Coraje para pactar

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, está llamando a los países latinoamericanos a no distraer la V Cumbre de las Américas con una excesiva atención al embargo estadounidense a Cuba. Tiene razón, Cuba no es el tema más importante entre la región y Estados Unidos.

Esto no significa que los actores continentales opuestos al embargo pierdan la oportunidad política de la cumbre para socavarlo. El reto está en llamar la atención sobre la unilateralidad de la política estadounidense hacia Cuba y mantener el tema del embargo en la agenda hemisférica, especialmente para la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una separación ideológica

En la década de los cincuenta, el gobierno de Dwight D. Eisenhower auspició una interpretación anticomunista de la norma hemisférica de gobernabilidad democrática, enunciada en la Carta de Bogotá, de 1948. Los dictadores de derecha fueron promovidos como confiables ante los movimientos nacionalistas democráticos.

El punto culminante de esa estrategia fue la resolución anticomunista adoptada por la OEA en la Caracas de 1954, gobernada por el dictador Marcos Pérez Jiménez. En un continente plagado de dictadores, la OEA se ensañó con el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, en Guatemala, comprometido a la no reelección.

En enero de 1959, Fidel Castro propuso en Caracas expulsar de la OEA a todas las dictaduras. Desafortunadamente, la V Reunión de Cancilleres, celebrada en Santiago de Chile ese verano, no le tomó la palabra. La Administración Eisenhower y sus aliados adujeron que la promoción de la democracia debía respetar el sagrado principio de la no intervención.

Tal santificación de la no intervención duró bien poco. En 1960, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entrenó en Guatemala un contingente militar de exiliados cubanos. El país centroamericano estaba entonces bajo la dictadura de José Miguel Ydígoras. En abril de 1961, el contingente partió en barcos estadounidenses hacia Cuba desde Puerto Cabezas, Nicaragua, gobernada por el dictador Luis Anastasio Somoza. La OEA nunca condeno tal intervención.

Tras el fiasco de Bahía de Cochinos, la Administración de John F. Kennedy arreció sus presiones para establecer un "cordón sanitario" alrededor de Cuba. En enero de 1962, tras sucesivos fracasos, la OEA aprobó la resolución sexta de la VIII Reunión de Cancilleres, en Punta del Este, expulsando al gobierno cubano.

Aunque es cierto que en la Isla no se realizaban elecciones, la resolución sexta se aprobó a través de razones y procedimientos de exclusión ideológica. Si fuera por falta de gobernabilidad democrática, ¿como se entiende la inclusión entre los que expulsaron a Cuba de Somoza, Alfredo Strossner y François Duvalier?

La resolución sexta hundió a la OEA en una crisis de legitimidad. Contrario a la demanda de México, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina en Punta del Este, la Carta de la OEA, que no incluía la separación de gobiernos del organismo, no fue previamente enmendada para expulsar a La Habana.

El gobierno cubano fue suspendido de la OEA no porque no fuera democrático, sino porque el marxismo leninismo —según la resolución— era "incompatible" con el sistema interamericano.

Una nueva OEA

En los años setenta, gobiernos de la región, como el de Michael Manley, en Jamaica, Omar Torrijos, en Panamá, y Juan F. Velasco Alvarado, en Perú, reclamaron a la OEA la adopción del principio de pluralismo ideológico. Tal principio reconocía como legitimas las diferentes ideologías existentes en el hemisferio. Para mediados de la década, esa posición fue refrendada como norma regional con el apoyo de varios aliados de Estados Unidos, como los presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y Rodrigo Carazo, de Costa Rica.

Esa flexibilización ideológica se expresó en el tema cubano a través de la resolución adoptada en la Reunión de Cancilleres de San José (1975), que dejó a elección de cada miembro de la organización aplicar o no sanciones a La Habana. La Administración de Gerald Ford votó a favor de la resolución como un gesto de buena voluntad.

El fin de las sanciones de la OEA dinamizó el proceso de interacción entre la Isla y América Latina. Tal acercamiento tomó impulso con las aperturas democráticas de los años ochenta y la decisión de los grupos de Contadora y Apoyo de encontrar soluciones latinoamericanas a la crisis de Centroamérica.

En ese proceso, el gobierno cubano participó en consultas que incluyeron al secretario general de la OEA, el brasileño Joao Baena Soares. En 1994, durante la Cumbre Iberoamericana de Río, antes de abandonar la secretaria general, Baena Soares llamaría a discutir la reincorporación de Cuba al organismo continental.

Los procesos democráticos latinoamericanos de los ochenta llevaron a una reformulación de la norma de gobernabilidad democrática de 1948. La nueva interpretación definió la democracia en términos procesales, no de exclusión de resultados específicos. La resolución 1080 de Santiago de Chile condenó cualquier interrupción del orden constitucional, sin importar la ideología de los golpistas o del gobierno derrocado.

La Carta Democrática Interamericana (CDI), aprobada en Lima en septiembre de 2001, expresó el triunfo de la aspiración popular enunciada por Fidel Castro en Caracas en 1959: que los dictadores fueran expulsados de la OEA.

