Actualizado: 29/05/2020 12:36
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VI Congreso del PCC, Cambios

El orden de los factores

Una réplica a Haroldo Dilla

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En varias entregas a Cubaencuentro, Haroldo Dilla ha polemizado con artículos y editoriales publicados en la revista Espacio Laical.[1] Quisiera agradecer en particular, la discusión del dossier sobre la existencia de un “pacto social revolucionario” en la que tuve el honor de participar. En estas líneas discutiré algunas de las generalizaciones de Dilla en relación al concepto de pacto social revolucionario, y su crítica a mi caracterización del embargo norteamericano como un factor limitante para la plena vigencia de los derechos humanos en Cuba.

Precisiones sobre el “pacto social revolucionario”

1. La mera lectura de la discusión en Espacio Laical ilustra que desde mi primera respuesta rechace la noción de “un pacto social revolucionario”. La premisa de un “pacto social” es una metáfora desacreditada, como la mayoría de las entelequias del liberalismo simplón, por la literatura seria sobre derechos humanos (Jack Donnelly, Martha Nussbaum, David Forsythe, Jeremy Waldron, Tom Farer). Frente a esa diferencia fundamental (si no hay pacto social, no tiene sentido hablar de “pacto social revolucionario”), Dilla escogió el facilismo, “poco compasivo con su sólida preparación intelectual”, de unir cuatro posiciones en un muñeco de paja y debatir con él.

Como alternativa a la idea de pacto social, respondí al dossier desde la premisa que existen zonas de legitimidad, que se expanden o contraen históricamente a partir de una revolución triunfante en enero de 1959 con masivo apoyo popular pero sin ningún contrapeso o balance institucional de poderes. La revolución cubana nunca se levantó sobre un “pacto social”[2], ni fue legitimada por concordar con la Declaración Universal de derechos humanos.

Dicho lo anterior, no tiene utilidad analítica descalificar un régimen como ilegitimo, si sobrevive por décadas en contextos de hostilidad, enfrentado a potencias externas mucho más poderosas y con niveles elevados de acatamiento y hasta de masivo apoyo, no explicables solo a través de la represión.

El concepto de zonas de legitimidad es también más útil que la metáfora de pacto social para pensar un posible futuro inmediato de liberalizaciones parciales. Permite la posibilidad de que en lo adelante el Gobierno efectúe reformas económicas y políticas que amplíen su base y durabilidad, sin necesariamente acceder a elecciones multipartidistas. De igual forma, el régimen político cubano puede compensar pérdidas de legitimidad en una zona (carisma, equidad) y ganar en otras (desempeño económico, institucionalización republicana, combate a la corrupción) como ha ocurrido en otros regímenes unipartidarios.

La metáfora de un pacto social es todavía más nociva porque una de las tácticas más efectivas de los gobiernos unipartidistas o de partido dominante ha sido la articulación separada de las zonas de legitimidad según su conveniencia, construyendo muros entre los sectores con los que negocia. Una de las tareas más importantes de los grupos democratizadores es, entendida esa separación, reformar las reformas, con secuencias y dinámicas por las cuales se construyen vínculos entre los diferentes sectores sociales.

2. El acusar a los colaboradores del dossier de usar una “retórica críptica”, y adjudicarles temor es muy barato. Sugiero a Dilla explorar las diferencias de fondo entre nuestra forma y lenguaje de “planificar para la libertad”[3] y la que él desde su experiencia ha adoptado.

Los moderados y “dialogueros” —para usar calificativos que porto con orgullo— no somos radicales temerosos, hablando un lenguaje “elíptico” para que el Gobierno no nos castigue. Si Dilla tiene evidencias sobre ese temor, debe presentarlas, pero proyectar en los que escribimos en EspacioLaical su propia experiencia en el CEA es una analogía sin análisis.

