Difícil intercambio

Después de dos reuniones de la OEA (Organización de Estados Americanos) —una de presidentes y otra de cancilleres—, las resonancias del ataque de Colombia a un comando de las FARC en territorio ecuatoriano comienzan a ceder su lugar en las primeras planas latinoamericanas.

En aquel ataque, como se sabe, murió el terrorista de alias "Raúl Reyes", segundo al mando en el grupo armado, junto a otras 25 personas, varias de distintas nacionalidades.

El suceso que desplaza al ya célebre ataque y las espectaculares reuniones de la OEA, provoca expectativas, reparos y esperanzas casi a partes iguales.

Nos referimos al reciente decreto del presidente colombiano, Álvaro Uribe, mediante el cual pretende intercambiar secuestrados por efectivos de las FARC en las prisiones colombianas.

Presiones desde distintas geografías sobre el grave estado de salud de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, ayudaron sin duda a un cambio de táctica por parte del mandatario.

Para Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, "la liberación de los secuestrados es el único requisito" que antepone Uribe para el intercambio. Con la primera liberación por las FARC se consideraría iniciado el proceso de canje.

El decreto obliga al Palacio de Nariño a solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de las condenas, según la cifra que se haya acordado. Para facilitar las cosas, Francia se brindó para acoger a excarcelados.

Los reparos

Como sucede con la mayoría de los familiares de los secuestrados, Lorenzo Delloye, hijo de Ingrid, afirmó que los últimos eventos lo mantienen entre la esperanza de ver libre a su madre y la desconfianza que le genera el gobierno de Uribe.

Sectores de la izquierda ortodoxa latinoamericana califican de "repentina" la decisión de Uribe, y se preguntan si la misma responde a la necesidad de liberarse de responsabilidades si llegara a morir alguna de las personas en cautiverio.

La actitud del presidente colombiano, cuyo padre fue asesinado por la guerrilla, ha ido acompañada del lógico recelo para que no le suceda lo que al ex mandatario Andrés Pastrana, de quien se dice fue engañado por los terroristas.

Recuérdese que a finales de 2004, luego que Uribe liberara unilateralmente a 23 reclusos de las FARC desvinculados de crímenes masivos, la guerrilla no reciprocó el gesto y guardó silencio. Pero el oficialismo tampoco está aquí libre de pecado. La guerra, en fin, como dijo Sun Tzú, está basada en el engaño.

Si es cierto que el proceso en la OEA echó sobre Venezuela y Ecuador suspicacias de relacionarse con las FARC, lo que acarreó el compromiso de combatir el terrorismo, también lo es que un clima de triunfalismo se encaramó en la sensibilidad popular colombiana, y la posible derrota militar de la guerrilla empujó hasta el 80% la popularidad de Uribe. Sin duda, el graduado de Harvard enfrenta sus riesgos.

Por otro lado, el decreto recolocó a Bogotá como protagonista de la liberación y pone límite a "gestiones extragubernamentales para viabilizar el acuerdo humanitario", que no contaban con un mínimo control de las autoridades colombianas, dice un editorial de la edición digital de El Nuevo Siglo.

Un opositor sobresaliente a la propuesta de Uribe es Javier Hernández, delegado en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien advirtió al Palacio Nariño de no otorgar beneficios a integrantes de grupos armados ilegales procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad o de guerra, lo cual "puede ser equiparado a amnistías e indultos", y esto, añadió, "no está permitido por el derecho internacional".

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