Nadie puede estar por encima de la ley

En la madrugada del domingo la policía del Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York detuvo, tras bajarlo de la cabina de primera clase de un vuelo que partiría hacia Francia, a Dominique Strauss-Khan, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y posible candidato a la presidencia de Francia en los comicios del próximo año.

La causa de la detención fue la denuncia de una camarera de habitaciones de un hotel en Manhattan, donde Strauss-Khan estaba hospedado en una suite de lujo de tres mil dólares por noche. Según la denuncia, ella limpiaba un pasillo cuando el acusado, desnudo, la arrastró a la habitación y pretendió violarla. Después de varios forcejeos la camarera habría logrado escapar y avisar a sus colegas, quienes dieron la alarma.

Al llegar la policía la habitación estaba vacía, pues el huésped había salido rumbo al aeropuerto. Olvidó en el hotel su teléfono celular. La policía buscó evidencias y tomó muestras que podrían servir para la identificación por ADN.

En el momento de escribir estas líneas ya la camarera, definida como buena trabajadora por la gerencia del hotel —y que posiblemente no gane en todo un mes lo que pagaba su presunto agresor por una noche de hotel— había prestado declaración en la comisaría, donde se esperaba que declarara el acusado con su abogado. La jueza de Nueva York que instruye el caso de presunto intento de violación contra Strauss-Kahn, denegó el lunes su libertad bajo fianza y fijó para el 20 de mayo su próxima comparecencia ante ese tribunal.

Naturalmente, Strauss-Khan es inocente hasta que se pueda demostrar que es culpable, y en caso de serlo deberá responder por sus actos. Si se demostrara que la camarera que le denunció inventó la acusación, ella no pasaría por momentos agradables.

Cuando en un país funciona un verdadero Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, ni una humilde camarera de hotel ni un poderoso director gerente del FMI.

Todo esto viene a colación para destacar que ante una justicia limpia y seria no importan nombre y cargo de acusados y acusadores: todos están obligados a cumplir la ley y responder ante los tribunales por las violaciones que puedan cometer.

Compárese esta situación con lo que acaba de suceder en Cuba hace muy poco. El cubano Juan Wilfredo Soto falleció, según denuncias de los disidentes, a causa de una paliza que le propinó la policía en el Parque Leoncio Vidal, de la ciudad de Santa Clara, en el centro de la Isla. El Gobierno cubano dice que la denuncia es falsa, un espectáculo que pretenden montar para desacreditar a la revolución.

Se dice de una parte que Soto era un disidente perteneciente a un grupo opositor. Según el Gobierno, era un vulgar delincuente común al que la policía detuvo por negarse a abandonar el parque, pero que en ningún momento fue golpeado, y que falleció después a causa de una enfermedad crónica que padecía, pancreatitis. Para confirmar la versión gubernamental la prensa oficial publicó declaraciones de un médico y de dos testigos ocasionales, así como de familiares del fallecido, que aseguran que no había huellas de golpes en su cuerpo.

Y aquí viene la comparación. Mientras al poderoso director gerente del FMI se le detiene a bordo de un avión a punto de despegar y se le lleva a una comisaría para poderle tomar declaración por las acusaciones de una empleada del hotel, los policías del Parque Vidal que participaron en la detención ni siquiera han sido identificados ni mucho menos han declarado una sola palabra sobre el incidente.

Tanto en el caso de Nueva York como en el de Santa Clara hay dos versiones de los hechos y ambas tienen que ver con un abuso contra alguien. Es normal que haya versiones distintas en un conflicto. Pero mientras en Nueva York tiene que rendir cuentas ante un juez el poderoso director gerente de uno de los organismos financieros más poderosos del mundo —y uno de los blancos favoritos de la izquierda radical—, por haber sido acusado por una empleada del hotel en que se alojaba, en Cuba es más que suficiente que la prensa oficial ofrezca su versión de los hechos, sin necesitar investigación independiente de lo ocurrido ni nadie deba presentarse ante las autoridades para aclarar las cosas. ¿Ni siquiera los disidentes que habrían mentido orquestando el tácito “show mediático para desacreditar a la revolución”? ¿No es eso un delito en Cuba?

No prejuzgo ahora. Solo señalo que el régimen apela a que crean lo que dice sin mostrar evidencias, y lo contrapone a los que piensen que hace falta algo más que una declaración de fe en un caso como este, y que reiteraron su denuncia después de la declaración de la prensa oficial cubana. La imagen internacional del Gobierno cubano quedaría mucho más presentable si una investigación en serio demuestra la veracidad de su versión.

¿La muerte de un ser humano no merece ser investigada a fondo, cuando hay quienes consideran que la persona murió por una golpiza? ¿No amerita una investigación judicial, no periodística? Y no importa cuántos son los incrédulos ni la posición política o condición social de los involucrados.

En Nueva York bastó la palabra de una empleada de hotel para que la justicia comenzara a movilizarse. En Cuba no han bastado la muerte del ser humano ni las denuncias de disidentes para investigar si hubo violencia o no que haya podido ocasionar la muerte a Soto. ¿La policía de Santa Clara tiene una impunidad de la que no puede disfrutar el máximo jerarca del FMI?

Todos los cubanos son iguales ante la ley, pero algunos son mucho más iguales que otros. Esa es una diferencia sustancial con un verdadero Estado de Derecho democrático, donde nadie está por encima de la ley, ni una camarera, ni un policía, ni un director gerente del FMI que también es considerado un eventual candidato presidencial en su país.

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