realidad nacional ni a qué se comprometen con sus electores. Esto que se supone sea la campaña electoral, está prohibido por la dirección política y estatal del país. Es un rezago “burgués” reunirse, comprometerse con los votantes con un programa de cambios y obligatoriamente rendirles cuenta. Por eso las rendiciones de cuenta periódicas que se realizan son actos formales y sin ningún poder de incidencia para revocar a los “elegidos” municipales, provinciales ni nacionales.
Las asambleas de rendición de cuentas en las circunscripciones se limitan a escuchar la imposibilidad del delegado de resolver ninguna de las cuestiones planteadas por la población, porque los municipios no tienen ni recursos propios, ni autonomía para decidir sobre las producciones ni sobre los servicios enclavados en la comunidad.
Otra limitación para el electorado cubano, es la actuación de los CDR el día de la votación. Los que dirigen a nivel de cuadra, van casa por casa para “invitar” a los electores a votar. Este gardeo sobre la población, es una presión extralegal que tampoco debería existir. Si el voto es un derecho ciudadano, no se debe presionar al electorado a ejercerlo. Tampoco este mecanismo de presión aparece en la Ley electoral.
La ley electoral cubana prescribe algunos ordenamientos generales del proceso electoral pero no descubre ninguna de las limitaciones reseñadas en este trabajo. Las elecciones en Cuba son periódicas, pero al nivel masivo ciudadano, que es la base de todo el sistema y al que debería responder en primer lugar el proceso eleccionario, no son secretas para determinar a su representante municipal y tampoco son libres: los candidatos son designados.
Según la ley Electoral, las candidaturas propuestas por las Comisiones electorales a cada nivel se votan a mano alzada. En esta parte del proceso tampoco el voto es secreto. Sólo es secreto para votar individualmente por los candidatos que ya han sido designados por las Comisiones a todos los niveles. En la Asamblea Municipal, para elegir al presidente y vicepresidente de la asamblea, el voto es a mano alzada. En otras palabras: la mitad del proceso eleccionario que son las candidaturas, —y su parte más importante que es la definición de quiénes van a dirigir en todos los niveles—, no se deciden por el voto secreto.
Para lograr elecciones no sólo periódicas sino también secretas y libres, es necesario transformar la Ley electoral, eliminar los candidatos designados que no pueden ser el contenido de trabajo de las Comisiones electorales sino de la ciudadanía, y realizar todas las votaciones de manera secreta y no a mano alzada. Los candidatos deben ser propuestos por la población y cada candidato en el nivel de circunscripción, de municipio, provincial y nacional, debe comprometerse con la población que lo elige discutiendo su programa de acción, y sometiéndose a sus electores para el escrutinio de su mandato. Las rendiciones de cuenta a puertas cerradas y sin participación de la ciudadanía a nivel Municipal, Provincial y Nacional, impiden el control ciudadano sobre sus representantes y convierten las rendiciones de cuentas periódicas en actos formales, “secretos” por que son a puertas cerradas y vacíos de contenido democrático.
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