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¿Derechos de los inmigrantes?

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Me pareció formidable que el canciller cubano dijese a la Troika de la Unión Europea que su gobierno quisiera incluir en la discusión sobre la situación de los derechos humanos en Cuba la de los inmigrantes en Europa. Como Felipe Pérez Roque no tiene un mandato global de ninguna institución multilateral para representar a millones de inmigrantes radicados en el Viejo Continente, sus palabras han abierto la puerta para que se ponga sobre la mesa la situación específica de los migrantes cubanos. Aquellos que migran desde la isla para devenir inmigrantes y desterrados en múltiples destinos y regiones geográficas. Es acerca de ellos y sus derechos sobre lo que puede conversar el canciller. Muchos esperamos sus explicaciones.

Discutir la situación de los derechos humanos de los migrantes supone el examen integral de los atropellos a que son sometidos tanto por el país del que salen ( emisor) como por aquel al que llegan ( receptor). El caso cubano promete un diálogo interesante.

Los interlocutores europeos de Pérez Roque pueden responder su solicitud con un listado de preguntas tan específicas como incómodas.

Algunas interrogantes que pudieran planteársele al canciller cubano en su reunión con la Unión Europea son las siguientes.

¿Por qué el cubano que desea viajar o migrar tiene que pedir un permiso de salida al gobierno de su país, además de la visa al que desea viajar?

¿Por qué existe un status de salida definitiva para aquellos que desean probar fortuna en otras latitudes y no cuentan con el beneplácito del gobierno?

¿Por qué su aspiración de emigrar se transforma en destierro al serle impuesta la salida definitiva y tener que solicitar permiso para visitar el país en que nació?

¿Por qué se le confiscan todas sus propiedades y pertenencias, incluso antes de salir del territorio nacional?

¿Por qué no son públicas y trasparentes todas las leyes, regulaciones y “orientaciones” –verbales y escritas- que norman los procesos y casos migratorios?

¿Por qué el gobierno que rompió lanzas por la reunificación de Elián González con su padre impide la de otros familiares con sus parientes en el exterior, incluso cuando el país receptor les ha extendido las correspondientes visas?

¿Por qué el gobierno que reclama de Washington que levante las restricciones a sus ciudadanos para que puedan ir de turistas a Cuba impide con frecuencia que personas en grave estado de salud puedan ser visitadas por sus parientes radicados en el exterior -como ocurrió en el caso de Celia Cruz al fallecer su madre- aunque ya sean ciudadanos de otro país?

¿Por qué los trámites migratorios se cobran a precios desmedidos para el salario medio cubano?

¿Por qué la empresa telefónica cubana tiene una de las tarifas más altas del planeta para llamadas de larga distancia, complicando de ese modo la comunicación entre familias en un país donde la tasa de conexión a Internet es una de las más bajas del mundo?

No es una lista exhaustiva, pero permite dar comienzo a esa interesante conversación a la que ha invitado Pérez Roque al sacar un tema en que el gobierno de Cuba tiene techo de cristal.

En realidad la mejor pregunta sería otra. ¿Por qué no arreglan Cuba para que no salgan tantos cubanos hacia Europa y cualquier otro destino pese a no tener una Ley de Ajuste Cubano que los beneficie al llegar? Desde África hasta Alaska, desde Europa hasta Sri Lanka y Australia, pasando por el Medio Oriente, los isleños se las han ingeniado para “escapar y resolver”.

Los cancilleres de la Unión Europea deberían disponer de la traducción a sus respectivos idiomas de las palabras de Fidel Castro el 4 de enero de 1959 en Camagüey. Podrían entonces orientar que sea sobre esa base que se conduzca la discusión con el canciller cubano sobre el tema que él mismo ha propuesto.

Cito:

¿Cómo vamos a decir: “esta es nuestra patria”, si de la patria no tenemos nada? “Mi patria”, pero mi patria no me da nada, mi patria no me sostiene, en mi patria me muero de hambre.

¡Eso no es patria!

Será patria para unos cuantos, pero no será patria para el pueblo. Patria no solo quiere decir un lugar donde uno pueda gritar, hablar y caminar sin que lo maten; patria es un lugar donde se puede vivir, patria es un lugar donde se puede trabajar y ganar el sustento honradamente y, además, ganar lo que es justo que se gane por su trabajo. Patria es el lugar donde no se explota al ciudadano, porque si explotan al ciudadano, si le quitan lo que le pertenece, si le roban lo que tiene, no es patria.

Precisamente la tragedia de nuestro pueblo ha sido no tener patria. Y la mejor prueba, la mejor prueba de que no tenemos patria es que decenas de miles y miles de hijos de esta tierra se van de Cuba para otro país, para poder vivir, pero no tienen patria. Y no se van todos los que quieren, sino los pocos que pueden. Y eso es verdad y ustedes lo saben.

Luego, hay que arreglar la República. ¿Aquí algo anda mal o todo anda mal?

(Cita tomada del sitio oficial de Cuba http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/. Apúrense a verlo allí antes que de lo quiten).