Nuestro rechazo a las ideas radicales, a los llamados infantiles a la violencia o la desobediencia civil, a la entrega de premios sobre libertad de expresión con sesgos ideológicos, a la supuesta defensa de las libertades en Cuba mientras se anda calladitos ante los problemas de censura en el exilio y las obvias restricciones a las libertades que el embargo implica; nacen de convicciones.

Nuestra insistencia en los derechos humanos como vara de medir tanto la situación en Cuba como en el exilio y nuestro rechazo tanto a la intransigencia comunista como al anticomunismo autoritario e intervencionista no tienen nada que ver con temor alguno. Si de coraje se trata, lo más escaso en el contexto cubano ha sido el valor para pactar y dialogar desde esos principios.

En Cuba, como invitado a la X Semana Social Católica, afirmé que el diálogo entre cubanos y el sistema político debe incorporar una oposición leal. ¿Que entiendo por tal? He escrito que comprendería a grupos políticos (socialistas, socialdemócratas, socialcristianos, democratacristianos, trotskistas) que discrepan del Partido Comunista desde diferentes ideologías pero se adscriben al consenso nacionalista sobre la defensa de la soberanía nacional, y un estado de bienestar comprometido en garantizar, sin poner en riesgo la estabilidad política, tanto las libertades políticas y civiles como los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en el modelo de la Declaración Universal de Derechos humanos.[4]

En el exilio, he publicado que para gestar la reconciliación nacional, se necesita un consenso nacionalista, y que del mismo debe excluirse a todo aquel que no se comprometa a luchar por desmantelar el embargo como medida “ilegal, inmoral y contraproducente”, opuesta a una Cuba soberana y respetuosa de todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales. A grupos pro-embargo, les he dicho sin sonrojo, que su política es incompatible con un proyecto patriótico, y que todos los  actores en la Isla deberían guardar distancia de ellos mientras no abandonen incondicionalmente tal postura, pues su apoyo los desacredita. ¿Dialogar entre todos los cubanos?, sí. ¿Aceptar que los plattistas usen su apoyo al embargo como palanca negociadora en la política interna?, jamás. ¿Qué hay de críptico en eso? ¿Dónde está el miedo?

Una agenda nacionalista democrática dicta una secuencia transicional que garantice la participación plattista en la república al final del proceso, solo cuando sea equivalente al del coro en las tragedias griegas: exclama, lamenta, o expresa aprobación, pero no juega papel protagónico alguno.[5] Ese debe ser también el destino de un partido liberal o uno anarquista, denunciar casos de corrupción, criticar los excesos de intervención estatal, pero nunca determinar la agenda de Gobierno.

Claro que esa propuesta nacionalista y socialdemócrata de gobernabilidad tiene costos, riesgos y exclusiones. Como los tienen también todas las otras opciones, incluso aquellas que dibujadas de libertarias a secas se presentan como libres de todo costo. Incluir en un diálogo de gobernabilidad a los plattistas es caminar en redondo sin llegar a ninguna parte, al tratar de compatibilizar posiciones antagónicas.

3. Es desde esa propuesta que emerge también la secuencia de procesos que propuse en la discusión de Espacio Laical: Primero, reforma económica, con un componente de reconciliación nacional (dígase inclusión de los cubanos que viven en el exterior o en Cuba en una economía mixta, al estilo de la de los estados del Este de Asia). Segundo: liberalización política, (institucionalización republicana, límites de mandato, ampliación del espacio del estado de derecho, con separación del Partido Comunista del Estado, control civil de las fuerzas armadas, parlamento bicameral, apertura gradual a cargos estatales y competencias políticas en la cámara baja, pero con candados nacionalistas en la cámara alta). Tercero: apertura al exterior, desmontaje de las medidas que desde fuera de Cuba y dentro de Cuba impiden que Cuba se abra al mundo, y el mundo se abra a Cuba (en primer lugar las desviaciones a los estándares de libertad de viaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto en Cuba como en EEUU).

