Actualizado: 14/12/2018 10:51
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Represión, Violaciones, Derechos Humanos

Lista de lesa humanidad

Todo parece indicar que la CICJ se quedó corta, porque las graves violaciones de derechos humanos reportadas a diario contra opositores pacíficos permiten listar a casi todos los agentes operativos de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria

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Un mexicano y un chino de la Comisión internacional Cuba Justicia (CICJ) llevaron al Departamento de Estado americano una lista negra, que se tornará roja al remitirse a Interpol, con Raúl Castro y otros 41 cubanos acusados de delitos de lesa humanidad.

Esta lista negra viene convoyada con solicitud de aplicar la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad en Derechos Humanos (2016), que autoriza al presidente de Estados Unidos para imponer sanciones a ciudadanos extranjeros responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones de derechos humanos contra personas que, en otros países, buscan poner en la picota pública las actividades ilegales de funcionarios del gobierno u obtener, ejercer, defender o promover los derechos humanos y las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, así como los derechos al debido proceso y a las elecciones democráticas.

Todo parece indicar que la CICJ se quedó corta, porque las graves violaciones de derechos humanos reportadas a diario contra opositores pacíficos permiten listar a casi todos los agentes operativos de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), como por ejemplo las policías que violan flagrantemente —según prueban las fotos que el preso político Ángel Moya toma cada domingo frente a su casa— las libertades de religión de Berta Soler y dos o tres Damas de Blanco más que ya ni siquiera pueden ir a dárselas de cristianas en la iglesia.

Aparentemente ninguno de los tres casos entresacados de la lista negra por la agencia EFE —el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo [1994], el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate (HAR) [1996] y la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo [2010]— sería delito de lesa humanidad, ya que son crímenes aislados y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002) exige que, para tener relevancia de lesa humanidad, el asesinato requiere “comisión múltiple (…) como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Sin embargo, las apariencias engañan. La CICJ tiene previsto presentar a la judicatura internacional esos tres y los demás casos de crímenes de lesa humanidad del castrismo, pues resulta evidente que, desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, hay una secuencia de ataques sistemáticos y generalizados del Gobierno contra la población civil en Cuba, aunque su inmensa mayoría salga a votar y marchar a favor del Gobierno.

En el crimen horrendo del remolcador, el régimen se escudará contra la lesa humanidad con que no hay sistematicidad ni generalización si los propios criminales rescataron a 31 sobrevivientes. Y para dar contracandela en el caso de Zapata Tamayo, quizás saquen la grabación oculta de la entrevista de la madre, Reina Loina, “con el médico que atendió a su hijo hasta la muerte, en la que ella reconoce y agradece la atención medica prestada”, según avisó al Nuevo Herald de Miami el coronel del MININT Crescencio Marino Rivero al desmentir cuatro veces al inefable “Coco” Fariñas en noviembre de 2012.

Lasitud en Washington

Así y todo, el caso más interesante será el derribo alevoso de las dos avionetas de HAR el 22 de febrero de 1996, con saldo de tres ciudadanos americanos y otro cubano muertos. El Congreso de Estados Unidos determinó por ley [Código Federal, Título 22, Capítulo 69A, Subcapítulo I, § 6046] que fue un “acto de terrorismo del régimen de Castro [e] instó al presidente a formular acusación ante la Corte Internacional de Justicia”. Desde Clinton hasta Trump, ninguno respondió a esta instancia del Congreso.

Si la Casa Blanca se apea ahora con aplicar la Ley Global Magnitsky a los pilotos de Castro que derribaron a cohetazos las avionetas de HAR, sin haberlos acusados jamás por el crimen ante tribunal internacional, tendríamos otra confirmación de aquella tacha que Howard Hunt pegó a USA en el problema cubano: We didn’t have the cojones to follow through, tal como quedó ya en evidencia con la respuesta tímida e inconsecuente de Washington a los ataques terroristas contra sus diplomáticos en La Habana.

Negritud en La Habana

El auditor ruso Serguéi Magnitski destapó un escándalo de $230 millones pagados al fisco por la firma de inversiones Hermitage Capital y robados en complot por policías y militares, mafiosos y banqueros, jueces y otros funcionarios del Estado, quienes supieron arreglárselas para meterlo preso sin juicio por casi un año hasta que murió en la prisión moscovita de Butyrka como consecuencia de golpiza y mala atención médica. EEUU se empinó sobre esta causa célebre, que resume el lado más oscuro del putinismo, para aplicar el principio de justicia mundial.

Así que magnitskyar a Raúl Castro y 41 criminales más de lesa humanidad en la lista negra de la CICJ revelará el lado más oscuro del castrismo y ennegrecerá el panorama personal de aquellos, pues no podrán entrar a EEUU y aquí sus cuentas serán congeladas, si no atinan a cerrarlas tras el anuncio de la CIJC y antes de que Trump imponga las sanciones. Se verán perjudicados indefectiblemente al tener que transferir los fondos a los mismos países adonde tendrán que seguir viajando como de costumbre.

Coda

Raúl y los demás de la lista negra quedarán fijos en el banquillo estadounidense de los acusados para merecer el repudio de América Latina, la Unión Europea y el resto del mundo, tan solidarios todos con Washington y su política de principios hacia Cuba.


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