La respuesta que el público dio a gritos aquel día fue: “Todo”. Lo mismo pudiéramos gritar hoy, cuando se aproxima el 50 aniversario de aquel discurso.



Las reglas del juego

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Con la prudencia y el debido respeto de quien escribe sobre una experiencia ajena, creo necesario comentar esta semana algunas situaciones que continúan afectando la convivencia entre cubanos en la ciudad de Miami.

Hace poco más de dos décadas, la violencia física era parte de la vida política en la comunidad cubana asentada en la Florida y otros estados. La pluralidad ideológica del exilio cubano en Estados Unidos no encontraba espacios para su libre expresión.

Pero con el tiempo la política de Washington experimentó cambios y algunos no se percataron de ello. Se sorprendieron cuando, a pesar de compartir con la Casa Blanca enemigos permanentes y pasadas batallas comunes, fueron procesados por la justicia por acudir a tácticas terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos. Washington decidió que haría valer el estado de derecho y las libertades civiles y políticas en todo el país. Ni tan siquiera Miami sería ya considerada una excepción.

Desde entonces la convivencia entre viejos enemigos se rige por la Constitución y las normas del estado de derecho de los Estados Unidos. Nadie teme ser acribillado en la puerta de la casa ante los ojos de su familia, ni espera que le explote una bomba bajo el carro o en el hogar que comparte con su octogenaria madre. Las librerías venden obras de autores cubanos favorables al gobierno de la isla y la TV exhibe películas del ICAIC. Un grupo de manifestantes puede venir desde San Francisco a exigir a gritos, ante el restaurante más conservador de la ciudad, que se detenga y procese a Luis Posada Carriles por terrorista sin temer que el incidente termine en la morgue de Miami Dade County. Nuevos programas de radio desafían la lógica política de los sectores que siempre monopolizaron esos espacios. El General del Pino puede compartir el mismo menú en un restaurante donde, desde mesas separadas y cruzando miradas de odio, cenan miembros de la Brigada 2506 que, en abril de1961, él bombardeó desde su Sea Fury en Playa Girón.

No hay que engañarse: en Miami no se ha producido una reconciliación. Hay más bien una tensa coexistencia. Pero se ha regularizado la convivencia y experimentado un avance considerable en el respeto de los derechos políticos y civiles de todos. La libertad de asociación y expresión que se ejercen en esa ciudad, más allá de sus persistentes insuficiencias, resultan envidiables en comparación con las actuales circunstancias cubanas donde todavía imperan la Ley Mordaza y las brigadas de respuesta rápida.

Pero falta por hacer.

Si bien ha sido detenida la violencia física no se ha logrado lo mismo con la verbal. Algunos programas de radio y TV que tocan temas referidos a Cuba destilan ocasionalmente una violencia emocional que los acercan a un show de Jerry Springer. Y en otros se presentan a veces personas que no parecen liberados aún de la cultura de CDR que importaron de su antigua barriada. Su premisa es sospechar de los que se expresan de manera diferente y hacer circular acusaciones, sin molestarse por mostrar o buscar evidencias que las respalden. Por su parte, los anfitriones de ciertos programas, quizás bajo la presión de incrementar ratings, a menudo incitan a algunos de sus invitados a hacer “revelaciones sensacionales” induciéndolos, aunque sea de manera inconsciente, a confundir el derecho a expresarse y opinar en libertad protegido por la Constitución, con el ejercicio de la difamación penado por la ley. Cualquier detective de una brigada de homicidios sabe que una cosa es especular sobre diferentes hipótesis con sus colegas y otra muy diferente es darlas a conocer en una estación de televisión.

Los espías y agentes de influencia sin duda, existen y es comprensible que un exiliado desee contribuir a proteger de ellos a la nación que, en su momento, le ofreció protección. Pero no puede ejercerse ese imperativo moral lanzando acusaciones contra otras personas sin asumir plena responsabilidad por lo que se dice. Ni tampoco se ayuda de ese modo al país que se quiere proteger. El lugar para esas “quejas y sugerencias” son las agencias de seguridad nacional y el sistema judicial, no el de comunicaciones. Las sospechas pueden ser comunicadas a los primeros y las evidencias –si se tienen- llevadas ante una corte. No se trata de un problema ético, sino legal. Actuar de otro modo es una invitación a ser llevado ante los tribunales por difamación.

De hecho hay regulaciones federales que incluso estipulan los límites de lo permisible en la TV pública y la radio. La responsabilidad por trasmitir programas que alienten la realización de actos violentos está también penalizada internacionalmente. Un comentarista radial de Rwanda fue juzgado junto a criminales de guerra por haber atizado el odio de manera sistemática e irresponsable. Sus exhortaciones, al final, derivaron en genocidio. La lección es muy clara: lo que se inicia por el llamado character assassination puede alentar la violencia contra personas y hasta grupos enteros. Por eso no es permisible.

