Las tablas de la ley
El totalitarismo constitucional cubano, treinta años después.
Estas cifras pudieran explicarse por ausencia del cargo público que tanto gustaba a Ortega y Gasset: "inspector de la unanimidad". La democracia no puede ceñirse a la fuerza del número y pasar por alto los procedimientos de formación discursiva de la opinión y de la voluntad. Al menos desde que Jürgen Habermas intervino en el Congreso de la Asociación Alemana de Ciencia Positiva (Duisburg, octubre de 1975), vienen tomándose las premisas y reglas comunicativas (que permiten distinguir entre pactos de personas libres e iguales y acuerdos contingentes o forzados) como fuerzas legitimantes decisivas del orden político ( Problemas de legitimación en el Estado moderno, 1976).
El presidente de la Asamblea Nacional castrista, Ricardo Alarcón, expone a menudo que en Cuba se practica "lo que Kelsen definía como 'parlamentarización de la sociedad', cuando en otras partes se adoptan medidas que afectan radicalmente a toda la gente sin cumplir siquiera los rituales de la democracia formal". Quizás no se ha enterado de que algo tan radical y general como la reforma de precios de venta al público de 1.092 productos, entre otros muchos ejemplos, sobrevino de la noche a la mañana por "nota oficial" del Ministerio de Economía y Planificación (mayo 31, 2005).
El jurisperito austro-estadounidense Hans Kelsen (1881-1973) definió también la llamada norma básica: "Uno debe comportarse de acuerdo con la constitución realmente promulgada y eficaz" ( Teoría general del Estado, Berlín, 1925). Esta norma servía de fundamento a la pirámide escalonada de jerarquía y coordinación de las normas jurídicas, con vértice en la constitución.
En Cuba se invierte a menudo la pirámide kelseniana, porque normas de menor jerarquía y sin coordinación cercenan la posibilidad misma de ejercer derechos y gozar de libertades constitucionales. El clavo de la libertad de palabra y prensa "conforme a los fines de la sociedad socialista", por ejemplo, se remacha con la Resolución 180-96 del Ministerio de Comercio Interior, que prohíbe vender a personas y entidades privadas tanto microcomputadoras y equipos de impresión o reproducción masiva, como mimeógrafos y fotocopiadoras.
Letanía del poder
La Constitución (1976) impuso a los dirigentes, funcionarios y empleados del Estado "la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista" (Artículo 9). Hasta el propio Castro viola este principio. Ni siquiera de un plumazo, sino por meras palabras, suprimió la Ley 1312 (1976) y demás normas migratorias para encarar la crisis de legitimidad que desembocó en el éxodo masivo del Mariel (1980).
En menos de tres meses, casi 125 mil cubanos abandonaron la Isla hacia EE UU y acreditaron el mayor descalabro intrahistórico de la revolución castrista. Con igual ilegalidad y estilo unipersonal de gobierno se manifestaría Castro tras el Maleconazo (1994), que cerró otra crisis de legitimidad, gestada por la caída del Muro de Berlín (1989) y la desunión postsoviética (1992). Unos 88.500 cubanos escaparon (más de la mitad en balsa) hacia EE UU (1990-1994).
En otra paradoja sociopolítica aparente, Castro reformó la Constitución ( Gaceta Oficial Extraordinaria 7, agosto 1, 1992) y hasta replanteó las elecciones de manera más cercana al orden democrático, justamente cuando más se estrechaba el cerco hostil de EE UU con medidas que terminaron configurando la Ley Torricelli (octubre 23, 1992). No obstante, Rafael Hernández, director de la revista Temas, y otros prosiguieron dando tintes de ciencia social a esta letanía del poder: "los estilos democráticos no encuentran un clima propicio en las fortalezas sitiadas" ( La Gaceta de Cuba, septiembre-octubre 1993).
La fuerza del número se atenuó un tanto en las elecciones subsiguientes a la reforma constitucional. A pesar de la campaña de Castro por votar unido (todos los candidatos presentados en la boleta oficial), el 4,5 por ciento del electorado lo hizo de otro modo, mientras que las ausencias a las urnas y las boletas anuladas o en blanco alcanzaron el 0,4 por ciento, el 3,0 y el 3,9, respectivamente ( Granma, marzo 11, 1993).
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