"Somos felices aquí". Así rezaba una valla estratégicamente situada en el camino que conduce desde la capital cubana al aeropuerto internacional de Rancho Boyeros. Por el tono no se sabía si era una orden o una aseveración. Quizás era un recordatorio, a titulo de despedida, dirigido a quienes se disponían a tomar un avión para no regresar a aquel “paraíso”.

Hay en este mundo quienes pretenden tener indicadores cuantificables para medir la felicidad. Suelen utilizar datos –cuya veracidad no se molestan demasiado en corroborar- aportados por los propios gobiernos a organizaciones internacionales sobre la tasa de mortalidad infantil, la expectativa de tiempo de vida e índices de escolaridad. Nunca he comprendido por qué no incluyen otros indicadores igualmente mensurables, como las tasas nacionales de emigración y los suicidios. El hecho es que estos inefables “felicitólogos” se niegan a considerar el impacto que tienen sobre la felicidad humana la presencia o ausencia de factores tales como las libertades individuales, estado de derecho, institucionalidad democrática y otros similares que al parecer consideran poco precisos e ideologizados.

Según los gobernantes cubanos, en la isla los que no clasifican como seres “felices” son las inevitables excepciones –desequilibrados que insisten en su necesidad de libertad de opción- que sólo sirven para confirmar la regla. Todos los diplomáticos y delegaciones extranjeras que han recorrido el territorio nacional en estos cincuenta años han podido corroborarlo. Sus visitas, acaba de decirnos el General de Ejército Raúl Castro, han sido diligentemente preparadas de antemano para facilitarles llegar a esa sabia conclusión.

Sin embargo, la terca realidad nos interroga sobre la extraña conducta de miles de compatriotas que huyen anualmente hacia cualquier otro punto del planeta a la primera oportunidad.

Cuando se inició la tímida y mediatizada apertura a la iniciativa privada a partir de 1994, el número de las llamadas “salidas ilegales” descendió sustantivamente sin que Estados Unidos hubiese suprimido su Ley de Ajuste Cubano. La gente creía que podría volver a buscar su felicidad junto a familiares y amigos, en lugar que tener que alejarse de ellos intentando alcanzarla. Al cerrarse el espacio y morir la ilusión, el éxodo tomó nuevos bríos.

Muchos esperaban ahora recuperar la esperanza, pero la recién concluida Asamblea Nacional del Poder Popular solo les anuncia tiempos aún más duros. Nada se dijo que indicase que el estado desalojaría los predios económicos que invadió de manera masiva desde la década de los sesenta del pasado siglo. Nada se aprobó que hiciera posible creer que pronto podría buscarse la felicidad en el territorio nacional sin que el estado definiese el contenido de ese concepto.

En el socialismo de estado cubano hay cada vez más personas que restan importancia a saber leer y escribir, si solo se puede ejercer esa virtud dentro de lo considerado políticamente correcto por el gobierno. O les parece inaceptable que su longevidad sea consumida en una sociedad en la que carecen de todo poder y derechos, salvo el de ser convocados a hacer realidad los sueños de sus gobernantes o aplaudirlos en la plaza pública.

Raúl Castro cree que la gobernabilidad depende de los frijoles y lleva razón. Pero es evidente que insiste en producir alimentos y hacer construcciones a partir de las fuerzas del estado. Desconcentrar decisiones y recursos no equivale a descentralizarlos en favor del ciudadano. Sin liberar la iniciativa privada, individual y cooperativa, no habrá suficientes brazos para producir ni construir.

Pero el asunto es aún más complicado. El problema de fondo es que el leit motiv del ser humano no son tampoco “los frijoles” aunque ellos sean esenciales.

Las personas no somos animalitos que bien cobijados (que no es el caso de muchos cubanos hoy día), bien alimentados (que tampoco lo es) y bien atendida su salud (que cada vez lo es menos) son felices en un paraíso abierto a ingenuos visitantes que lo recorren por rutas cuidadosamente escogidas por sus administradores.

El ser humano necesita ejercer el derecho de definir por sí mismo qué es lo que lo hace feliz. No es papel del estado determinar cuál debe ser el ideal de felicidad de las personas. Su función es “empoderar” a los ciudadanos para que puedan intentar alcanzarla en un marco de iguales oportunidades. Ningún estado hace feliz a nadie, aunque pueden hacerle la vida infeliz a muchos.