Se puede y debe avanzar hacia mejores normas de convivencia aunque no impliquen la reconciliación. Después de haberse erradicado la violencia física ha llegado la hora de hacer otro tanto con la verbal. Con la Mesa Redonda de La Habana es ya suficiente. No hay que emular la mediocridad e irresponsabilidad de algunos de los que en ella participan. Y el modo de lograrlo es el mismo que se empleó en el otro caso: hacer valer el estado de derecho y las leyes. Sea para acusar a alguien de actuar como agente enemigo o para acusar por difamación publica a quienes difundan sospechas sin acompañarlas de la necesaria evidencia.

Esas son las reglas del juego en una democracia. Cuando los cubanos de la isla miran hacia los de Miami es necesario que vean una comunidad que se gobierna por leyes y espíritu cívico, no por arbitrariedades similares a las que ya sufren. Esa es la responsabilidad que conlleva ser el mayor enclave cubano en el exterior.



El Gobierno Invisible

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La forma de actuar de las autoridades cubanas ante los recientes desastres me recordó un libro publicado bajo ese título sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. La tesis del autor era que dicha institución representaba un centro de poder omnímodo cuyos procesos de toma de decisiones escapaban incluso al poder ejecutivo del que formaba parte.

La estructura de poder en la isla, según la Constitución, está regida por un conjunto de instituciones principales: el Partido Comunista, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional del Poder Popular. En teoría son esas las agencias que dirigen y administran el país. Existen incluso legislaciones que prevén las formas excepcionales bajo la cuales se gobernaría un estado de emergencia. Pero al enfrentarse esta catástrofe nada parece estar en su sitio.

La prensa cubana no reportó que una Comisión de Defensa hubiese desplazado formalmente la estructura de funcionamiento del Estado, pero tampoco dio cuenta de ninguna reunión del Buró Político, el Secretariado o del Comité Central del Partido, ni de los Consejos de Estado y de Ministros o de la Asamblea Nacional. Del Jefe de Estado se supo después de transcurrida la primera semana por noticias de prensa escrita que aseguraban que impartía instrucciones telefónicas y se reunía con algunos dignatarios extranjeros. El informe que evalúa los daños causados por los huracanes fue publicado por los periódicos sin que nadie lo firmase ni asumiera responsabilidad por lo que allí se decía. El anuncio de una ola represiva con juicios y sentencias sumarios contra todo aquel que, con justicia o sin ella, sea acusado de especular, robar o desviar recursos apareció en el periódico oficial del partido Comunista de Cuba bajo la enigmática frase “Granma está autorizado a informar”.

La única voz que dictamina, orienta y juzga a cara descubierta es la del ilustre Asesor en Jefe de la Asamblea Nacional que, a todas luces, todavía hace valer su rango de Comandante en Jefe y de Primer Secretario del Partido en esta peculiar sucesión inconclusa. Por eso debe tomarse nota de que los reconocimientos otorgados en sus “Reflexiones” a aquellos dirigentes que, a su juicio, se destacaron en los recientes días tormentosos se centran en los militares. Fuera de ellos sólo José Ramón Machado Ventura alcanzó una referencia.

Pareciera que un rabo de nube, como el Gustav o el Ike, se hubiese llevado toda la estructura civil del Estado –por ornamental que siempre fuese- y ahora estuviésemos de facto bajo una junta militar que gobierna con leyes de excepción que no han sido formalmente declaradas. En ese contexto, curiosamente, se han producido también cambios en la cúpula militar de las FAR.

Estamos ante un poder invisible o muy próximo a serlo.

¿Quiénes, en ejercicio de qué autoridad y desde cuál estructura gubernamental asumen la responsabilidad por el alza en los precios de la gasolina, los controles de precios, las razzias que desbordan incluso las ya arbitrarias leyes vigentes, el rechazo a las donaciones de ciertos países, el envío a Jamaica y Haití de dos toneladas y media de medicamentos en medio de la crisis? ¿Los que anuncian e implementan esas medidas o quienes las decidieron? ¿Quién asume ahora ante el país y la comunidad internacional la responsabilidad futura por cualquier hambruna al limitarse a afirmar que no ocurrirán? ¿Un ministro que todos saben que no decide ninguna política económica esencial sino administra las que le imponen otras autoridades? ¿Dónde se asienta el poder real de decisión? ¿En la Plaza de la Revolución, los ministerios o un hospital con severa escolta?

Pocas veces ha sido tan clara la división de funciones entre la elite y el gobierno. La primera manda; la segunda administra lo que la primera decide.

NOTA DEL AUTOR DEL BLOG

Este post salió con retraso por lo que presento excusas a los lectores. Mi trabajo deja cada vez menos tiempo para dar seguimiento a este blog. He considerado pertinente hacer un esfuerzo por mantenerlo al menos hasta que cumpla el año en diciembre próximo y entonces decidiré si lo cierro o no. Pero ya me resulta imposible dar seguimiento adecuado, como hasta ahora, a la sección de comentarios. Por esa razón no podré seguir recibiéndolos a partir de hoy. Si el año entrante llego a encontrar el modo de compatibilizar mi trabajo con la responsabilidad de continuar alimentando semanalmente este espacio, buscaré entonces otras formas de viabilizar la participación de los lectores. Mientras tanto su correspondencia sigue siendo bienvenida a mi buzón electrónico: [email protected]



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