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INTERESES DE LOS EMIGRANTES CUBANOS

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En semanas recientes las oficinas del Presidente Obama han recibido una copiosa lluvia de cartas y todo tipo de propuestas, tanto personales como institucionales, sobre Cuba. El correo de Santa Claus y los Reyes Magos resulta pálido en comparación. Muchas son de personas independientes, cualquiera que sea su forma de ver las cosas. Otras responden a campañas del lobby a favor y en contra de la política vigente hacia la isla. Casi todas coinciden –al igual que el autor de estas líneas- con la pertinencia de levantar de inmediato las restricciones de viajes y remesas a los cubanos residentes en Estados Unidos. En otros asuntos se bifurcan las perspectivas.

Hay sin embargo un tema que goza de un inmenso consenso interno en la isla –incluso entre muchos militantes y funcionarios- y los cubanos radicados en el exterior: la necesidad de que Cuba estandarice los procedimientos y trámites migratorios y de viaje. El tema de los derechos de los migrantes cubanos es poco conocido, menos atendido e incluso ampliamente tergiversado. Es hora de clarificarlo y ponerlo sobre la mesa.

Se llama stakeholder a aquellos que son parte interesada en un conflicto. Los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos no son las únicas partes interesadas (stakeholders) del conflicto migratorio bilateral. La tercera -y principal- es la gente afectada por sus respectivas políticas. Hay que asegurar que los intereses y derechos de ese tercer stakeholder sean tenidos en cuenta en cualquier revisión del status quo actual. Es por ello que no dirijo estas líneas a Barack Obama, ni a aquellos ciudadanos de su país legítimamente interesados en defender su derecho a viajar a Cuba, sino a mis compatriotas afectados en el suyo a viajar, migrar y regresar a su patria sin requerir para ello de autorizaciones del gobierno cubano. Sean comunistas o anticomunistas, funcionarios o ciudadanos de a pie, vivan en la isla o radiquen en otro país, la actual arbitrariedad migratoria los afecta a todos.

Siempre he creído que los movimientos monotemáticos de la sociedad civil son imprescindibles, y complementan a aquellos otros que procuran “soluciones generales” con propuestas programáticas y a menudo maximalistas. La necesidad de concertar voluntades -dentro y fuera de la isla- sobre este tema que trasciende las tradicionales divisiones ideológicas que padecemos me parece asunto tan evidente como urgente.

No se reclama un derecho propio de este o aquel sistema político. Estados Unidos, España, India, Rusia y China tienen en común el respeto a los derechos en este campo, a pesar de las probadas amenazas a su seguridad provenientes del terrorismo interno a veces apoyado desde otros países. Si a los estadounidenses corresponde clamar por su derecho constitucional de viajar a Cuba, a nosotros nos toca defender el de salir y entrar al país en que nacimos sin pedir permiso a sus autoridades y sin que los potenciales migrantes sean despojados de sus pertenencias y desterrados por vida. Desear probar fortuna en otra parte para poder ayudar a sus familias -como ocurre a cualquier otro migrante- no es ya una intención criminal y penada salvo en Cuba y Corea del Norte.

Los permisos para visitar el país que el gobierno cubano otorga o niega selectivamente a nuestros ciudadanos son tan humillantes como los salvoconductos que las autoridades coloniales –en pretendida muestra de “generosidad y tolerancia”- extendieron en su momento a Martí y Maceo. Lo son más en un mundo globalizado de masivos flujos laborales y migratorios.

El tema no es “flexibilizar gradualmente” las violaciones de derechos a los migrantes cubanos, sino respetarlos de manera inmediata, cabal e irrestricta. Los derechos son eso: derechos. No se tramitan ni agradecen.

Los intentos gubernamentales dirigidos a normalizar los flujos migratorios cubanos hacia el exterior no serán exitosos si se pretende ignorar los derechos e intereses de los emigrantes cubanos.



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