La nueva muralla de La Habana
¿Puede tomarse partido en el debate migratorio de Estados Unidos y a la vez deportar a miles de orientales como 'criminales extranjeros'?
Pocos minutos después de ver, en uno de los televisores de la Estación Central de Ferrocarriles de La Habana, un reportaje sobre las manifestaciones públicas en Estados Unidos contra las nuevas medidas que regularán la inmigración ilegal, un vehículo de operaciones policiales se detuvo junto al andén donde aguardaba su hora de salida el tren con destino a Santiago de Cuba.
De la "guasabita" —como popularmente se le conoce a la pequeña jaula rodante— salieron varios jóvenes que fueron rápidamente conducidos por agentes del orden al mencionado tren para ser deportados hacia las provincias orientales.
Hace ya varios años que este triste espectáculo se repite cotidianamente ante la vista impasible de los habaneros, que, sin mirar lejos y profundo la significación e implicaciones de la deportación, llegan incluso a sentirse aliviados con la expulsión de los "palestinos" —término popular y despectivo que designa a los cubanos oriundos de la región más oriental del país—. Estos últimos, por su parte, no han encontrado la forma de protestar pública, abierta e institucionalmente por esta violación flagrante de sus derechos ciudadanos.
Como ante otros fenómenos de grave implicación social —sida y prostitución, por ejemplo—, el gobierno cubano prefiere despreciar los derechos del individuo y anteponer las medidas punitivas al análisis de las causas sociales y estructurales.
Por esa razón, el Decreto-Ley 217 del Consejo de Ministros, puesto en vigor en 1997, refrenda que los orientales sean tratados como parias indeseables en su propia tierra. Dicha ley contradice los derechos que reconoce la Constitución vigente, cuyo artículo 43 afirma que "el Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos sin distinción de raza, color de piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: —se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel…".
Sin atacar las causas
El caso es que los desquiciamientos socioeconómicos de los últimos lustros han aumentado la emigración interna.
La muy tensa situación económica de las provincias orientales —que puede resumirse en bajo nivel de desarrollo agrícola e industrial, considerables niveles de desempleo, agresivas sequías, poca incidencia del turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares— ha movido oleadas de personas, fundamentalmente jóvenes, que buscan en la capital y sus localidades limítrofes mejores condiciones y oportunidades de desenvolvimiento.
Como casi siempre sucede, este movimiento migratorio —numéricamente considerable— trae consigo un aumento de la informalidad en la vivienda y la economía, y de la potencialidad delictiva, a la vez que contribuye a complicar más el ya enrarecido mercado laboral.
En una capital densamente poblada, con un fondo habitacional en total colapso, llena de restricciones y controles, agobiada por la escasez, las carestías y las prohibiciones, es natural que el masivo movimiento migratorio provoque inquietudes y rechazos; pero sin duda la marginalidad y el delito económico o criminal no son, ni con mucho, patrimonio exclusivo de los orientales recién llegados.
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