Los muchos usos de la emigración y el dilema de la izquierda cubana

Para los intelectuales y activistas críticos de izquierda que viven en Cuba, el tema de la emigración cubana —un 20% de la población nacional con una importancia económica crucial— es un tema difuso. Lo más usual es que el asunto no se mencione. Pero cuando lo hacen, les sucede como a quienes van al velorio de un compadre fallecido, se compadecen de la prole huérfana, pero no se comprometen con su mantenimiento. Cuesta mucho. Y también cuesta hacer mención del tema en Cuba, donde el asunto de la emigración siempre es un campo político minado.

La única organización de izquierda que ha adoptado una posición cardinal frente a la comunidad emigrada ha sido (y no es casual) la única que se encuentra en la ilegalidad y sujeta a la represión estatal: el Arco Progresista. En pocas palabras ha reclamado en su Carta de Nuevo País el derecho de los migrantes “a participar en la formación de la voluntad política del estado”. Un paso adelante que hay que apreciar, y entender como inevitable para quienes efectivamente creen en una república futura socialmente justa y políticamente democrática, donde la izquierda —socialista o no— tenga pleno derecho a presentar sus propuestas de superación del capitalismo y a establecer (como lo sugería Gramsci) una dirección ético/política. No se puede hablar de la sociedad cubana sin hablar también de su diáspora. Y si de hablar se trata, hay que hacerlo con toda la profundidad que ello merece.

Al revisar las entrevistas a los cuatro intelectuales publicadas por Espacio Laical que discutía en un artículo anterior (¿Existe un pacto social revolucionario?) me llevo la impresión de que se ha avanzado positivamente en el asunto pues los cuatro mencionan el tema y abogan por soluciones aperturistas. Pero me temo que en ningún caso hay una verdadera evaluación de la complejidad del tema, siquiera de manera sucinta, y que por ello todos los distinguidos analistas se quedan muy lejos, lamentablemente lejos, de sugerir una solución integral. Al punto que creo que definitivamente no cabemos los emigrados en esa República por todos y para el bien de todos que invoca Lenier González.

Sin lugar a dudas el autor que más se detiene en el tema es Carlos Alzugaray, posiblemente porque es el que tiene una formación profesional más propicia. El analista plantea, en resumen, dos puntos. El primero es permitir “el libre movimiento de los ciudadanos cubanos en una u otra dirección”. El segundo es resolver legalmente el asunto de la doble ciudadanía.

Como puede suponerse, por esta vía no llegamos muy lejos. Pues aun cuando aceptemos las ambigüedades retóricas del analista por su lado más progresista —por ejemplo creer que cuando quiere sincerar la legislación respecto a la doble ciudadanía, aboga por su aceptación— no se mencionan las cuestiones claves: el derecho de los migrantes a regresar y a vivir en Cuba y la restitución de sus derechos sociales, políticos y civiles, aun cuando continúen viviendo fuera del país.

Alzugaray dice algo que es al menos parcialmente cierto: desde fines de los 70 hay un rediseño por parte del Gobierno cubano de la política migratoria. Solo que ese rediseño no tiene nada que ver con una política inclusiva, justa y respetuosa de los derechos de los migrantes. Lo que el Gobierno cubano rediseñó desde fines de los 70 fue el uso múltiple de los emigrados en función de sus políticas de control político/ideológico y de su sobrevivencia económica.

Si antes de los 70 los emigrados eran presentados a la población cubana como escoria excedente de la historia, desde los 70 se empieza a perfilar un uso ideológico más sofisticado y un uso económico creciente. Para esto los dirigentes cubanos hicieron lo que siempre han hecho para poder gobernar: fragmentar. Y en este caso fragmentaron a la emigración en tres grupos con usos específicos.

El primero es el segmento aquiescente compuesto por funcionarios de compañías mixtas, personas con permisos especiales interesados en conservarlos u otras cuyas preferencias políticas le acercan al Gobierno cubano. Constituyen, desde la ideología oficial, el sector “patriótico” de la emigración, los herederos genuinos de los tabaqueros de Cayo Hueso. Estas son las personas a las que se invita a los diálogos de la “nación con la emigración”, en verdad cónclaves progubernamentales en que no participa ni la emigración, ni la nación. Sino solamente una parte de la primera y un gobierno cuya legitimidad nunca ha sido revalidada en unas elecciones democráticas, competitivas y pluralistas. Y que por consiguiente solo puede decirse que representa a la nación en términos jurídicos formales. No más.