Dilla recuerda “el dilema ético en callar cuando se organiza un congreso del partido donde se prohíbe cualquier discusión de cambio político”. Podría especificar: ¿Quiénes son los que callan? ¿Qué evidencias tiene Dilla de que los opinantes en el dossier no discuten sobre el “cambio político”? ¿Cuáles son las opciones de ese dilema ético? ¿Cuáles son los costos y riesgos de esas opciones? ¿Cuáles son los méritos de los caminos alternativos? ¿Son incompatibles esos caminos a los métodos y propuestas que ha hecho Espacio Laical?

Si alguna verdad existe en la discusión sobre democratización es que —como han demostrado Adam Przeworski y varios de sus colegas— después de cruzar cierto umbral de ingreso per cápita, en un contexto de economías mixtas, las democracias no retroceden a formas autoritarias. La conclusión para Cuba es evidente, una reforma económica orientada al mercado por lo menos no será dañina a una futura democratización. Debe ser, por tanto, promovida en su propio mérito, independiente de su efecto en una posible apertura política a corto plazo. A diferencia de Dilla no veo contradicción ética alguna en promover la liberalización económica y política pues ambos procesos crean condiciones favorables a la democratización. Como escribió Samuel Huntington: “La liberalización primero, y más tarde la democratización son una secuencia muy sensata para los que deseen alcanzar esas dos metas”.[6]

Es paradójico que después de acusar a aquellos con los que discrepa de wishful thinking, pensamiento en las nubes, Dilla se baja con la idea de “democratización” mañana por la mañana. Pensar que el Gobierno cubano va a acceder a los reclamos de “democratización”, entregando intereses, valores y privilegios, porque Dilla lo diga, compite con el Doctor Pangloss. Es tiempo de que Dilla deje de jugar a la riposta. Si alguien conoce el mapa de ruta de Dilla que nos avise. ¿Cuáles son sus costos, riesgos, ventajas y desventajas?

Dilla versus Dilla:

En su artículo “¿Existe un pacto social revolucionario?”, Dilla rechaza mis referencias a los costos, riesgos y consecuencias que el embargo norteamericano a Cuba implica para los procesos de liberalización política, apertura al exterior o democratización en Cuba. Dice que “no es posible continuar hablando de la apertura política cubana pidiendo excusas al espantajo de la hipotética agresión norteamericana. Esa agresión ya no es parte de la agenda de nadie”.

De allí a aceptar la secuencia de la ley Helms-Burton (primero, imponer a Cuba un discurso selectivo de democracia, con elecciones abiertas a todas las propuestas políticas, pero en un plano totalmente sesgado a favor de la derecha plattista y la intervención foránea, segundo, levantamiento del embargo, como premio por aceptar la injerencia externa) hay un pasito. Dilla evita darlo, al reconocer “crípticamente” que posiblemente es “demasiado categórico” y que “la cercanía de Estados Unidos a Cuba (…) es un asunto delicado para Cuba”.

La idea de desvincular democratización de presión externa sería novedosa si antes no hubiese sido rechazada por muchos cubanos razonando no solo desde una perspectiva nacionalista, sino también de derechos humanos y democratización. Uno de ellos escribió en 1994 que Estados Unidos reserva a Cuba “un tratamiento extraño al derecho internacional” y que “Estados Unidos no aspira a una negociación con Cuba, sino a la defenestración de su proyecto socialista y a la humillación nacional”.