La CDI proclamó que la democracia representativa es "la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros" (Artículo 2). El Artículo 21 de la Carta estableció la suspensión de un Estado miembro en caso de una interrupción del orden constitucional, por el voto de dos tercios de la Asamblea General.

La OEA hoy es una institución diferente de la que expulsó al gobierno cubano. La norma de gobernabilidad incorporada en la Carta Democrática Interamericana en 2001 no es continuidad de la resolución anticomunista de 1954 ni de la resolución sexta de Punta del Este sobre Cuba. Es resultado de la aceptación del principio de pluralismo ideológico en los setenta y de la democratización continental posterior.

Cuba y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

En febrero de 1962, al formular los términos de la separación de La Habana del sistema interamericano, el Consejo Permanente de la OEA decidió que se mantendrían los vínculos de la Organización Panamericana de Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la Isla.

Cuando la CIDH contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el entonces canciller, Raúl Roa, se declaró "perplejo".

Roa dijo no entender ser contactado por una entidad de una organización que había expulsado a Cuba y, en cambio, no había chistado ante la invasión de Bahía de Cochinos. El canciller aclaró que sólo contestaba a la Comisión como "cortesía" y que era impensable que la Isla pudiera ser evaluada por la CIDH sin ser miembro de la OEA.

A pesar de esta renuencia, la Comisión evaluó denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Cuba, argumentando que si el gobierno cubano quería presentar sus razones era bienvenido. Es innegable, sin embargo, que el rechazo a juzgar al gobierno cubano en la CIDH, mientras se le excluye del resto del sistema interamericano, ha crecido entre los Estados miembros. Lo que fue originalmente una posición aislada de México, atrajo después a los países caribeños y es hoy la postura mayoritaria en la organización.

Contrario a la visión radical que presenta a la OEA como "ministerio de colonias yanquis", la Comisión criticó en 1995 la política de Estados Unidos hacia Cuba. Respondiendo al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la CIDH pidió a la Administración de Bill Clinton "crear excepciones al embargo comercial con respecto a medicinas, productos sanitarios y alimenticios básicos", pues la inclusión de esos productos en el embargo violaba los derechos a la alimentación y la salud del pueblo cubano.

En 2003, los miembros de la OEA demostraron que la CIDH es un instrumento para fortalecer sus democracias y no un foro contra el gobierno cubano. La reunión anual de la organización rechazó en Chile la nominación por la administración de George W. Bush del abogado cubanoamericano Rafael Martínez. Los países latinoamericanos no querían cubanizar la discusión sobre derechos humanos en el hemisferio. En 2004, por primera vez desde 1959, Estados Unidos no tuvo representación en la CIDH.

Hacia una etapa de cooperación

Este jueves, en Venezuela, Raúl Castro reiteró que La Habana no tiene interés en retornar a la OEA y añadió que ese organismo debe "desaparecer".

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha expresado que, aunque la organización quiere comenzar un diálogo con el gobierno cubano, el retorno de La Habana a una membresía plena no está en el orden del día.

El sistema político cubano es incompatible con los patrones de gobernabilidad definidos en la Carta Democrática Interamericana, pero la resolución sexta de Punta del Este (1962), inspirada por el anticomunismo de la Guerra Fría, no es un marco apropiado para la relación de la OEA con Cuba. La derogación de la resolución sexta es —como ha dicho el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva— un acto de rectificación histórica.

La inexistencia de relación entre el gobierno cubano y la OEA no es razonable. Como fue la OEA la que expulsó a Cuba con argumentos y procedimientos ilegítimos, le corresponde proponer una nueva relación. Existen opciones intermedias que, sin la concesión de la membresía plena, son más útiles a ambos actores que la exclusión total.

La política de aislamiento a Cuba fracasó. La OEA debe estructurar una nueva estrategia entre no legitimar como democracia representativa a un sistema que no lo es, y la realidad de que, para promover una liberalización política en la Isla y resolver problemas generales de la región, es conveniente una mayor interacción.

La Habana debe ser invitada a la coordinación interamericana contra el terrorismo, el narcotráfico, los desastres naturales, las epidemias y otras amenazas. La OEA debe también abrir sus conferencias a la sociedad civil cubana y permitir a estudiantes de la Isla acceso a sus becas.

El gobierno cubano debe reevaluar su actitud hacia el organismo regional desde las realidades del Siglo XXI. De la misma forma que lo ha hecho con la Organización Panamericana de la Salud, Cuba puede beneficiarse de una interacción con instituciones interamericanas, en áreas como agricultura, intercambio universitario, y cooperación energética.

Al margen de la participación cubana en organismos latinoamericanos de integración, la OEA es el único foro institucional de diálogo de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. El rechazo total de La Habana a participar en el sistema interamericano no es la mejor política de cara al fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación Norte-Sur y los temas regionales.

El interés nacional cubano, que en un mundo globalizado se vincula inextricablemente a la integración regional, demanda una política más flexible.

Saber la historia no equivale a ser rehén de ella. La V Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago —un país que no era siquiera miembro de la OEA cuando Cuba fue separada por sus vínculos con la "alianza chino-soviética"—, debe comenzar una nueva etapa de la relación hemisférica con la Isla. La agenda es larga, pero urgente. Es tiempo de políticos con coraje para pactar.

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