Retroceso a dos voces
Malos tiempos: La Habana vuelve a sus andadas con el centralismo y Miami alimenta el espíritu de intolerancia.
Ante la posibilidad de explicarle a los pequeños cosas tan elementales como el racionamiento de la comida y la falta de juguetes, para ciertos exiliados el expediente más fácil es apelar a la censura. Tras la declarada preocupación, hay un interés evidente en hacer una demostración de fuerza. Para lograrlo, no hay pudor alguno a la hora de lanzar argumentos.
Un miembro de la Junta Escolar, Marta Pérez, igualó Vamos a Cuba con una obra "pornográfica" y con "libros sobre cultos satánicos", materiales que enfatizó no deben encontrarse disponibles en los estantes de una biblioteca escolar.
La exageración, que parece innata al cubano, aquí alcanza el esperpento: no hay mejor antídoto frente a la tragedia que la parodia, pero resulta trágico cuando se parodia por ignorancia o demagogia y sin que falten argumentos para defender un punto de vista.
Otro miembro de la Junta, Frank Bolaños, dice: el "libro desorienta y confunde a nuestros hijos más pequeños, que no han adquirido los elementos de juicio y análisis crítico para distinguir entre la mentira y la verdad".
El educador no parece preocupado en desarrollar estos "elementos de juicio" en los niños, sino en oponerse a la "injuria", ya que de esta forma, expresa, "cumplimos con una promesa sagrada ante nuestros padres, presos políticos, mártires y muertos".
Palabras tan solemnes no fueron suficientes para justificar una violación de la Primera Enmienda de la Constitución, que defiende la libertad de expresión, pero indudablemente cuentan con simpatizantes deseosos de convertir Miami en una región inmune a las leyes vigentes en Estados Unidos. En hacer de esta ciudad un territorio con procedimientos similares a los practicados en La Habana. Con aparentes fines opuestos, pero en última instancia con iguales objetivos de manipulación y control del pensamiento y la vida de los ciudadanos.
Una prohibición de última hora
En una de las sesiones finales del período legislativo de la Florida, ambas cámaras aprobaron una prohibición para las universidades y colleges del estado, destinada a impedir que éstas puedan utilizar fondos estatales para financiar viajes a países incluidos en la lista federal de naciones promotoras del terrorismo.
El proyecto de ley hace que sea ilegal no sólo la financiación directa de los viajes, sino también el uso de empleados e infraestructuras de los centros de educación pública para organizarlos. Al mismo tiempo, queda también prohibido emplear con iguales fines las subvenciones estatales que reciben los centros de educación privados.
La medida, que se convertirá en ley cuando la firme el gobernador Jeb Bush —quien ya ha prometido hacerlo—, está destinada fundamentalmente contra los viajes académicos a Cuba.
Los abogados de la Junta de Gobernadores de la Florida —el órgano rector de las universidades estatales— considera que el proyecto de ley, "además de infringir la libertad académica y la libertad de expresión (…) sería inconstitucional debido a que trata de regular asuntos de política exterior, una competencia exclusiva del gobierno federal", según reportó El Nuevo Herald.
Se trata de otra muestra de un interés creciente en lograr que Miami —o incluso todo el estado de la Florida, como en este caso— mantenga una política hacia la Isla mucho más rígida que la acordada en todo el país. La meta no es sólo ir un paso más allá de las normas establecidas por el gobierno del presidente George W. Bush —quien precisamente se ha caracterizado por favorecer una estrategia afín al llamado "exilio histórico"—, sino convertir la política estatal en una avanzada de los objetivos nacionales, en lo que respecta al tratamiento del caso cubano.
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