El día que realmente se “socialice” –democratizándolo- el inmenso poder que hoy tiene centralizado una cúpula dirigente, los cubanos podrán dar respuesta eficaz a sus necesidades materiales haciendo uso de sus libertades ciudadanas. Y buscaran la felicidad en su propio país. Para entonces, la valla se habrá retirado de la calzada de Rancho Boyeros, porque ninguna sociedad es total y definitivamente feliz y la búsqueda de la felicidad es siempre un proceso inconcluso.

¿Por qué nos conmueve a todos la historia de Ingrid Betancourt? ¿Cuál es la fibra humana universal que toca la saga de su calvario y liberación? La tragedia central en todo secuestro es la separación involuntaria de los seres queridos y la impotencia ante un poder que los arrebata haciendo uso de la fuerza. Las razones bajo la cual se realiza esa criminal acción son irrelevantes como lo es la naturaleza de la organización que la ejecuta. Da igual si el que nos separa de nuestra madre o hijos se llama FARC, Partido Comunista de Cuba o Al Qaeda. Su lógica no es diferente a la de una mafia criminal que persigue beneficios financieros o políticos.

Ingrid Betancourt fue secuestrada porque las FARC veían ganancias potenciales en esa acción. Les importaba poco el sufrimiento de su madre e hijos para no hablar de aquellos causados a la víctima. Desde su perspectiva la vida humana, su dignidad, no tienen valor alguno frente a los objetivos de “La Causa”. El apotegma de que el fin justifica los medios tomó aun mayor fuerza durante la Guerra Fría y terminó arrastrando a algunos movimientos progresistas del siglo XX al lodazal del crimen. Muchos activistas de esas organizaciones, creyéndose emuladores de Robin Hood, descendieron a vulgares delincuentes.

Pero el gobierno cubano no era ajeno a esa lógica perversa. Es por ello que las declaraciones de Fidel Castro sobre la liberación de Ingrid Betancourt no dejan de resultar sorprendentes. Principios éticos elementales me inhiben de remover ciertas cosas. Estoy por superar conflictos, no por atizarlos. Pero ante lo insólito y provocador de este esfuerzo revisionista de la historia reciente es bueno refrescar la memoria acerca de lo ya expuesto y publicado por protagonistas directos de esos episodios.

Con independencia de las malas relaciones que siempre prevalecieron entre las FARC y La Habana, ¿de dónde les vino la retorcida idea de la virtud revolucionaria de una acción de esa naturaleza a algunos de estos grupos en nuestra región? ¿No fue acaso el gobierno cubano el que informó a los movimientos revolucionarios latinoamericanos que no podía subsidiarlos de manera infinita por lo que debían emprender sus propias iniciativas para recaudar fondos? ¿No facilitó La Habana la logística, asesoría, entrenamiento y coordinación entre elementos de diversas nacionalidades para que emprendiesen secuestros, asaltos y extorsiones contra personas e instituciones civiles incluso en países latinoamericanos bajo regímenes democráticos? ¿Eran los campamentos de Punto Cero y El Petén lugares de turismo, templos de reflexión teológica o centros de entrenamiento para ensayo en maqueta de acciones violentas que luego serían ejecutadas en otros países de la región? ¿Quiénes fungieron de mediadores, mucho antes de la sórdida Causa 1, entre la mafia y el M-19 colombiano para que entregasen armas al segundo a cambio de permitir al primero el paso de drogas hacia Estados Unidos por aguas cubanas? ¿No se encomendó a ciertos funcionarios y oficiales de la isla la tarea de realizar misiones encubiertas internacionales para lavar el dinero obtenido por estos movimientos en sus acciones de “recaudación revolucionaria”?

Tómese debida nota: no aludo en este instante el apoyo ofrecido a quienes resistían dictaduras militares sino específicamente el brindado a grupos con el objetivo previamente acordado de que ejecutasen delitos comunes contra personas e instituciones civiles incluso en contextos democráticos. La historia puede “explicarse” –que no equivale a “justificarse”. Puede incluso mostrarse el deseo de corregir su proyección futura con nuevos actos. Pero lo sucedido no puede ya alterarse. Ni puede eludirse la responsabilidad por hechos que resultan irreversibles.

¿Quién era la máxima autoridad cubana que conocía y autorizaba esas operaciones? Hay entonces que preguntarse como el Rey de España, ¿por qué no se calla? O aun mejor, ¿por qué no lo callan?

