Los diálogos pendientes
Si La Habana todavía controla el aparato represivo y Estados Unidos no tiene a Cuba entre sus prioridades, ¿por qué el régimen dialogaría con el pueblo?
El tratamiento que los dos gobiernos otorguen a inmigrantes excluibles y prófugos de sus respectivos sistemas de justicia es otro tema de mutuo interés, como lo son la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la normalización de los flujos migratorios, el levantamiento de las sanciones económicas contra La Habana, y la cooperación sanitaria y ambiental. Pero la necesidad de abordar esa agenda bilateral no le resta razón al gobierno de Estados Unidos cuando señala al de Cuba que es necesario que dialogue también con su pueblo.
Sin lugar a duda, el primer núcleo de conflicto que tiene que atender y resolver de manera definitiva el gobierno cubano es el existente entre el modelo totalitario y el pueblo.
El lazo que, de algún modo, anuda las dos agendas es la curiosa necesidad que tienen los estadounidenses por que los cubanos tengan algún tipo de democracia, Estado de derecho y se respeten sus derechos políticos y civiles básicos de pensamiento, expresión y asociación.
Lo que permitió que surgiesen algunos de los más graves elementos que caracterizaron la relación bilateral con Estados Unidos —como la instalación de cohetes nucleares en la Isla— fue precisamente la ausencia de democracia en Cuba. Esa realidad impedía ejercer cualquier control crítico independiente en el ámbito nacional sobre las políticas que desarrollaba el gobierno, y tampoco existieron las mínimas garantías de transparencia que aseguraran de manera estable y confiable el respeto a lo acordado. Los balances de poder y transparencia que ofrecen, con mayor o menor eficacia, los sistemas democráticos se han convertido en una necesidad de gobernabilidad internacional en un mundo globalizado.
Democracia, condición sine qua non
Llevada por esta comprensión dialéctica de la relación existente entre políticas internas y la gobernabilidad regional, es que la OEA hizo de la democracia, en los años noventa, una condición para participar en el sistema interamericano. En el mundo actual, la soberanía de cada país queda acotada por el entramado de convenios y pactos concluidos por la comunidad internacional.
Incluso si se partiera del supuesto que lo único que le interesaría a Estados Unidos es obtener las garantías necesarias de que en esta ocasión se cumpliría con los compromisos adquiridos en una negociación bilateral, sería improbable que Washington aceptase la buena fe de una clase política que pretendiera permanecer en el poder de manera permanente, y más allá de todo monitoreo y control democrático interno o internacional.
Es por eso que el tema de la democracia no es asunto exclusivo de la agenda doméstica cubana, sino también está inevitablemente entrelazado con la normalización de relaciones con Estados Unidos, aunque su solución no ha de ser discutida bilateralmente con Washington, sino con el pueblo cubano.
A los futuros gobernantes cubanos y al propio pueblo de Cuba también les corresponde, por supuesto, el derecho a contar con garantías tangibles dentro del sistema político y económico estadounidense que aporten seguridades de que el nuevo proyecto de país que se llegue a consensuar, esta vez por vías democráticas, será respetado, sin interferencia alguna, por cualquier gobierno que ocupe la Casa Blanca en el porvenir.
¿Cuál sería el posible contenido de un diálogo con el "pueblo cubano"?
El contenido de un diálogo entre el gobierno y "el pueblo cubano" —concepto que debe incluir pero no limitarse a los disidentes, opositores y exiliados, sino que abarca a todos los millones de ciudadanos de esa isla— es el de definir cuál modelo de desarrollo sustentable, democrático y humano, podría sustituir el actual sistema totalitario. En dos palabras: el contenido de cualquier diálogo debería dirigirse a delinear el proyecto de nación que puede ser consensuado —no impuesto por una élite o una mayoría— de ahora en adelante.
Ese diálogo pluralista debería preceder a un proceso electoral, porque primero se hace necesario fijar por consenso hacia dónde, en líneas generales, desea encaminarse la nación, y luego elegir al equipo de gobierno más capaz para administrar ese proyecto por un período limitado de tiempo, hasta que otro lo remplace, en nuevas elecciones, rotando de manera obligada esas funciones.
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