A partir de esas realidades, aquel autor concluyó: “Ello tiene un efecto inmediato tanto respecto a la reducción de las capacidades de acción, como también en la polarización del ‘mercado’ político nacional. En otras palabras, la configuración de un escenario que hace poco creíble a cualquier opción intermedia. Amplifica los riesgos de cada acción, no solo en la dirigencia política, sino en toda una población de fuertes tradiciones nacionalistas, y para la cual ‘lo nacional’ se ha definido muchas veces en contraposición al injerencismo de Estados Unidos”.[7]

Después de que Haroldo Dilla escribió lo anterior, el cambio más importante ocurrido fue la aprobación de la ley Helms-Burton en 1996 y las comisiones para la Free Cuba en 2004 y 2006. Dilla tiene derecho a cambiar de opinión sin avisarnos, pero: ¿no debería explicar en qué ha cambiado lo esencial de la política norteamericana hacia Cuba? ¿Se acabaron las dificultades que implica construir “cualquier opción intermedia”?

El texto del dossier es útil también para cotejar la diferencia entre lo que Dilla atribuye y lo escrito allí. No uso la palabra “agresión” del Gobierno de EEUU hacia Cuba, no porque no la crea posible, sino porque se confunde con la posibilidad de una invasión armada, acción que considero improbable.

Escribí sobre “una política intervencionista” que no es una posibilidad sino una realidad. La ley Helms-Burton es un ejemplo paradigmático de sanciones “ilegales, inmorales y contraproducentes” (para usar la frase del Papa, que la revista Espacio Laical ha repetido orgullosa). Recordemos que en la conferencia panamericana de Montevideo 1933, a propuesta de la delegación cubana y su delegado Herminio Portell Vila se refrendó un concepto de intervención que incluía la agresión económica y hasta diplomática (uso político del acto de no reconocimiento del Estado). (Ver: Convención Panamericana sobre los derechos y Deberes de los Estados Americanos).

Si lo que Dilla sugiere es que el contexto internacional no sea usado como un cheque en blanco para cubrir violaciones de derechos humanos injustificadas (por ejemplo, el derecho a la vida o la protección contra la tortura no son derogables bajo ninguna circunstancia) su posición no se distancia de lo que he expresado tanto en Espacio Laical como en Cubaencuentro.

Si por otra parte, Dilla afirma que la promoción de derechos humanos en Cuba debe desconectarse del contexto internacional en el que ocurre y de una política como el embargo, definida por Amnistía Internacional y Human Rights Watch como una violación de derechos humanos del pueblo cubano y del norteamericano por sí misma, le corresponde probar la racionalidad o la ética de ignorar esa realidad. Si algo demostró en algunos de sus escritos fue exactamente lo contrario.

¿Nada vale la pena?

Al final de su artículo, Dilla afirma que sin la total democratización de Cuba “nada vale la pena”. Eso es simplemente un absolutismo simplón. Para los cubanos que quieren abrir negocios particulares y tener el derecho a tener su propia propiedad al margen de los que el Estado decida, un ambiente favorable a la creación de estructuras mercantiles es un cambio sustancial. Para los cubanos que formamos parte de comunidades religiosas las ampliaciones de libertad de religión son elementos sustanciales a la creación de una nueva nación. Para los que quieren viajar desde o a la Isla sin limitaciones, un cambio en la política migratoria que nos lo permita, vale la pena.

Está claro que Dilla no tiene idea de lo que representó para muchos de mis hermanos de fe los obstáculos para estudiar ciertas carreras universitarias, alcanzar ciertos trabajos, etc. Un espacio en el que las comunidades religiosas son reconocidas como parte imprescindible de la “unidad de la nación”, con un rol social, educacional y político para las comunidades religiosas no es una conquista menor.

En política el orden de los factores altera el producto. Elimínese el embargo y las medidas coercitivas externas y se hará más legítima y transparente la preocupación, el escrutinio y la denuncia sobre derechos humanos en Cuba. Una actitud constructiva hacia las reformas (ensanchando la discusión e implementación de los lineamientos, promoviendo formas de hacer las políticas oficiales más inclusivas y abiertas, creando dinámicas externas favorables a la reforma económica, la liberalización política y la apertura al exterior) es más productiva en términos democratizadores que la ignorancia y el rechazo automático de cualquier cambio parcial.



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