Si el actual gobierno cubano desea a partir de ahora tomar distancia de la lógica maquiavélica de los tiempos de Guerra Fría, muy bienvenido sea. Pero, ya que el Asesor en Jefe reconoce la naturaleza “injustificable” de un secuestro, ¿por qué no comenzar por casa poniéndole fin de una vez por todas a los permisos de entrada y salida del país? Así se liberaría a once millones de “rehenes de la revolución” para que puedan abrazarse, sin cortapisas, con otros dos millones de familiares en la diáspora, como Ingrid pudo finalmente hacer con sus hijos.

Sin acceso masivo a Internet la sociedad cubana no podrá entrar en el nuevo proceso civilizatorio de la información. Al país le ocurrirá algo similar a lo sucedido a aquellos grupos humanos que permanecieron anclados en sociedades agrícolas o nómadas mientras la civilización industrial se expandía por el resto del orbe.

Es por eso que lamento tanto que se busquen subterfugios para escamotear a la isla el desarrollo a que tiene derecho.

El pasado mes de mayo se publicaban en la isla estas declaraciones de un Vice ministro de Comunicaciones:

"No tenemos ninguna preocupación de que los ciudadanos se conecten (a Internet) desde su casa, pero hay problemas de carácter técnico y de recursos de los que el país no dispone" (…) "Por culpa del bloqueo (de Estados Unidos), nosotros no tenemos acceso a la fibra óptica que rodea el país y eso limita mucho nuestro acceso a Internet internacional".

Después que el ciclón Andrew dañara el cable analógico de la ATT con Cuba esa corporación, con autorización del gobierno de Clinton, propuso a La Habana repararlo y tender otro adicional de fibra óptica para operar en lo adelante con dos cables que trabajasen de modo simultáneo. Todo ello costaba una fracción de la conexión submarina que ahora se pretende lograr con Venezuela y además se instalaba en brevísimo tiempo. Es pertinente recordar que Fidel Castro desdeñó esa oferta.

Por otro lado, la estación terrena de comunicaciones por satélite con tecnología francesa, instalada en la isla con motivo de los Juegos Panamericanos desde 1991, puede ampliar de manera inmediata y casi ilimitada el flujo de comunicaciones incluyendo las que se realizan vía Internet. El embargo no es un impedimento a esa opción. Basta con contratar canales adicionales de la misma estación satelital y dedicarlos a Internet. El problema está en otra parte. Radica en la persistencia de la vocación totalitaria que privilegia el control sobre las comunicaciones por encima de las necesidades del desarrollo.

La competitividad en la economía global depende hoy de la capacidad que se tenga para que cada sector y esfera de la sociedad pueda sacar provecho a la altísima velocidad de los procesos mundiales de información. Pero eso no es factible con niveles de conectividad con el World Wide Web peores que Haití y siendo el cuarto país más lento del mundo al interactuar con esa red de redes. En toda la capital existen actualmente solo dos cyber cafés para más de dos millones de habitantes.

La justificación alternativa a echarle la culpa al "bloqueo de Estados Unidos" por esa situación es decir que el control sobre Internet resulta, en las condiciones de Cuba, indispensable para la seguridad nacional. El argumento, sin embargo, no se sostiene. Para aceptarlo se hace necesario desconocer que países muy afectados por el terrorismo no se privan de esa herramienta para así evitar un ataque, sino buscan otras modalidades con las que protegerse de ese flagelo. El problema radica en pensar las comunicaciones de una nación desde la estrecha perspectiva policíaca. Lo que en realidad afecta la seguridad nacional es la baja conectividad con Internet que impide el desarrollo de la isla.

La concepción estalinista de la seguridad nacional consiste, en esencia, en facilitar el trabajo de la policía a expensas del desarrollo. Meternos a todos en una aséptica urna a prueba de virus externos constituye la máxima aspiracion de sus promotores. Para ellos sería mejor que no hubiese turismo, ni correos, ni sistema telefónico en el país. Así el grado de seguridad -según la entienden- sería supuestamente mayor y la policía trabajaría menos que ahora. Desde su perspectiva, anclada en mentalidades del pasado siglo, la pereza del vigilante es sagrada, pero el desarrollo nacional no lo es.

Sucede que el sorprendente llamado a “domar el potro salvaje de Internet” -curiosa visión de "rodeo" campestre para lo que constituye un tema de alta tecnología- es tan iluso hoy como lo fueron en su momento las pretensiones del movimiento anti industrial a inicios del siglo XIX. Pero quienes lanzan esas consignas siguen creyendo más importante impedir que alguien pueda leer el blog de Yoani Sánchez que facilitar la transformación exitosa de Cuba en una sociedad de la información.

Se quiere controlar el presente y futuro con la lógica del pasado cuando una nueva época se nos viene encima.