La principal función de este segmento, como antes anotaba, es simbólica, al ofrecer al mundo y a la maniatada opinión pública cubana la falsa imagen de que la emigración (o parte sustancial de ella) apoya al Gobierno y a sus políticas. Eventualmente estos “grupúsculos” pueden ser utilizados como arietes violentos contra otros migrantes, como ocurre frecuentemente en las ciudades europeas. Una suerte de brigadas de respuestas rápidas de ultramar.

La contraparte de este segmento está compuesto por aquellas personas que mantienen posiciones duras de oposición al Gobierno cubano, bien sea porque reclaman la violencia para su derrocamiento, porque se oponen a todo tipo de contacto o negociación, o porque apoyan las acciones punitivas norteamericanas como es el caso del bloqueo/embargo. Sus manifestaciones en las calles de Miami —en particular si son violentas— son presentadas como las manifestaciones políticas típicas de los emigrados oposicionistas. Sus líderes y voceros son las bestias pardas que el Gobierno cubano selecciona para mostrar a la población insular cual es el tipo de futuro que le espera si la actual clase política desapareciera y su suerte quedara a merced del exilio.

La gran mayoría de los emigrados está fuera de estas dos franjas. Son las personas silentes, que no pueden manifestarse políticamente por temor a que les retiren los permisos de entrada o la salida de los familiares, que envían sus remesas a Cuba y pagan puntualmente los servicios consulares. Son mostradas y explicadas como personas “respetuosas” del sistema cubano. Sus peculiares condiciones de desterrados —como somos todos los cubanos que emigramos— se disuelven engañosamente en la consideración de que ellos son migrantes económicos, que emigraron porque en el planeta casi todo el mundo emigra para vivir mejor. Y por consiguiente también sirven para enseñar al cubano común que portarse bien es una condición para poder viajar, regresar por algunos días en el año y eventualmente “sacar” a la familia de la Isla.

Pero por encima de todo, esta franja mayoritaria tiene un uso económico al que el Gobierno cubano no puede renunciar: son un pivote esencial del consumo popular y una proveedora fundamental de moneda fuerte, rasgo este último que se acentúa debido a la vocación expropiatoria que tiene el Gobierno cubano en relación con los nacionales emigrados.

A pesar de su repugnante hechura, el diseño que antes explicaba ha implicado ciertamente más libertad para el cubano común. Antes no podía viajar a ningún lugar, y ahora puede hacerlo bajo ciertas condiciones. Pero es una libertad parcial y condicionada, delegada y por ello revocable. No parte del reconocimiento explícito de los ciudadanos y ciudadanas a salir de la Isla y regresar a vivir en el lugar en que nacieron, y por ello es más un permiso que una libertad. Y siempre muy costosa, para los bolsillos de quienes costean los viajes, regularmente a expensas de trabajar muchas horas en varios empleos simultáneos. Pero también es muy costosa para el prestigio de la parasitaria clase política cubana, que al menos antes podía argumentar la seguridad de la revolución redentora como razón para constreñir el derecho a viajar y regresar, pero ahora sencillamente vende ese derecho.

La República del futuro, la que debe ser “con todos y para el bien de todos” según Lenier González, no puede construirse sin una crítica clara y precisa de este sistema francamente oprobioso de manipulación de la opinión pública, de castigos a los críticos y opositores políticos y de expropiación de los migrantes y sus familias. Solo puede haber una agenda: eliminación tanto de todas las restricciones legales y administrativas que hoy impiden a los ciudadanos cubanos viajar libremente al extranjero, como de las que impiden a los emigrados regresar a su país de origen, residir en él y disfrutar plenamente de sus derechos ciudadanos.

No hay posibilidades de aspirar a una Cuba mejor sin la inclusión de su comunidad emigrada. O hay libertad y derechos para todos, o no los habrá para nadie. De manera gráfica: hasta que Yoani Sánchez no pueda viajar a donde le plazca, los cuatro brillantes entrevistados de Espacio Laical tendrán que seguir hablando crípticamente. Para siempre poder argumentar que no fueron bien entendidos. Y efectivamente, no ser entendidos.

© cubaencuentro.com